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Feminicidio de Cecilia Monzón evidencia impunidad y violencia contra defensoras

Por Berenice Chavarría Tenorio

Ciudad de México.- Asesinar a mujeres defensoras es un “atentado contra la sociedad” y pone en evidencia que el sistema de justicia está colapsado y corrompido en México, señaló María Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​ (Cladem). Por ello, la abogada feminista instó al gobierno federal a esclarecer el feminicidio de la activista y litigante Cecilia Monzón Pérez, asesinada en Puebla el 21 de mayo.

En entrevista con Cimacnoticias, María Guadalupe Ramos Ponce señaló que el asesinato de Cecilia Monzón debe investigarse a fondo y con perspectiva de género, ya que tiene una connotación distinta al caso de los hombres defensores.

Cecilia Monzón era una abogada y activista en favor de los derechos de las mujeres en Puebla. El pasado 21 de mayo fue interceptada por un grupo de hombres mientras viajaba en su vehículo por Camino Real, a la altura del Periférico Ecológico, en San Pedro Cholula; los agresores le dispararon directamente, lo que ocasionó su muerte inmediata.

La activista y litigante había denunciado previamente ser víctima de violencia política en razón de género por parte del entonces presidente municipal de San Pedro Cholula, Juan José Espinosa Torres, cuando ella estaba al frente de la dirección de Desarrollo Social. Además, acusó por el mismo delito al diputado local priista, Jorge Estefan Chidiac; y al precandidato de Movimiento Ciudadano, Manlio López Contreras, de quien incluso recibió amenazas de muerte.

El feminicidio de Cecilia Monzón desató indignación en todo el país, lo que motivó una serie de protestas en Puebla y diversos reclamos a través de redes sociales, desde donde miles exigieron justicia. Al respecto, Ramos Ponce resaltó que estos crímenes buscan generar una cultura del miedo entre las mujeres que trabajan por otras mujeres; sin embargo, instó a no permitir que esta realidad “cale en la vida de las personas”, ya que el acompañamiento es necesario, ahora más que nunca.

“No existe política pública de prevención de violencia, porque las normas que hay son pequeñas acciones. No hay vinculación entre los tres órdenes de gobierno, tampoco recursos para la atención de la violencia contra defensoras. Este caso revela una realidad grave y desafortunada para las defensoras de Derechos Humanos (DD. HH.)”, destacó Guadalupe Ramos; también llamó a no naturalizar este tipo de violencia y dejar de dar cifras vacías, pues el asesinato de una sola compañera debe ser motivo de alerta para las autoridades.

Finalmente, la integrante de Cladem exigió dimensionar el problema de violencia. Además, demandó frenar la deslegitimación y criminalización de las labores que realizan las defensoras en todo el país, quienes sin recursos materiales y económicos llevan a cabo el trabajo ignorado por las autoridades. 

CIMACFoto

Necesario un mecanismo efectivo para detener la violencia contra defensoras de DD. HH.

La Secretaría de Gobernación (Segob) destaca que, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, se ha registrado el asesinato de 94 personas defensoras: 23 eran mujeres. En cuanto al acceso a la justicia, 99 por ciento de los casos continúan en la impunidad y solo se cuenta con dos sentencias condenatorias por estos homicidios.

Al respecto, la organización Amnistía Internacional (AI) enfatiza que aunque México posee una ley y un mecanismo para la protección de personas defensoras y periodistas desde 2012, este ha resultado insuficiente. Las campañas de difamación y criminalización por parte de servidores públicos, la falta de medidas firmes para atender las causas estructurales de la violencia, y la falta de investigación y sanción a los responsables solo contribuyen a reforzar un entorno hostil para la defensa de los Derechos Humanos.

Por ello, AI insta al gobierno federal a no depender del mecanismo como única respuesta para la protección de personas defensoras y recomienda incorporar una perspectiva integral con enfoque diferenciado que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada persona, incluidas las de las mujeres defensoras en particular.

Si no se pone fin a la violencia contra las personas defensoras, “se daña profundamente a la sociedad”; si los delitos no son investigados y sancionados de manera adecuada, los ataques continuarán, sentenció la organización.

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