Inicio Agenda Prohíben a agresores y deudores alimentarios ocupar puestos públicos en Yucatán

Prohíben a agresores y deudores alimentarios ocupar puestos públicos en Yucatán

Por Diana Hernández Gómez

Ciudad de México.- Este 31 de mayo, Yucatán hizo historia al convertirse en el primer estado de México en aprobar la iniciativa de Reforma “3 de 3”. Con ella, se cierra el paso a todo hombre que pretenda trabajar como funcionario u ocupar algún cargo de elección popular y que sea deudor alimentario o tenga antecedentes penales por agresión o violación.

La reforma constitucional se aprobó sin que hubiera oposición al respecto. Durante la discusión, las diputadas Carmen González Martín e Ingrid Santos Díaz del Partido Acción Nacional (PAN), Fabiola Loeza Novelo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Vida Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano (MC) y Rubí Be Chan del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expusieron sus puntos de vista y argumentos sobre el tema.

Las funcionarias destacaron la importancia de que las leyes de derechos humanos y transparencia, así como las leyes electorales y el Código de Administración Pública, exijan que ningún aspirante a candidato o servidor público tenga antecedentes por cualquier tipo de violencia de género.

Cuando se hizo la propuesta, las activistas detrás de ella –como Ligia Vera Gamboa– pidieron que estas restricciones se aplicaran para cualquier hombre denunciado como agresor o deudor alimentario. No obstante, al final quedaron restringidas para quienes ya han recibido condenas por violencia de género o para quienes ya aparecen en el registro nacional de deudores.

Proponen iniciativas similares en el resto del país

Esta iniciativa enfocada en hacer justicia para las mujeres víctimas de violencia se está impulsando a nivel nacional de la mano de la doctora en Derecho, Patricia Olamendi, su principal promotora. Sin embargo, se están trabajando otras propuestas similares aunque con efectos distintos. 

En la Ciudad de México, por ejemplo, se pretende impulsar la Ley Sabina, con ella se clasificaría la deuda alimentaria como una forma de violencia hacia la mujer. También se busca generar mecanismos para conocer realmente los ingresos de los deudores y tipificar el abandono de la pareja durante el embarazo, entre otras medidas.

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