Oaxaca de Juárez, Oax.- Luvia Altamirano Raymundo primero perdió a su hijo, ahora teme perder la vida en medio de la batalla legal por recuperar la guardia y custodia
“Temo por mi vida, mi cabeza tiene precio, quizá no sea por 4 mil pesos, quizá hasta menos porque a él le deben muchos favores”, expresó Luvia al señalar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a cargo de Arturo Peimbert Calvo le retiró las medidas de seguridad, pese al riesgo por haber denunciado a su ex pareja, el juez segundo de Distrito, Fidel Gallegos Figueroa.
“Tengo dos meses que no veo a mi hijo, pero llevo prácticamente un año sin él, me la fueron haciendo gradual. Yo no he cometido ningún delito (porque es lo primero que dice). No he hecho nada, mi gran pecado fue denunciar la violencia que sufrí, mi violentador es un juez federal. Se mueven muchos intereses, se mueve mucho dinero; hay mucha gente poderosa detrás”, indicó la mujer.
Para dimensionar el poder de Gallegos Figueroa, Luvia Altamirano señaló que el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Mateos Benítez, así como el senador José Narro fueron denunciados por haberse pronunciado públicamente respecto al caso.
“Tal es el poder que tiene Fidel Gallegos que se atrevió a callar al senador Narro. Ahora imagina el miedo que tengo: la Fiscalía del estado me quitó las medidas de seguridad. Ya busqué a Peimbert para pedir medidas de protección, me dijo que sí, pero hasta la fecha me dice que no me puede recibir. Si me matan, también es un favor para el Estado”, denunció Luvia.
El pasado fin de semana, Ana Laura Carrasco Ayala e Ileana Acevedo Brena −también víctimas de violencia de género− y Luvia Altamirano se manifestaron en la Fuente de las Ocho Regiones localizada en Oaxaca de Juárez para exigir un alto al feminicidio pues, en lo que va del año, 63 mujeres, adolescentes y niñas han sido asesinadas.
No podemos permanecer indiferentes porque callarnos es ser cómplices de la violencia contra las mujeres.
Ileana Acevedo Brena, quien es representante estatal del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, resaltó que las madres de familia que están luchando por recuperar la guarda y custodia de sus hijos, quienes están demandando la pensión alimenticia o el reconocimiento de paternidad, enfrentan un alto riesgo de ser víctimas de feminicidio por parte de sus ex parejas.
“Es terrible ver cómo las autoridades no hacen nada y protegen a los agresores. Nosotras tenemos miedo, pero aun así exigimos justicia”, acusó Ileana Acevedo, quien lleva cinco años de litigio en los juzgados familiares.
De su lado, Ana Laura Carrasco Ayala denunció que desde hace cuatro sexenios ha sido víctima de violencia institucional: “He vivido persecución política, familiar, institucional sin precedentes. No he conocido otra mujer que haya vivido lo que yo. En 2017 inicié una lucha tremenda sin descanso a raíz del juicio de reconocimiento de paternidad de mi hija, Andrea Miranda, en contra de Javier Villacaña. Estoy impresionada de la cantidad de funcionarios que se coludieron en todo el proceso de corrupción en nuestro caso”.
