Solicitud emitida por Fidel Gallegos Figueroa.
Nota a la que se hace referencia: publicada el 21 de junio de 2022, firmada por Citlali López Velázquez, con el título: «Temo por mi vida, mi cabeza tiene precio: Luvia Altamirano, sobreviviente de violencia vicaria».
Enlace de la nota referida: https://cimacnoticias.com.mx/2022/06/22/temo-por-mi-vida-mi-cabeza-tiene-precio-luvia-sobreviviente-de-violencia-vicaria
En solicitud del derecho de réplica, Fidel Gallegos Figueroa pide que se difunda el texto siguiente:
«Es falsa la información difundida, mi ex cónyuge ha ejercido la libertad de expresión para violentar a un menor, pues emplea los medios de comunicación como agente de presión en un proceso judicial entre particulares, con frontal violación a la protección de datos personales y a los derechos de la infancia protegidos nacional e internacionalmente.
Lo mismo hicieron el Senador José Narro Céspedes y el diputado César Mateos Benítez, quienes entregaron a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupo, políticos y económicos; ya que a pesar de haberles puesto de su conocimiento la verdad de los hechos con referencia de pruebas; los mencionados legisladores violentaron la ley y los derechos de un niño; todo para proteger los delitos de mi ex cónyuge, quien cabe decir, para poder conciliar este conflicto me exige más de cinco millones de pesos.
Es falso que tenga tanto poder para callar al Senador Narro y al Diputado César Mateos; lo cierto es que ambos legisladores violaron los derechos de un niño y la Justicia Federal protege al menor.
Nótese que tanto el Senador Narro y el Diputado César Mateos se sumaron al tráfico de influencias que utiliza mi ex cónyuge, ahijada de una magistrada ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien emplea las redes sociales para difamarme; apoyada también por un colectivo feminista que de ninguna manera busca la protección de los derechos de la infancia, sino sus fines políticos y económicos que mi ex cónyuge les ha prometido; pues no les basta los recursos económicos que obtienen de una institución estatal.
Qué colectivo de defensa de derechos humanos se puede jactar como tal cuando violenta los derechos de un menor de edad, cuando por exclusivos fines políticos y económicos defiende a la violentadora de un niño, a quien no es casualidad apoyan para obtener más de cinco millones de pesos, tan solo para iniciar un convenio.
En este proceso judicial una de las partes está litigando el bienestar de un infante, que va a ser para toda la vida.
Mientras la otra parte está litigando pretensiones económicas materialmente imposibles de satisfacer.
Qué madre verdaderamente preocupada par su hijo lo expondría a la crítica pública, al señalamiento social; pues aunque sea difícil de creer, aquí la madre ha violentado a su hijo tanto física como psicoemocionalmente.
Yo, por mi parte, lo único que quiero es el bienestar integral y la felicidad plena de mi hijo.
Mi causa no es en contra de las mujeres. Mi causa no es en contra de nadie. Mi causa es a favor de mi hijo.
Me despido con las palabras que el Ministro Presidente dijo en su conferencia de prensa del 20 de abril pasado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
‘Yo respeto y siempre respetaré el derecho de todas las personas, y particularmente de los medios, de hacer ejercicio de su libertad de expresión, aunque el ejercicio sea abusivo, excesivo, insidioso y falso. Pero que yo respete ese derecho no implica que no tenga una responsabilidad institucional de aclarar cómo son las cosas’”.
