Muchas investigaciones han señalado cómo los contextos de militarización incrementan la violencia estructural que viven las mujeres, sus cuerpos se vuelven territorio de guerra y control. Tan solo basta recordar casos emblemáticos como el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas y torturadas por militares en Guerrero; o el de Ernestina Asencio, mujer indígena de 73 años que fue torturada sexualmente por militares en Veracruz; o el de 14 trabajadoras sexuales torturadas física y psicológicamente, y violadas reiteradamente por un grupo de militares en Castaños, Coahuila.
La justificación que han usado los gobiernos para militarizar al país casi siempre tiene que ver con legitimar su administración o la violencia existente.
En México, a partir de junio de 2019, la militarización se extendió a la gestión migratoria y hoy tenemos a más de 27 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en labores de control y revisiones migratorias por todo el país, generando escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) hemos documentado y evidenciado cómo la violencia de género es transversal a la experiencia migratoria de las mujeres; es una de las causas por las que salen de sus países de origen, las acecha en su camino, las recibe en los países de destino y en su retorno a su lugar de origen, sin que los Estados de origen, tránsito y destino generen acciones efectivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Aunque la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con legislación nacional contra la violencia hacia las mujeres y han firmado convenciones internacionales, la aplicación de esos marcos jurídicos es casi nula. A esa violencia se suma la discriminación y exclusión estructurales que se agravan en el contexto de la movilidad.
La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación. Esta se manifiesta de diferentes maneras y modalidades, siendo la violencia sexual y física las más “visibles”, y la violencia institucional la menos evidenciada. En la mayoría de los casos, agentes de migración, policías de diferentes niveles y elementos castrenses están involucrados. La mayoría no son denunciados y quedan en impunidad, ya sea por el desconocimiento de las mujeres migrantes de a qué instancia acudir o por el temor a ser deportadas o frenar sus procesos de regularización migratoria o de asilo.
En 2021, durante el monitoreo de las condiciones de las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias, se detectaron casos de violencia ejercida por elementos de la Guardia Nacional contra mujeres. Mientras en otra documentación se pudo registrar el caso de un grupo de mujeres –algunas hondureñas– que fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez.
Al momento de su detención, las autoridades les exigieron desnudarse y las agredieron sexualmente: “Nos desnudaron, nos metieron los dedos por la vagina y a otras, el cañón de su arma”. Después de las agresiones fueron llevadas con los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes las llevaron detenidas a la estación migratoria de Janos. A ninguna se le explicó que podía denunciar ni tuvo asistencia médica y psicológica. Para ese momento, lo único que estas mujeres deseaban era ser deportadas a sus países.
Para las mujeres migrantes afrodescendientes el escenario es aún más complejo. “La policía y los militares nos tratan como basura, tenemos que cuidarnos, siempre tenemos que volver a casa o el campamento con la luz del día, caminamos por avenidas grandes, nunca por calles pequeñas, porque podríamos ser atacadas. Nos tratan como si fuéramos prostitutas”, se puede leer en el informe Bajo la bota que narra las consecuencias de la militarización en la migración.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres ha expresado su preocupación por las consecuencias para las mujeres y niñas ante el despliegue del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública en México.
De acuerdo con el informe La militarización: afectando desproporcionalmente a las mujeres en México (2021) de la organización México Unido Contra la Delincuencia, las principales agresiones que ejercen las fuerzas armadas hacia las mujeres en el país son: 13.7 por ciento, manoseos, tocamientos o levantones de ropa; 19.7 por ciento, patadas, golpes, pellizcos y empujones; 18 por ciento, vigilancia y seguimiento; y 4 por ciento, violación o intento de violación.
Estas mismas agresiones son vividas por las mujeres migrantes donde las barreras lingüísticas, la pertenencia a grupos racializados sistemáticamente y ser sobrevivientes de abusos y traumas coadyuvan y facilitan que elementos militares cometan actos violentos y de intimidación para lograr el silencio de las víctimas.
Militarizar las calles como política de miedo no solo significa incrementar los abusos contra las mujeres, sino también las detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones físicas, torturas y violencia sexual donde la impunidad se convierte en la mancuerna perfecta. En la mayoría de los casos de agresiones a mujeres migrantes no existe acceso a la justicia, por el contrario: la impunidad y la misoginia institucional se vuelven parte de las agresiones.
La militarización es, sin duda, la expresión extrema en que un Estado se legitima y ejerce el poder.
