Ciudad de México.- Este viernes 8 de julio de 2022, el régimen de Daniel Ortega ocupó con la policía nacional las instalaciones del programa feminista La Corriente, en Bolonia, zona central de Managua, a un mes de haber ilegalizado a esta organización defensora de los derechos de las mujeres, juventudes y la diversidad sexual.
María Teresa Blandón, directora de La Corriente, dijo que era un abuso del régimen quitarles las instalaciones, violentando todas las leyes como parte de la represión que se vive en el país.
“Es un acto ilegal del régimen en contra de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo La Corriente”, afirmó Blandón.
Con esto, el régimen quiere obligar a la ciudadanía a escuchar un solo discurso y evitar que la gente se organice, que no haga demandas ciudadanas, expuso la defensora feminista. Sin embargo,“La Corriente no va a dejar de trabajar por los derechos de las mujeres, personas jóvenes y la diversidad sexual, el desafío será continuar nuestra labor a pesar de esta situación tan adversa”, enfatizó Blandón.
La Corriente tiene 28 años de existencia y trabaja en la prevención de la violencia machista, y en la promoción y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
“Hemos contribuido a crear nuevas formas de participación, especialmente de personas jóvenes. Hemos hecho trabajo de investigación, formación y campañas de sensibilización y construcción de redes para la defensa de estos derechos”, aseveró la activista.
Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega, luego de controlar las protestas ciudadanas, ha acusado a las organizaciones de la sociedad civil y a algunos sacerdotes de la iglesia católica de apoyar lo que el gobierno considera «el fallido golpe de Estado». Desde entonces, ha implementado una serie de medidas como el cierre de organizaciones y la expulsión de personas extranjeras que colaboran con algunas de ellas.
Hasta el 30 de junio de este año, la administración de Daniel Ortega había cerrado al menos 770 organizaciones no gubernamentales, de las cuales más de 30 trabajaban por los derechos de las mujeres, según denuncia del Colectivo de Derechos Humanos «Nicaragua Nunca +«.
A finales del año 2020, el gobierno aprobó tres nuevas leyes consideradas por los organismos de derechos humanos como represivas, con las cuales ha encarcelado a las y los opositores, incluyendo a defensoras de derechos humanos; también ha ilegalizado a las organizaciones sociales.
Una de las leyes aprobadas fue la Ley de Agentes Extranjeros, con la que se obliga a las organizaciones civiles a inscribirse formalmente, poniendo muchas trabas para no legalizarlas, denunció María Teresa Blandón. Este fue el caso de La Corriente, que decidió no inscribirse como agente extrajera porque es una organización nacional, por lo cual resultaba contradictoria la exigencia.
Es por eso que, mediante una denuncia pública, La Corriente expresó: “A todas luces, la cancelación de nuestra personería jurídica y la toma de nuestras instalaciones es un acto ilegal que atenta contra la libertad de asociación contenida en la Constitución Política de Nicaragua”.
