Ciudad de México.- Ante las propuestas del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y las senadoras Olga Sánchez Cordero Dávila y Gabriela López Gómez, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) aseguró que para erradicar la violencia feminicida no es prioritario emitir un ordenamiento general que unifique el tipo penal de feminicidio. Lo que sí es urgente –expresó la articulación ciudadana– es un replanteamiento de los objetivos y las necesidades en los ámbitos de procuración y administración de justicia.
El debate surgió luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dio a conocer el proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio el pasado 6 de julio. Días después, Sánchez Cordero Dávila y López Gómez hicieron lo propio al presentar una iniciativa con proyecto de decreto con la cual buscan reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de feminicidio.
Ambos proyectos tienen por objetivo homologar el delito a nivel nacional, tal como lo recomendó en 2021 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingés); sin embargo, para la sociedad civil los dos documentos presentan deficiencias.
Razones de género: poco analizadas en iniciativa y proyecto
El OCNF reconoció que el tipo penal se regula de forma más adecuada en la propuesta de Olga Sánchez Cordero Dávila y Gabriela López Gómez. Sin embargo, el Observatorio también resaltó que varias de las razones de género contempladas en dicha iniciativa incluyen términos subjetivos como “misoginia”, “desprecio”, “odio”, “mediante engaños”, “motivos de homofobia”.
“Dichos términos complican la acreditación del delito, por lo que debe replantearse la manera en que se formulan en el tipo penal, de tal forma que se incluyan bajo el reconocimiento de elementos objetivos o normativos jurídicos. Además, hay razones de género que se regulan de mejor manera o con más elementos objetivos en algunos estados del país, por lo que se debieron tomar en cuenta para la elaboración del tipo propuesto”, aseveró el OCNF.
Por otra parte, la organización explicó que el proyecto presentado por Arturo Zaldívar en materia de feminicidio “es deficiente en varios aspectos”, esto debido a que no se consideraron los procesos legislativos ya existentes, la experiencia de la sociedad civil ni las necesidades específicas de los distintos contextos de violencia.
Además, la redacción del tipo penal y sus agravantes es inadecuada e invisibiliza el avance que se ha logrado en el reconocimiento de los diversos contextos feminicidas en las legislaciones vigentes.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio también señaló que en su propuesta, el ministro presidente de la SCJN busca reducir la pena a quienes incurran en dicho delito. En este aspecto, el Código Penal de la Ciudad de México contempla una pena máxima de 70 años, mientras que el proyecto propone una de 60 años.
También se criticó que el apartado de investigación del feminicidio “se realizó sin tomar en cuenta los avances que ya existen y se reconocen en diversos protocolos de investigación del mismo delito en varias entidades federativas”.
Para terminar con la impunidad, evitar priorizar más marcos legales
Tras un minucioso análisis de las propuestas, el OCNF concluyó que para terminar con la impunidad en los casos de violencia feminicida no es urgente emitir un ordenamiento general que unifique al tipo penal del feminicidio.
Se remarcó que la urgencia debe otorgarse a concretar investigaciones adecuadas, con debida diligencia y perspectiva de género; fiscalías con personal capacitado y suficiente para realizar dichas investigaciones; infraestructura y personal forense también capacitado, además de otros factores cuya falta o deficiencia perpetúan la impunidad.
“Reconocemos el esfuerzo de estos proyectos e iniciativas, aunque también hacemos un llamado a las autoridades a que se haga un replanteamiento de los objetivos y de las necesidades reales tanto en el ámbito legislativo, como en el de procuración y administración de justicia, para erradicar de manera efectiva a la violencia feminicida y terminar verdaderamente con la impunidad en los casos de feminicidio, y plantear elementos para la prevención del delito, en el que sean escuchadas las víctimas y las propias organizaciones de la sociedad civil”, sentenció el OCNF.
