Ciudad de México.- Este año, las mujeres mexicanas han visto limitados sus derechos maternos, sexuales y reproductivos luego de que se registró un gasto inferior al asignado para el segundo trimestre del 2022 en el programa enfocado a estas áreas. Con el dinero no invertido, se pudieron haber colocado al menos 473 mil dispositivos intrauterinos.
La organización de incidencia pública por los derechos de las mujeres, Simetría México, documentó que el programa de salud materna, sexual y reproductiva gastó 38 por ciento por debajo de su meta; esto se traduce en 473 millones de pesos que no se utilizaron y podrían traer consigo repercusiones negativas en los servicios estatales de salud que terminarían por afectar a las usuarias y pacientes.
A esto se suma que el pasado mes de julio el Comité Nacional Feminista por la Salud Sexual y Reproductiva, junto con más de 150 organizaciones, colectivas y activistas, acusaron al Gobierno de México por reducir el presupuesto en materia de salud.
Por medio de una carta abierta dirigida al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el Comité Nacional Feminista por la Salud Sexual y Reproductiva aseguró que las reducciones presupuestales “no coinciden con el compromiso de instalar en México un sistema de salud pública de primer mundo”.
En cuanto a las reducciones registradas, el Comité detectó las siguientes:
- Salud materna y perinatal: 65 por ciento
- Aborto seguro: 7 por ciento
- Violencia de género y sexual: 67 por ciento
- Salud sexual y reproductiva para adolescentes: 59 por ciento
- Planificación familiar y anticoncepción: 64 por ciento
- Cáncer de la mujer: 52 por ciento
Con el panorama anterior, el Gobierno mexicano estaría incumpliendo con lo sugerido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su recomendación general 24, en la que se afirma que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico.
“Es deber de los Estados Partes asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, la información y la educación, entraña la obligación de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica y velar por su ejercicio. Los Estados Partes han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligaciones en su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas. También deben establecer un sistema que garantice la eficacia de las medidas judiciales. El hecho de no hacerlo constituirá una violación del artículo 12”, destaca CEDAW.
Por ello, se exige que los gobiernos adopten medidas adecuadas de “carácter legislativo, judicial, administrativo, presupuestario, económico y de otra índole en el mayor grado que lo permitan los recursos disponibles para que la mujer pueda disfrutar de sus derechos a la atención médica”.
