Monterrey, N. L.- En una acción que atenta contra lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, busca dar un embate a los derechos reproductivos de las mujeres al exhortar a diputadas y diputados a proteger “la vida humana desde la concepción” en la Constitución estatal.
En entrevista con Telediario Monterrey el pasado miércoles 17 de agosto, García Sepúlveda recordó que dentro de sus objetivos de gobierno se encuentra modificar la máxima ley neolonesa. En sus intereses para adicionar y reformar se incluye la “protección a la vida desde la concepción”, lo que de fondo implicaría un obstáculo para que las mujeres accedan a la interrupción del embarazo cuando así lo deseen.
“Yo soy un convencido del derecho a la vida y por eso creo que nuestra Constitución debe de tener temas que nos unan, no que nos hagan disentir (…) La Suprema Corte resolvió en mayo quitar el párrafo, eso no impide que los diputados lo vuelvan a poner”, aseguró el gobernador.
En mayo pasado, la SCJN invalidó la porción normativa del artículo primero, párrafo segundo de la Constitución política estatal que establecía la tutela del derecho a la vida en los términos siguientes: “Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”.
En ese sentido, el pleno destacó que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde únicamente a la Constitución de la República mexicana.
Así, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas sobre el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres.
“De acuerdo con precedentes, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y, en particular, el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos”, consideró el máximo tribunal del país.
Por ello, la SCJN instó al Gobierno de Nuevo León a proteger efectivamente los derechos de las mujeres, por ejemplo, al atender la continuidad de los embarazos deseados; asegurar atención prenatal a todas las personas bajo su jurisdicción, proveer partos saludables y combatir la mortalidad materna, entre otras acciones.
Pese a lo anterior, Samuel García argumenta estar a favor de la protección a la vida y las infancias con medidas que terminarían por afectar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, aun cuando su gobierno ha sido escenario de diversas acciones que atentan contra los derechos de las y los niños.
Tanto el funcionario como la influencer y empresaria Mariana Rodríguez Cantú han sido exhibidos en distintas ocasiones por su forma de convivencia con uno de los niños albergados en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Módulo “Capullos”, a quien llevaron a su domicilio sin permiso, fotografiaron y compartieron su rostro en redes sociales. Así, violentaron sus derechos a la privacidad y protección de datos.
Urgente crear políticas públicas que vigilen derechos sexuales y reproductivos
Nuevo León es un estado donde el aborto es sancionado con seis meses a un año de prisión; sin embargo, la entidad también ocupa los primeros lugares al hablar de mortalidad materna, de acuerdo con información del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMMM).
Además, dentro de las razones de ingresos hospitalarios por causa materna, la organización por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres Ipas México señala que Nuevo León registra en su mayoría casos por partos espontáneos, abortos, enfermedades hipertensivas y otras causas obstétricas indirectas.
En ese sentido, la entidad demuestra que incumple con normativas internacionales para proteger los derechos reproductivos de las mujeres, tal es el caso de la recomendación general 24 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en donde se resalta que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico.
Lo estipulado por la CEDAW que exige que se garantice el cumplimiento de dicha obligación en la legislación, medidas ejecutivas y políticas públicas de los Estados.
Ante esto, resulta preocupante que lejos de procurar políticas públicas en favor de la interrupción legal del embarazo y la maternidad, Samuel García dirija sus esfuerzos en restar derechos a las mujeres al ir contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
