Coahuila.- Tras el derrumbe ocurrido en un pozo de carbón de la mina ‘El Pinabete’ en Coahuila, el gobierno de México entregó indemnizaciones a ocho de las 10 esposas de los carboneros accidentados, lo anterior debido a que un juez deberá acreditar la situación de concubinato. Sin embargo, es importante recordar que en este tipo de tragedias, las autoridades no han actuado como deberían.
Las viudas de Coahuila firmaron un acuerdo en el que aprobaron recibir una indemnización por 4.7 millones de pesos (cada una de ellas), además autorizaron la búsqueda a cielo abierto de los mineros que aún continúan atrapados, finalmente acordaron la colocación de un memorial en el sitio del desastre.
Sin embargo, únicamente a ocho de ellas se les ha entregado la indemnización debido a que faltan por solucionarse dos juicios familiares iniciados por las concubinas de dos mineros, según la última actualización del caso dada a conocer el pasado 10 de septiembre. El abogado de las mujeres, Miguel Tinajero Martínez, detalló que por medio de una sentencia judicial se dictaminará si se entrega a ellas la indemnización o a las otras reclamantes (una esposa y una madre).
Martha Huerta, viuda de Sergio Gabriel Cruz, había adelantado que junto a otras mujeres buscaría justicia para los mineros. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el proceso que seguirán.
“Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a empezar a poner la denuncia correspondiente”, expresó en agosto la mujer a Milenio.
Recordemos que son ellas quienes se mantienen al frente de las exigencias contra un gobierno que poco a poco las olvida. Tal como ocurre con las mujeres que perdieron a sus parejas tras la explosión en la mina Pasta de Conchos, hace 16 años.
Fue la madrugada del 19 de febrero de 2006 cuando se registró el incidente en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila, el cual cobró la vida de 65 mineros.
En el lugar, donde ya habían habido reportes por fallas de seguridad desde el año 2000, continúan atrapados los cuerpos de 63 mineros, pues el rescate se detuvo ante supuestos riesgos para las personas encargadas de recuperar los cuerpos. Sin embargo, para las familias la razón de esta suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos, se evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina y esto acarrearía sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa Grupo México, responsable de la mina.
Durante este tiempo las viudas no han dejado de exigir justicia por los mineros, incluso una de ellas, Elvira Martínez Espinoza -viuda de Jorge Bladimir Muñoz- acusó que con el reciente incidente en la mina ‘El Pinabete’, se repite la historia de lo ocurrido en Pasta de Conchos.
«Cada día día que pasa y oigo las cosas que están haciendo en el pozo El Pinabete, vuelvo a ver Pasta de Conchos pero de una forma más acelerada, no tengan miedo, alcen la voz, peleen por sus mineros, que no los dejen sepultados como en la mina 8”, expresó la mujer en entrevista con El Sol de la Laguna.
Cabe recordar que el caso Pasta de Conchos fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), obteniendo respuesta en 2018, cuando el organismo señaló que no se habían determinado las causas de la explosión, tampoco la presunta responsabilidad de servidores públicos y que, al tratarse de un delito perseguible de oficio, era el Estado quien tenía el deber de impulsar el proceso.
“En mayo de 2018, las familias peticionarias señalaron que, para llegar a un acuerdo de ‘solución amistosa’ para el litigio internacional, el rescate de los cuerpos era una condición previa necesaria”, explicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh).
Por ello, en 2019 el Gobierno federal se comprometió con las familias a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para delinear la ruta del rescate de los cuerpos de los mineros. Sin embargo, autoridades adelantaron que el rescate podría llevar cuatro años, por lo que hasta ahora continúan sin justicia.
“La minería de carbón continúa poniendo en riesgo a los trabajadores mineros y no garantiza condiciones que aseguren la no repetición de los hechos”, CentroProdh
