Con más de tres años de retraso, finalmente este 29 de mayo comienza a operar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), “herramienta que bien usada podría contribuir a revertir la crisis de más de 110 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar”, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La organización destacó que, pese a las múltiples evasivas de la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso de los recursos que promovieron contra el amparo ganado por Olimpia Montoya (quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato), “finalmente las autoridades reconocen su obligación de poner en operación el Banco”.
“El anuncio de la FGR sobre la creación del Banco ha sido gracias al impulso de las familias de personas desaparecidas en México, quienes han mantenido la digna demanda de que se cumpla la Ley y se les reconozcan sus derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia”.
Ante este retraso y las diversas omisiones en que se incurrió previo a la creación del Banco, familiares, colectivos y organizaciones “continuarán con la exigencia de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) supervise que efectivamente se encuentra funcionando esta herramienta”.
“Las familias y organizaciones acompañantes reconocemos que aún falta mucho por hacer, por lo que es necesario mantenerse vigilantes de que el Banco funcione, que se dediquen todos los esfuerzos para revertir la crisis forense y que la FGR cumpla con la demanda: Identificación ya”, sentenció el Centro Prodh.
La FGR había incumplido su obligación de crear y poner en operación esta herramienta de identificación, pese a que desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGD), impulsada y promovida por las familias de personas desaparecidas, estipula claramente que operar el Banco es una obligación a cargo de la Fiscalía.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Banco Nacional de Datos Forenses, el cual contempla la integración y por ende operación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.
Además, se integrará por la interconexión gradual de las bases, registros y sistemas siguientes: Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas; Registro Forense Federal; Base Nacional de Información Genética; Registro Nacional de Detenciones; Registro Nacional del Delito de Tortura; Registros de Antecedentes Criminales; Sistema Nacional de Información Nominal (SININ); Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS); Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS); Alerta Amber; Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y 2las demás bases de datos, registros o sistemas que tengan información forense y genética relevante para la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o No Localizada”.
Tardía implementación del BNDF
Ante la inacción de las autoridades para investigar y resolver la crisis de desaparición y forense en México, Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, acompañada por el Centro Prodh, presentó la demanda de amparo el 30 de agosto de 2021.
En el fallo, el juzgado se pronunció a favor de Olimpia, e indicó que “no es ajeno al profundo dolor que provoca la desaparición” y reconoció la forma en la que las familias se ven obligadas a realizar una búsqueda por sí mismas y la existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos.
En ese momento, la sentencia de amparo reiteró la existencia del derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas y, en su caso, identificadas y establece que la omisión de la FGR genera una afectación directa para Olimpia como familiar al demostrarse durante el juicio la inexistencia del BNDF, y consideró que la falta de implementación “limita injustificadamente la búsqueda” de su hermano y de todas las personas desaparecidas en el país. Por lo que se dictó la creación inmediata del Banco de Datos.
La FGR impugnó dicha sentencia de amparo. Sin embargo, el pasado mes de abril, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la Fiscalía General de la República debía crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses.
“Tras analizar los argumentos de la Fiscalía, el Tribunal Colegiado los consideró infundados y concluyó que: el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas son herramientas que constituyen auténticas formas de garantizar los derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia”, apuntó el Centro Prodh.
