Ciudad de México.- Las recientes modificaciones aprobadas por el Senado de la República que encaminan a la militarización del país no benefician a la paz: así lo han acusado diversas organizaciones entre ellas Equis Justicia, quienes destacaron que la evidencia revela que el Ejército tiene una ingerencia directa en la alta cifra de violaciones a derechos humanos registrada en México.
La organización dedicada a contribuir al ejercicio de los derechos humanos para alcanzar la justicia social, acusó que se ha demostrado el papel del ejército en la comisión de violaciones graves a derechos humanos contra diversos grupos. Entre ellas mujeres, niñas, migrantes, pueblos y comunidades indígenas.
Contrario a lo que afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha cobijado al Ejército en diversas ocasiones:
“Les tenemos confianza a los integrantes de las fuerzas armadas, porque prevalece ahora una concepción distinta acerca del respeto absoluto a los derechos humanos”.
Sin embargo, Equis Justicia señaló que la estructura de las fuerzas armadas fomenta la impunidad y opacidad respecto a las violaciones a la integridad de las personas, perpetradas por sus mismos elementos.
En ese sentido, se recalcó que la llegada de militares a las comunidades ha restringido el libre tránsito de mujeres y niñas, exponiéndolas a ser víctimas de violencia sexual.
Sumado a lo anterior, la organización acusó que el personal militar “no posee conocimientos ni habilidades para ser primeros respondientes en los casos de violencia y menos en casos que involucren a grupos históricamente discriminados, como los mencionados anteriormente”.
En conclusión, señalan, no hay evidencia que muestre que la presencia del Ejército en las calles contribuirá a la paz.
Lo anterior se da luego de que la madrugada del 9 de septiembre y a más de 12 horas de discusión, el Senado de la República votó a favor del dictamen que desvincula la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que ahora sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual significa una profundización a la militarización en el país y terminar con el carácter civil con el que dicha institución contaba en la Constitución.
Además, el 4 de octubre, el Senado también aprobó una reforma para extender la presencia de las fuerzas armadas en la seguridad pública de México hasta el 2028.
Con este panorama es importante recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha recibido más de seis mil denuncias de abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas mexicanas desde el final de 2006, de acuerdo con la organización Amnistía Internacional (AI), las cuales continúan en la impunidad.
Lo anterior aún cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido una serie de resoluciones contra México exigiendo que todas las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles.
Para Daira Arana, especialista en militarización y militarismo, estos procesos, además de afectar la democracia, aumentan la probabilidad de que las mujeres sean víctimas de algún tipo de delito.
“Tomando como ejemplo el que los homicidios a nivel general no han aumentado drásticamente, pero tampoco han disminuido (se han estancado) y que los feminicidios por el contrario parece que van en aumento, lo que podríamos esperar desafortunadamente es que con esta estrategia los delitos van a incrementar”, sentenció la especialista.
