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Mexicana denuncia discriminación de académica en la Universidad de Valencia

Por Diana Hernández Gómez
Fotografía: Facebook oficial de la Universidad de Valencia

Ciudad de México.- María Isabel es una joven mexicana de 33 años. En 2018, ella comenzó a estudiar en el Programa de Doctorado en sostenibilidad y paz en la Era Posglobal del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Valencia. A pesar de que ya concluyó sus estudios y su trabajo de tesis, Isabel no ha podido realizar su examen de titulación. ¿La causa? La violencia ejercida por su tutora y el trato discriminatorio por parte de la universidad.

En entrevista con Cimacnoticias, Isabel —quien ha preferido no usar su nombre completo por temor a represalias— contó que comenzó con trámites de titulación en la universidad española a finales de 2021. Afirma que dichos trámites duran entre uno y tres meses normalmente. No obstante, ella está por cumplir un año sin poder concretarlos debido a la violencia creciente que su tutora ha ejercido contra ella.

De acuerdo con la doctorante, la profesora Lucía Aparicio Chofré comenzó con tratos hostiles entre enero y febrero de 2022. Al inicio, la violencia fue velada e incluía peticiones de correcciones como cambiar modelos de citación o detalles de puntuación una y otra vez sin aparente sentido.

«Después me llamaba a las 4 de la mañana, me gritaba, me pedía cambios, descalificaba mi trabajo y me reclamaba cosas», afirma Isabel, y agrega que a raíz de esto ha desarrollado problemas psicológicos como ansiedad, ataques de pánico y trastornos de sueño diagnosticados por su terapeuta.

Para la joven, quien es maestra en Derechos Humanos, los insultos comenzaron a tomar tintes racistas cuando Aparicio Chofré empezó a usar expresiones como «es que por qué los mexicanos hablan mal». A esta violencia se sumó también el abuso de poder por parte de la tutora, quien, sin autorización de la estudiante a su cargo, hizo que se imprimieran seis ejemplares de una versión no definitiva de su tesis con un costo de 165 euros. Un costo que, ahora, Isabel está obligada a pagar si quiere continuar con el proceso de la mano de su actual asesora.

La profesora también le pidió a María Isabel que enviara estos ejemplares a sus sinodales, lo cual le pareció extraño por la política de ahorro de papel de la universidad. Gracias a compañeros suyos que están en España se enteró de que, efectivamente, este procedimiento no era necesario; pero, cuando confrontó a la tutora para decírselo, ella le reclamó por preguntar por los trámites sin consultarla antes.

Universidad de Valencia ignora quejas de la estudiante y obstaculiza su titulación

Isabel declaró que los retrasos para obtener su grado de doctora han surgido, en gran parte, por la información engañosa que le ha ofrecido la profesora Lucía Aparicio. Y es que, cuando ella ha solicitado información sobre los trámites de manera directa a la universidad, los datos que le ofrecen son completamente distintos a los proporcionados por Aparicio.

Al percatarse de eso —y tomando en cuenta los abusos previos por parte de su tutora—, la joven mexicana decidió escribir a la Escuela de Doctorado para pedir informes sobre cómo cambiar de asesora. No obstante, por temor a represalias, pidió informes desde una cuenta de correo falsa.

Una vez con la información en mano, en septiembre, Isabel solicitó el cambio de tutora a la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD). Pero, hasta el momento, su solicitud no ha sido atendida; por el contrario, la estudiante acusa que la Universidad de Valencia ha replicado los tratos discriminatorios de la profesora Lucía Aparicio Chofré.

La maestra en Derechos Humanos explicó que ella ya no tiene por qué estar en España dado que ya terminó de cursar el doctorado. En este sentido, tenía la aprobación de hacer su examen de titulación por vía remota (o telemática, como le llaman en el país europeo) por parte de la CAPD. Sin embargo, apenas la segunda semana de octubre le notificaron que su prueba será presencial y se llevará a cabo este 21 de octubre (o sea, el día de mañana).

María Isabel considera que hay un alto grado de discriminación y racismo por parte de su tutora y de la Universidad de Valencia contra su caso y el de otras compañeras más. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta / César Martínez López.
María Isabel considera que hay un alto grado de discriminación y racismo por parte de su tutora y de la Universidad de Valencia contra su caso y el de otras compañeras más. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta / César Martínez López.

Los sinodales de Isabel viven en diferentes países como México, Brasil y Estados Unidos, y ninguno de ellos puede viajar a España para la prueba. Ella tampoco puede hacerlo debido a problemas de salud que la hacen tener vértigos, mareos y desmayos constantes desde finales de 2021.

María Isabel ya expuso esta situación frente a la Escuela de Doctorado, la cual, a un día antes de su examen, no le ha dado respuesta alguna. Además, en septiembre acudió al Defensor del Pueblo Español (una institución similar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México); aquí le han respondido que el caso es sencillo y pronto tendrá solución, pero esta respuesta tampoco ha llegado.

El futuro profesional de la joven mexicana se ha visto frustrado en diversas ocasiones al tener ofertas de estancias posdoctorales y no poder aceptarlas por no contar con su título. Y, desafortunadamente, ella reconoce que su caso no es aislado.

Estudiantes de Latinoamérica son tratados «como ciudadanos de segunda clase»

Para la doctorante, detrás de todos estos actos de su tutora y de la Universidad de Valencia hay un sesgo racista y discriminatorio en contra de las y los estudiantes de América Latina. De acuerdo con María Isabel este trato desigual se observa incluso en las residencias universitarias, donde la cantidad y la calidad de los alimentos es mejor para los europeos que para los latinoamericanos.

Además, afirma, para los estudiantes del extranjero (en especial para latinos y africanos) los trámites administrativos son particularmente complicados incluso estando en Valencia, mientras que para las personas de Europa no hay gran dificultad en ordenar sus papeles y poder titularse.

«Tengo compañeras que se han salido del programa educativo por la misma situación y por la mala administración», lamenta Isabel.

La profesionista sabe que esta cuestión sistemática es un secreto a voces en esta y otras instituciones. También sabe que, si alguien alza la voz como ella lo hace, puede haber repercusiones. «Hay castigos por romper esos silencios», asevera, pero insiste en la importancia de denunciar estos hechos, sobre todo cuando suceden en una institución donde supuestamente se estudia a favor de los derechos humanos.

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