Ciudad de México.- Desde 2019, en México, la prisión preventiva oficiosa (PPO) se aplica en un amplio catálogo de delitos. A pesar de ello, de acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, la población en los diferentes penales del país aumentó un 13.4 por ciento en los últimos dos años. En enero de 2020, la cantidad de personas privadas de su libertad era de 202 mil 337; para agosto de 2022 se alcanzó la suma de 229 mil 621 personas presas.
La prisión preventiva oficiosa ya existía en México desde una reforma de 2008. En entonces, la Constitución Política establecía dos modalidades para este tipo de prisión: una dictada por el ministerio público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para proteger a las víctimas; otra que puede ser emitida por un juez por default cuando el delito fuera:
- delincuencia organizada
- homicidio doloso
- violación
- secuestro
- delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
- delitos graves en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud
En abril de 2019 se aumentaron otros delitos más a la lista como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Algunos de estos delitos son el feminicidio, el uso de programas con fines electorales, el robo de transporte de carga y los delitos en materia de hidrocarburos.
La intención de este cambio fue un tipo de medida disuasiva para evitar que más personas siguieran delinquiendo de manera impune. También, eliminar la llamada «puerta giratoria» que permite a los delincuentes entrar y salir de la cárcel rápidamente. Sin embargo, esta estrategia no está funcionando: por el contrario, la incidencia delictiva sigue creciendo.
Delitos electorales se quintuplicaron pese a la aplicación de la PPO; no son los únicos
Uno de los casos más relevantes para demostrar el fallo de la prisión preventiva oficiosa es el de los delitos electorales. Tal como muestra la investigación del IBD, en 2020, 27 personas obtuvieron prisión preventiva por un delito electoral. Para 2021, la cifra fue de 38. Esto representa un aumento del 40 por ciento.
Por otro lado, en 2020 se registraron 524 delitos electorales. Para 2021, la incidencia en este delito fue de 3 mil 444 casos. Esto habla de un aumento del 557 por ciento en los delitos en materia electoral pese a la aplicación de la PPO. Pero estos crímenes no son los únicos que han seguido aumentando.
Según los datos recopilados por el IBD, entre 2020 y 2021, los ingresos por medio de la PPO debido a abuso o violencia sexual contra menores aumentaron en un 31.6 por ciento. Por su parte, los registros en este tipo de delitos evidenciaron que la incidencia de estos delitos aumentó un 23.8 por ciento en el mismo periodo de tiempo.
De acuerdo con el análisis de la Instituto Belisario Domínguez, entre 2020 y 2021, la incidencia delictiva aumentó por lo menos en la mitad de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa de acuerdo con la Constitución Mexicana. Por lo tanto —concluye el instituto—, esta medida cautelar no se está traduciendo en una disminución de la delincuencia en México.
Pero esto no es una novedad: el estudio realizado por el Instituto muestra que algunos delitos graves como la desaparición forzada, el homicidio doloso y el secuestro siguen aumentando pese a que son meritorios de prisión preventiva oficiosa desde 2008. Esto responde a una ola de violencia que no se ha frenado desde hace varios sexenios, y las actuales reformas no han podido dar solución a esto pese a sus recientes reformas.
En opinión de expertas como la abogada Maricela Montero Andrade y de organizaciones de la sociedad civil como Equis Justicia, una de las posibles alternativas en este panorama es la eliminación de la PPO y la aplicación de esta medida cautelar sólo en casos adecuados según el el criterio de las autoridades.
Otra alternativa es probar medidas diferentes como las visitas frecuentes a los juzgados, el arresto domiciliario y la entrega de documentación personal a las autoridades para no poder viajar dentro o fuera del país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya entabló una discusión que deja ver la posible eliminación de la PPO (la cual, sin embargo, la decisión está aplazada). Por otro lado, del IBD recuerda que las reformas de 2019 a dicho tipo de prisión se evaluarán en 2024. Mientras esto sucede, los resultados preliminares expuestos aquí no son muy alentadores acerca de su funcionamiento.
