Ciudad de México.- María Elena Ríos Ortíz, saxofonista y sobreviviente de tentativa de feminicidio, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Alejandro Murat Hinojosa, gobernador del estado de Oaxaca, por violencia institucional. Además, acusó que el político no ha ofrecido la disculpa pública que recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las negligencias y omisiones persistentes en su caso.
En conferencia de prensa realizada en la plancha del Zócalo capitalino, María Elena Ríos dio a conocer la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en la que señala haber sido “víctima directamente” de Murat Hinojosa, quien ha ejercido en su contra violencia de género, económica y política.
“Me han tenido que mendigar mis tratamientos médicos, he sido víctima de campañas digitales donde aseguran que ‘María Elena quiere vivir del erario público’, pero este reclamo no es cierto. Es un derecho y está explícito en tres artículos de la Ley General de Víctimas. Quiero denunciar a Alejandro Murat por toda la violencia económica, institucional y de género”, expresó la saxofonista, quien en 2019 fue atacada con ácido.
Añadió que el gobierno de Oaxaca le ha negado los tratamientos a los que tiene derecho: “al día de hoy me deben más de 150 mil pesos, pero eso no es nada a todo el saqueo que se llevó Alejandro Murat. Actualmente sigo endeudada con mis tarjetas de crédito para poder pagarlos (los tratamientos)”.
La también defensora expresó que el gobernador pospuso la disculpa pública que forma parte de la recomendación 28/2022 emitida por la CDNH, en la que se especifica que el gobierno del estado de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado (FGE) en conjunto “deberán coordinarse para realizar un reconocimiento público de responsabilidad”.
“Aquí no solo habla María Elena Ríos, hablan todas las mujeres. Vengo por todas las oaxaqueñas. El día de hoy vengo porque estoy muy molesta, pero porque me gusta resignificar mi lucha y la de muchas mujeres en este país. Se llevaron a cabo varias reuniones y gestiones pero (el gobernador) pospuso una disculpa pública, lo mínimo que merezco, porque sí, una disculpa no me devolviera mi piel y detendrá a mis asesinos, pero la pido porque resignifica la vida de las mujeres”.
Sin embargo, a decir de Diana Cristal González Obregón, abogada de María Elena Ríos, aún no hay certeza para que la saxofonista reciba la disculpa pública por parte del gobierno.
“Male es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa. ¿Disculpa pública? ¿cuándo? El día 28 teníamos agendado, pero ahora no tenemos diálogo. Queremos saber cuándo vamos a dar seguimiento a todos los pendientes que deja Oaxaca y lo que implica la recomendación de la CNDH, hemos hecho todos los pasos legales”, aseguró González Obregón.
La representante legal destacó también la importancia de que la FGR atraiga el caso de María Elena Ríos, pues al ser una institución de trascendencia a nivel nacional, podría continuar con la labor de investigación, señala la recomendación 28/2022.
El 9 de septiembre de 2019, María Elena fue atacada con ácido en la oficina donde trabajaba. Esta agresión la ha llevado a ser intervenida quirúrgicamente –con el temor de no despertar– y también a ser víctima de difamaciones y amenazas por parte de personas cercanas a su ex pareja, el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, actualmente preso por ser considerado el presunto autor intelectual del atentado contra la joven de entonces 26 años.
En su ir y venir de Oaxaca a la Ciudad de México –donde estudia, recibe asesoramiento legal, psicológico y médico– ha viajado con el temor que supone saber en libertad a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex diputado del PRI y otro de sus agresores.
A lo largo de estos tres años, María Elena se ha convertido en víctima, sobreviviente, defensora, psicóloga y perito, asegura. Pues ha sido ella quien ha enviado pruebas sobre el paradero de su presunto agresor, también ha dado la cara en lugar de autoridades que temen verse involucradas en su caso. Mientras tanto, la familia de su victimario la da por “olvidada para la sociedad”.
