Ser periodista en México es una profesión de alto riesgo. México es uno de los países más letales para quienes se dedican a informar, sobre todo si se atreven a documentar graves casos de corrupción, violaciones de derechos humanos , desapariciones y protestas sociales que molestan a los poderosos. Solo en 2022, han sido asesinados doce periodistas, de los cuales cinco son mujeres.
Las agresiones, sin embargo, no solo conducen a la muerte. A la precariedad que padece ya una mayoría de periodistas, sobre todo en los estados, se añaden violencias que afectan su vida cotidiana, su fuente de ingresos, su tranquilidad: amenazas, hostigamiento laboral y sexual, espionaje, robo… agresiones repetidas que amedrentan, aíslan, obligan al desplazamiento forzado, al abandono de la profesión, al exilio.
La situación en el país es tan grave que la semana pasada dos medios independientes importantes difundieron información acerca de la censura que amenaza la libertad de expresión y el derecho a saber, a ser informadas. Por una parte, el director de Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, denunció una amenaza de muerte en su contra así como hostigamiento y espionaje a integrantes de su equipo este año.
Por otra parte, CIMAC, encabezada por Lucía Lagunes, presentó y publicó el informe “Palabras impunes: Estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022” que muestra que, si la condiciones para los periodistas son difíciles, el peso del machismo y el deprecio del régimen actual por las mujeres agrava la situación de las mujeres periodistas, en particular cuando se les estigmatiza desde la tribuna matutina, descalificación que reverbera en el ámbito cotidiano y en el espacio digital.
En su prólogo de este importante documento, Lydia Cacho evoca desde su exilio en Madrid el ataque dirigido contra ella en 2019, del que se libró por no estar en su casa. El exilo es solo el efecto más radical de la impunidad de la violencia que ha vivido una de las periodistas mexicanas más valientes y reconocidas. En su caso como en otros, las huellas de la violencia se manifiestan en estrés postraumático, aislamiento, precariedad y hasta críticas por no dar la imagen de “víctima” que movería a la lástima o la compasión. Las referencias de Cacho al distanciamiento de hombres colegas suyos muestra también el aislamiento en que caen quienes son estigmatizadas desde el poder.
El informe en sí despliega, con rigor y contundencia, un desolador panorama de la condición de las periodistas mexicanas en el primer trienio del gobierno actual.
Si ya los riesgos para ellas eran altos desde el inicio de la militarización “contra el narco”, se han intensificado bajo un régimen que ve en la libertad de expresión y en el derecho a la información un obstáculo para la construcción de una imagen idílica de la realidad nacional. Con datos claros, Lucía Lagunes explica, por ejemplo, cómo en sus conferencias matutinas el presidente busca acallar a los medios críticos, censurarlos – y por tanto minar nuestro derecho a saber–, sin considerar que “las palabras importan” y que la condena presidencial repercute en la imagen, el prestigio, la seguridad y la vida de quienes caen bajo su mira.
Las mujeres periodistas, en particular, han sido cuestionadas, marginadas, estigmatizadas e infantilizadas tanto en Palacio como en los estados, por cuestionar la demagogia oficial, hacer preguntas “incómodas” o defender la validez de sus investigaciones. Lejos del estereotipo machista que las arrumbaba en la sección de cultura o sociales, muchas de ellas son las principales investigadoras de asuntos de corrupción, desaparición forzada, feminicidio, despojo a comunidades, y otras dolorosas realidades. CIMAC mismo es ejemplo de cómo una perspectiva feminista de la realidad transforma lo que se considera relevante y responde a las necesidades informativas (y de denuncia en algunos casos) de la mitad de la población, a menudo ignorada en medios hegemónicos.
Estigmatizadas desde el Ejecutivo, las periodistas han sido además insultadas, hostigadas, amenazadas de violación o muerte, en el espacio cotidiano y digital por seguidores del régimen, funcionarios, criminales anónimos y hasta colegas que las consideran “problemáticas”. La amenaza a sus familias, la negación de información, el acoso sexual son algunas de las manifestaciones de violencia diferenciada que padecen, en una sociedad que, en vez de reconocer su valía, las discrimina doblemente. Con toda razón, Lagunes recalca que las palabras (sobre todo presidenciales) tienen efectos corrosivos en el discurso público y pueden sobre todo detonar violencias que rebasan lo verba (de por sí destructivo de reputaciones y peligroso como violencia psicológica y justificación de la violencia).
Dado el contexto de violencia extrema en el país y la difusión cotidiana de lo que puede considerarse “discurso peligroso” si no “discurso de odio”, no es de extrañar que hayan aumentado las solicitudes de inclusión en el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de DDHH. Tampoco sorprende que éste siga siendo ineficaz, puesto que además de deficiencias estructurales que se han señalado desde hace tiempo, no cuenta con recursos financieros ni humanos suficientes y ha sido debilitado por la política de “austeridad”.
La lectura de este riguroso informe invita a reflexionar sobre el valor del periodismo feminista y hecho por mujeres (reporteras, fotógrafas, investigadoras, columnistas y presentadoras) y a defender activamente su trabajo. La defensa del derecho a la libertad de expresión pasa por la defensa de las periodistas y medios que arriesgan su vida y tranquilidad por nuestro derecho a saber.
English version
Stigmatizing, silencing, censoring: women journalists at risk
Being a journalist in Mexico is a high-risk profession. Mexico is one of the most lethal countries for those who dedicate themselves to inform, especially if they dare to document serious cases of corruption, human rights violations, disappearances and social protests that upset the powerful. In 2022 alone, twelve journalists were murdered, five of whom are women.
The aggressions, however, do not only lead to death. In addition to the precariousness suffered by a majority of journalists, especially in the states, there is violence that affects their daily lives, their source of income, their peace of mind: threats, labor and sexual harassment, espionage, robbery… repeated aggressions that intimidate, isolate, force them into forced displacement, abandonment of the profession, exile.
The situation in the country is so serious that last week two important independent media outlets published information about the censorship that threatens freedom of expression and the right to know, to be informed. On one hand, the director of Article 19, an organization that defends freedom of expression, denounced a death threat against him as well as harassment and spying on members of his team this year.
On the other hand, CIMAC, headed by Lucía Lagunes, presented and published the report «Words of impunity: Stigmatization and violence against women journalists in Mexico 2019-2022» which shows that, if the conditions for journalists are difficult, the weight of machismo and the contempt of the current regime for women aggravates the situation of women journalists, particularly when they are stigmatized from the morning tribune, disqualification that reverberates in the daily environment and in the digital space.
In her prologue to this important document, Lydia Cacho evokes from her exile in Madrid the attack directed against her in 2019, from which she was spared because she was not at home. The exile is only the most radical effect of the impunity of the violence experienced by one of the most courageous and recognized Mexican journalists. In her case, as in others, the traces of violence are manifested in post-traumatic stress, isolation, precariousness and even criticism for not giving the image of a «victim» that would move pity or compassion. Cacho’s references to the distancing of male colleagues also show the isolation into which those who are stigmatized by those in power fall.
The report itself unfolds, with strictness and forcefulness, a desolated outlook of the condition of Mexican women journalists in the first three years of the current government.
If the risks for them were already high since the beginning of the militarization «against the narco», they have intensified under a regime that sees freedom of expression and the right to information as an obstacle to the construction of an idyllic image of the national reality. With clear data, Lucía Lagunes explains, for example, how in his morning conferences the president seeks to silence critical media, to censor them – and therefore undermine our right to know – without considering that «words matter» and that presidential condemnation has repercussions on the image, prestige, security and lives of those who fall under his sights.
Women journalists, in particular, have been questioned, marginalized, stigmatized and infantilized both in the Palace and in the states, for questioning official demagogy, asking «uncomfortable» questions or defending the validity of their investigations. Far from the macho stereotype that lumped them in the culture or social sections, many of them are the main investigators of corruption, forced disappearances, femicide, dispossession of communities, and other painful realities. CIMAC itself is an example of how a feminist perspective of reality transforms what is considered relevant and responds to the informational needs (and in some cases denunciation) of half of the population, often ignored in hegemonic media.
Stigmatized by the Executive, women journalists have also been insulted, harassed, threatened with rape or death, in the daily and digital space by followers of the regime, officials, anonymous criminals and even colleagues who consider them «problematic». Threats to their families, denial of information, sexual harassment are some of the manifestations of the differentiated violence they suffer, in a society that, instead of recognizing their worth, discriminates them. Lagunes rightly stresses that words (especially presidential ones) have corrosive effects on public discourse and can trigger violence that goes beyond the verb (in itself destructive of reputations and dangerous as psychological violence and justification of violence).
Given the context of extreme violence in the country and the daily dissemination of what can be considered «dangerous speech» if not «hate speech», it is not surprising that requests for inclusion in the Mechanism for the Protection of Journalists and Human Rights Defenders have increased. Nor is it surprising that the Mechanism continues to be ineffective, given that in addition to structural deficiencies that have been pointed out for some time, it does not have sufficient financial or human resources and has been weakened by the policy of «austerity».
Reading this rigorous report invites us to reflect on the value of feminist journalism and journalism by women (reporters, photographers, researchers, columnists and presenters) and to actively defend their work. The defense of the right to freedom of expression goes through the defense of journalists and media that risk their lives and peace of mind for our right to know.
