Ciudad de México.- Se cumplió el plazo que otorgó un Juez federal para que la Fiscalía General de la República (FGR) pusiera en operación el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF). Sin embargo, esto no ocurrió e incluso la Fiscalía emitió un recurso de revisión al amparo para evadir su responsabilidad.
Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas ordenó a las autoridades de la Fiscalía la creación del BNDF, incluyendo la obtención de recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas y la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas para su funcionamiento.
Para lo anterior se puso como plazo 40 días hábiles. Pero terminado este tiempo, la Fiscalía General de la República no hizo lo propio para poner en operación esta herramienta necesaria para unificar registros que permitan identificar a personas desaparecidas.
“Persiste la omisión de la FGR. Se cumplió el plazo que otorgó un Juez federal para que ponga en operación el BNDF. En lugar de cumplir, la Fiscalía emitió un recurso de revisión al amparo ganado por Olimpia Montoya, quien busca a su hermano”, expresó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh).
Cabe recordar que desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGD), impulsada y promovida por las familias de personas desaparecidas, estipula que operar el Banco es una obligación a cargo de la Fiscalía. Pero, ante la inacción de las autoridades, Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, –desaparecido en Guanajuato- acompañada por el Centro Prodh, presentó la demanda de amparo el 30 de agosto de 2021.
En el fallo, el juzgado se pronunció a favor de Olimpia, e indicó que “no es ajeno al profundo dolor que provoca la desaparición” y reconoció la forma en la que las familias se ven obligadas a realizar una búsqueda por sí mismas y la existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos.
Lejos de hacer lo propio, la FGR impugnó el fallo alegando que “la información genética de casos federales está completa e integrada”. En tanto, México continuará atravesando una crisis forense debido a que existen alrededor de 39,000 cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses o inhumados de forma anónima en cementerios públicos de los 32 estados, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, para el año 2019 se habían localizado 3,631 fosas clandestinas, de las cuales entre 2018 y 2019 se habían exhumado 1,124 cuerpos. Lo anterior en un contexto de más de 100,000 personas desaparecidas en México, de las cuales más de 27 mil son mujeres, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
