Ciudad de México.- América Latina y El Caribe cierra el 2022 con un panorama dividido en materia de aborto, pues aunque se tienen grandes avances -como el caso de la despenalización en Colombia- también persisten retrocesos, especialmente provocados por países donde las medidas de estricta restricción mantienen a mujeres en prisión e incluso fuera de sus hogares por la criminalización en torno a la interrupción del embarazo.
En entrevista con Cimacnoticias Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, destacó que de forma general en la región se pueden percibir avances, pues “la tendencia es que en despenalización cada vez hay leyes más liberadas”.
Rosero recordó los casos de Argentina y más recientemente Colombia, donde el pasado mes de febrero de 2022 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación.
Cabe recordar que en una sesión extraordinaria, las y los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia resolvieron una demanda interpuesta en 2020 por el movimiento feminista “Causa Justa” (conformado por más de 100 organizaciones y 130 defensoras del derecho al aborto) contra el artículo 122 del Código Penal para eliminar el delito de aborto por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.
“Vemos una tendencia de lo países referencia a tener una discusión pública sobre el tema, a que se plantee de manera con una empatía profunda sobre la realidad de las mujeres que necesitan este servicio, comprendiendo que tener el delito de aborto en el código penal no evita que los abosos dejen de ocurrir, pero los transforma en una realidad de una clandestinidad que muchas veces se puede traducir en abortos inseguros”, expresó la asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.
Lo anterior también en relación a que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar en México a una mujer que decida interrumpir su embarazo. Lo que llevó a que en 2022 cuatro entidades despenalizaran el aborto en sus Códigos Penales: Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. Llegando así a un total de 11 estados donde se dejó de considerar como un delito el derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.
Sin embargo, aún son 21 entidades en las que, aún con el fallo de la SCJN, se continúa sin brindar a las mujeres la libertad para interrumpir un embarazo.
En América Latina países continúan obstaculizando derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Pese a que en algunos países la marea verde ha avanzado con paso firme, no se ha logrado una plena garantía a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en la región.
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Haití, República Dominicana y Suriname mantienen un restricción total en materia de aborto. Lo anterior aún cuando organismos como el comité que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha reiterado “que las leyes restrictivas sobre el aborto constituyen discriminación contra las mujeres”.
“En El Salvador es preocupante que incluso se siga criminalizando a mujeres que no han solicitado una interrupción del embarazo, sino que han sufrido una emergencia obstétrica o un aborto espontáneo y que aún así sean procesadas partiendo de que estaban realizando un aborto voluntario”, explicó Cristina Rosero.
En el caso de este país, una mujer puede ser condenada por abortar hasta con 40 años de cárcel, aún cuando su vida esté en riesgo o el embarazo sea producto de una violación. En este contexto, la vocera del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe añadió que el mensaje que envían los gobiernos con una criminalización es la nula preocupación por la vida.
“El mensaje con una criminalización es que no se tiene interés en proteger la vida y la salud de las mujeres. La evidencia ha mostrado todos estos años de legislaciones diferentes en materia de aborto demuestran con suficiente claridad que la criminalización no evita que ocurran lo abortos, sino que las mujeres no acceden a él en condiciones seguras. Significa que se les deja en un nivel de ciudadanía de segundo plano”.
Para la asesora legal en estos países de América Latina y El Caribe donde la criminalización es total respecto al aborto, una mujer difícilmente puede considerarse como ciudadana.
“Cuando exista un total reconocimiento de la propia agencia para tomar decisiones así como de su propia autonomía, es cuando una mujer se puede considerar una ciudadana plena. Creemos que es muy importante que este tipo de regulaciones se cambien porque es una forma de reconocer la autonomía y la dignidad de las mujeres y que debería regularse de acuerdo a estándares internacionales en la materia”.
En ese sentido, lo primero que debe realizarse es crear una ruta hacia la despenalización, eliminar las barreras de información, capacitar al equipo médico y trabajar en favor de la erradicación de la estigmatización, sentenció la especialista.
Cabe destacar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año en el mundo se producen 25 millones de abortos peligrosos, en el mismo lapso de tiempo mueren 47 mil mujeres embarazadas por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo. Por lo que se reitera que aún con las medidas restrictivas, los abortos se siguen practicando, ahora es responsabilidad de los gobiernos brindar a las mujeres una interrupción legal, segura y gratuita.
