Ciudad de México.- En 2023, los retos para los países donde se han dado avances en materia de aborto en América Latina y El Caribe incluyen mejorar en la capacitación del personal médico y proveer este servicio desde los primeros niveles de salud de forma gratuita y sensibilizada usando las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En América Latina y El Caribe, la valentía de las mujeres sumada a una voluntad política podrán hacer efectivo el acceso al aborto en la región, donde siete países aún mantienen una restricción total en materia de interrupción del embarazo.
A días de que arranque el 2023, el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe destaca que aunque en algunos países de la región no hay condiciones para avanzar hacia una despenalización del aborto, otros tienen el reto de traducir las leyes que ya han sido publicadas en un efectivo acceso al derecho, tal es el caso de Argentina, Colombia y México.
En entrevista con Cimacnoticias, Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, aseguró que se tiene la expectativa de que más gobiernos se adapten a la regulación del aborto y conviertan este derecho en un procedimiento efectivo para todas las mujeres que así lo requieran.
“Sí hay una expectativa en gobiernos más progresistas para tener adopción en nueva regulación y un acceso más efectivo. En el caso de Colombia esperamos una regulación pronta, sabemos que en algunos otros esta regulación puede reforzarse como en Argentina y Chile. Esto dependerá de cómo se desarrolle el ambiente político”, aseguró Rosero.
Y es que cabe destacar que, por ejemplo, en el caso de Colombia el pasado mes de febrero de 2022 se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Sin embargo, ahora el reto es la implementación, aseguró la especialista.
“En el tema de implementación siempre es un reto, pero tiene que haber un compromiso del Estado, en la práctica muchas veces son las organizaciones que empiezan a hacer un trabajo de implementación importante. Pero no podemos olvidar que la labor primordial está en manos del Estado y se debe exigir. Tanto en Argentina, México y Colombia se tienen las obligaciones de establecer de manera clara los protocolos, las rutas en que se va a prever este servicio”.
Mientras que en países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Haití, República Dominicana y Suriname, donde se mantiene un restricción total en materia de aborto, el Centro destacó que no dejarán de estar bajo observación por parte de diversos organismos locales y mundiales.
“Es importante no olvidar que hay grandes retos y que las mujeres están dando la lucha y están muy pendientes de lograr avances que podrían tomar más años. Seguimos siendo una de las regiones más restrictivas en el aborto, ojalá lo cambiemos y reconozcamos los estándares regionales en el tema”.
En 2023 estados en México deben adaptarse a precedente de la SCJN
En 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar en México a una mujer que decida interrumpir su embarazo. Lo que llevó a que en 2022 cuatro entidades despenalizaran el aborto en sus Códigos Penales: Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. Llegando así a un total de 11 estados donde se dejó de considerar como un delito el derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.
Sin embargo, aún son 21 entidades en las que, aún con el fallo de la SCJN, se continúa sin brindar a las mujeres la libertad para interrumpir un embarazo. Por ello, el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe destaca como urgente que en 2023 el resto de los estados adopten el precedente de la SCJN “para que todos estén en línea”.
“Es necesario que todos los estados de México comiencen a adaptar sus normativas al precedente que sentó la SCJN, esto es despenalizar y establecer condiciones en las cuales se va a proveer este servicio localmente”.
En tanto, durante 2023 la marea verde continuará avanzando y siendo protagonista en la región para contribuir en la garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.
