La misoginia extrema que niega la humanidad de las mujeres, las cosifica, tortura y mata ha alcanzado extremos ominosos en regímenes totalitarios que la legitiman mediante interpretaciones sesgadas de textos sagrados, como sucede hoy en Irán y sobre todo Afganistán, donde el Estado ha impuesto a las mujeres un régimen de confinamiento en el espacio privado que las deja a merced de parejas, familiares hombres y condena a muchas a una precariedad que podría llevarlas a morir de hambre y frío.
La dependencia total impuesta a las mujeres y niñas afganas y la represión brutal y sexista contra las iraníes son muestra del extremo que pueden alcanzar el odio y el desprecio hacia las mujeres, instrumentalizados como política de Estado.
Desde una visión histórica amplia, estas formas de violencia misógina traen a la memoria otros feroces ataques contra la población femenina, como la quema de brujas. Utilizada contra mujeres transgresoras en un contexto de destrucción de las comunidades (Federici), esta persecución – civil o religiosa- sembró el terror entre las mujeres en Europa y otras regiones. La muerte por fuego imponía un sufrimiento atroz y constituía un espectáculo escalofriante.
Mientras que esta forma de tortura quemaba la vida física y social, otras, como las marcas infamantes, dejaban para siempre en el cuerpo vivo el estigma de la degradación o la exclusión social. Matar y marcar a las mujeres forma parte de un repertorio de atrocidades que retrospectivamente, y a la luz de los supuestos avances en las leyes y en las condiciones de vida de las mujeres en muchos países, indignan como actos de barbarie del pasado que no se deben repetir.
Esa barbarie, por desgracia, sigue aquí. Ya no institucionalizada en la quema de brujas sino ejercida por familias que consideran a las mujeres como objetos intercambiables, hombres que se sienten propietarios de su vida y de su cuerpo, individuos que ven en ellas una amenaza o un blanco fácil para descargar su ira; y tolerada por funcionarios que la justifican o normalizan como “crimen de honor”, “violencia privada”, “usos y costumbres” o “violencia familiar”, según el contexto sociocultural.
Enfrentados a la terrible vigencia de los ataques con ácido y a las exigencia de sobrevivientes, familiares y organizaciones aliadas, gobiernos de países como Pakistán, Camboya, Colombia los tipificaron como delito que se castiga con años de prisión y multa, cuyo daño debe repararse; algunos también limitaron la venta de ácido. 80 por ciento de las víctimas son mujeres y 90 por ciento de los agresores hombres, se trata de un crimen misógino que, como sucede con otras violencias machistas, no se resuelve con meras leyes. Según fundaciones que apoyan a las víctimas en Camboya, Pakistán o Colombia, se mantiene la impunidad porque no todas las mujeres denuncian; si lo hacen, los agentes de justicia no responden o las revictimizan y la reparación del daño jamás llega o es insuficiente. Además, la sociedad las juzga o rechaaza.
En México, según la fundación Carmen Sánchez, entre 2004 y 2022 se dieron 34 casos, 28 contra mujeres, 6 de las cuales murieron. Los agresores suelen ser parejas o exparejas que, si no matarlas, buscan simbólicamente perpetuar su posesión con marcas indelebles y un sufrimiento indecible, prolongado. A estos se añade un estigma social, que debería recaer en el agresor no en la víctima, como dijera Elisa Xolalpa, atacada en 2001 y cuyo agresor solo fue detenido en 2021.
Gracias a mujeres valientes como ella, María Elena Ríos y otras sobrevivientes que, en un manifiesto reciente, exigen justicia para todas, ni el Estado ni la sociedad pueden cerrar ya los ojos ante este delito atroz. Aunque se conocen casos desde más de dos décadas, apenas en 2022 la Cámara de Diputados promovió incluir estos ataques en la definición de violencia física en el LGAMVLV y el Senado aprobó incluir en el código penal federal un artículo 297bis que establecería una pena de hasta 22 años de cárcel para este crimen, pero este aún no aparece en el CPF vigente.
Si algo nos ha enseñado la experiencia de otros países y de otras leyes en México, es que aumentar las penas tiene dudosa eficacia, menos aún si las leyes no se aplican. Por ello, además de reconocer que estos ataques no son meras lesiones o “violencia familiar”, el Estado debe garantizar la reparación íntegra del daño y privilegiar la prevención. En cuanto a la sociedad, hace falta dejar de tolerar discursos y representaciones que degradan a las mujeres y disculpan a quienes las queman y pretenden matarlas en vida. Solidarizarnos con María Elena Ríos y todas las sobrevivientes es un primer paso. Exigir un cambio real en la educación y en la representación de las mujeres es imprescindible para frenar esta y otros actos de violencia machista extrema.
(Con información de CIMAC, El Financiero, El País, EFE, CONAPRED, UAM y otras fuentes).
