Posibles actos de corrupción llevaron a que una jueza familiar de Oaxaca anulara el resultado de una prueba de paternidad y, con ello, obstaculizara desde hace más de cinco años el derecho de una menor de edad a pensión alimenticia.
A finales de 2017 “Alicia” interpuso una demanda de reconocimiento de paternidad en el juzgado primero familiar de Oaxaca. Esto, luego de que Maximino Gerardo Carrera (quien es trabajador de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado) rechazara reconocer a la hija que engendró dentro de una relación de 16 años de pareja, ocho de ellos en unión libre.
Al no lograr procrear, en julio de 2015 la pareja se sometió a un tratamiento de fertilidad. Como resultado, el 8 de septiembre de 2016 nació su hija, pero unos meses después, el 9 de enero de 2016, Maximino abandonó el hogar.
Con la demanda abierta 2142017 en el juzgado primero de lo familiar, se citó a una primera audiencia con fecha 17 de agosto de 2017 para el desahogo de pruebas y alegatos, así como la toma de muestra genética de ADN. Sin embargo, esto no se realizó porque el apellido del demandado fue alterado. Aquél fue el primer acto de obstaculización en el acceso a la justicia.
Aunado a ello, “Alicia” fue víctima de violencia institucional y discriminación debido a su condición económica. “La jueza Leticia Meneses Concha me maltrató. Su trato era déspota y humillante”, apuntó. Ante estas circunstancias acudió a la Dirección de periciales del Poder Judicial para solicitar nueva fecha para la prueba genética de ADN. Ésta se desarrolló el 29 de septiembre de 2017 en el juzgado familiar con la jueza Leticia Meneses Concha. Ahí se presentaron las partes en conflicto, el perito Adrián Martínez Fuentes y la menor de edad.
La primera muestra fue tomada a Maximino y posteriormente a la menor de edad. Para intentar invalidarla le pretendían colocar un nombre erróneo a la muestra de la niña, hecho que fue advertido por Alicia. “Me di cuenta de ese acto corrupto porque en la cadena de custodia venía un nombre diferente al de mi hija. La jueza no estaba atenta. El perito se enojó mucho por hacerle ver sus trampas. Se tuvo que volver a tomar la muestra a mi hija”.
Fue el 11 de diciembre cuando en audiencia les entregaron los resultados en los que se expresó un 99.9 por ciento de compatibilidad del ADN, con lo que se corroboró que Maximino era el padre biológico. Sin embargo, posteriormente, la jueza Leticia Meneses Concha ordenó de nueva cuenta el desahogo de la prueba pericial en genética molecular bajo el argumento de que la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado consideró que el perito no reunía los requisitos para rendir dicha prueba pericial, ya que no tenía certificación expedida por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) al no contar con especialidad en genética molecular.
En este sentido la jueza giró un oficio a la dirección de periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para que, con base en el convenio de colaboración con la Fiscalía de Oaxaca, nombrara nuevamente un perito, ahora con especialidad en genética forense, pese a que lo que se requería era un perito en genética molecular.
Por lo anterior “Alicia” denunció a la jueza Leticia Meneses y a la secretaria de acuerdos, América Viridiana. “Es una burla a las mujeres. Se pretende hacer una nueva prueba de ADN con la misma institución del estado y nuevamente la echen abajo porque no cuentan con los supuestos requisitos. El caso de mi hija lo han vuelto un círculo vicioso favoreciendo siempre al padre”, expresó.
