Ciudad de México.- Este 22 de febrero el Senado dio luz verde para la puesta en marcha de las reformas electorales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador mejor conocidas como “Plan B”, el cual es considerado por feministas como un “paso atrás para los derechos políticos conquistados por las mujeres y otros grupos históricamente excluidos”.
La tarde de este miércoles, tras un debate de más de cuatro horas, el Senado de la República discutió el “Plan B” y con 72 a favor, 50 en contra y 0 abstenciones fue aprobado el faltante de reformas electorales. Pasando así al Ejecutivo para su promulgación.
Plan B, un retroceso a los derechos de las mujeres
En el marco del debate, políticas feministas recordaron las afectaciones que estas reformas electorales traen consigo para la vida y participación de las mujeres en los procesos próximos a realizarse.
La senadora feminista por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, advirtió que el Plan B pone en riesgo la próxima composición del Congreso, la cual podría ya no ser paritaria. Esto debido a que las reformas electorales disminuyen el porcentaje de mujeres que se deben postular en el bloque de candidaturas de alta competitividad, pasando de 50 a 25 por ciento. Además, “quita ‘dientes’ a autoridades electorales para aplicar reglas de paridad en dirigencias partidistas, candidaturas e integración de congresos y gobiernos locales”, acusó Mercado.
Estas reformas, añadió, eliminan también la posibilidad de cancelar candidaturas que hayan incurrido en violencia política en razón de género.
Y es que cabe recordar que organizaciones como Mujeres en Plural, 50+1, Las Constituyentes Mx y Nosotras tenemos otros datos, han expresado en reiteradas ocasiones que pone en riesgo los avances que las mujeres han construido por años.
En el Plan B tampoco se reconoce la posibilidad de cancelar candidaturas a hombres que se encuentran en situación de deudores alimentarios, lo que va en detrimento de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, la cual busca que ningún hombre que sea investigado o cuente con antecedentes penales por delitos de violencia familiar, violencia sexual, incumplimiento en su responsabilidad alimentaria y cualquier otra manifestación de violencia contra las mujeres, pueda acceder a un cargo de elección popular.
Tampoco se brinda un acceso equitativo de las candidatas al financiamiento público para campañas y tiempos en radio y televisión, provocando que no compitan en igualdad de condiciones con los hombres.
“En México, la participación política de las mujeres ha sido un proceso paulatino y gradual que logró un gran avance con la reforma constitucional en 2014, que mandata la paridad en los cargos de elección popular y, en 2019, con la conquista de la paridad en todos los espacios de la vida política del país”, aseguró Angélica de la Peña, del colectivo Mujeres en Plural.
Por su parte la feminista Patricia Olamendi afirmó que las reformas “violan tratados internacionales que México ha ratificado en materia de derechos humanos de las mujeres”.
