A tres años de la denuncia de estudiantes de la Universidad del Istmo campus Ciudad Ixtepec contra docentes por abuso sexual, hostigamiento sexual y acoso sexual, la justicia no llega.
A tres meses de la audiencia para el desahogo de pruebas y formulación de alegatos, la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no ha emitido la sentencia en el juicio para la protección de derechos humanos interpuesta por las víctimas.
“Queremos externar nuestra indignación al observar que la justicia del Estado llega a cuenta gotas o llega demasiado tarde y al mismo tiempo instar a la sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que tiene la responsabilidad de resolver, que cumpla con su obligación de impartir justicia pronta y de forma expedita, garantizando el derecho a la justicia y reparación integral del daño a las víctimas”, expresaron las denunciantes mediante un comunicado.
El pasado 9 de marzo se cumplieron tres años de las denuncias públicas y legal hechas por alumnas y profesoras de la Unistmo frente a diversos actos de abuso sexual, hostigamiento sexual y acoso sexual cometido por profesores de esta casa de estudios.
Además de los actos que constituyen delitos sexuales contra las estudiantes, la Unistmo lejos de respaldarlas inició una campaña de hostigamiento laboral contra las docentes que dieron acompañamiento a tal grado que una de ellas fue despedida injustificadamente en diciembre de 2020.
Las denunciantes indicaron que el 25 de noviembre de 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a través de la recomendación 4/2021, resolvió que se acreditaron en contra de las víctimas violaciones a los derechos humanos a vivir una vida libre de violencia, a recibir educación libre de violencia y de estereotipos de género, así como a las garantías del debido proceso, entre otros.
En diciembre de 2021, la Universidad del Istmo no aceptó la recomendación, por lo que se tuvo por no cumplida, situación que orilló a las víctimas a acudir a la instancia judicial, con la finalidad de obligar a las autoridades responsables al cumplimiento integral de la recomendación emitida por el ombudsman del Estado.
Fue así que en la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se inició el Juicio para la Protección de los Derechos Humanos, dando origen al expediente 02/2022; después de un largo proceso, el 10 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia para el desahogo de pruebas y formulación de alegatos y desde esa fecha se encuentra pendiente la emisión de la sentencia correspondiente.
“Estamos conscientes de que este camino es difícil de andar, pero es necesario para que nuestra universidad se convierta en un espacio donde las mujeres puedan estudiar y trabajar sin ser violentadas en sus derechos fundamentales”, indicaron tras agradecer a la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), por el acompañamiento legal brindado durante estos años.
