El pasado 15 de marzo de 2023, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de matrimonio forzado de personas menores de edad fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Senadores. Ante ello, diversas organizaciones señalaron la urgencia de implementar políticas públicas para previr y eliminar este delito.
El dictamen recogió dos iniciativas de reforma presentadas por las diputadas Eufrosina Cruz y Karen Michel González e impulsadas por la secretaría de la Comisión de Justicia, Lizbeth Mata Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI). En este, se aprueba la creación de un nuevo tipo penal denominado “cohabitación forzada” que establece penas de prisión para quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir de forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
A juicio de las promoventes, esta sería una medida legislativa que evitaría las uniones forzadas en niñas y adolescentes, atendiendo la situación de violencia hacia ellas, la deserción escolar y el embarazo en adolescentes.
«Sin duda, el matrimonio y las uniones forzadas son una problemática que violenta los derechos humanos de las niñas y adolescentes en México, por lo que demanda la toma de acciones y políticas inmediatas por parte del Estado para su prevención y eliminación. Sin embargo, organizaciones observamos con preocupación que la tipificación no atiende las causas de las uniones infantiles, tempranas y forzadas y contempla la criminalización de las relaciones consentidas entre personas adolescentes, negando su capacidad de decisión y autonomía para entablar relaciones libres de violencia y ejercer decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con personas de su edad, lo cual vulnera sus derechos humanos».
Organizaciones como Girls Not Brides, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ipas Latinoamérica y el Caribe, Intersecta y el Observatorio de Mortalidad Materna en México aseguran que «el tipo penal propuesto desconoce el interés superior y la autonomía progresiva de las personas adolescentes para ejercer sus derechos humanos en el desarrollo de relaciones entre pares, al equiparar los matrimonios y uniones informales entre personas menores de edad con matrimonios infantiles y forzados«. Además, notamos que las penas se agravan si una de las partes pertenece a una comunidad o pueblo indígena o afromexicana, lo que promueve una connotación negativa que estigmatiza a grupos de la población que históricamente han enfrentado discriminación, desigualdad y vulneración de sus derechos».
Por lo anterior, señalaron la necesidad de implementar políticas públicas integrales que atiendan las causas de los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas desde el análisis contextual social y la evidencia. «Instamos al Estado mexicano a generar respuestas integrales para abordar los matrimonios y uniones forzadas, prevenir la violencia hacia niñas, adolescentes y jóvenes y garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Estas medidas, deberán incidir en el cambio de normas sociales y culturales, la modificación de políticas públicas para la ampliación de servicios y generación de oportunidades, así como la existencia de mecanismos de acceso a la justicia»
«Exigimos que en la construcción de medidas legislativas enfocadas en la garantía y protección de los derechos de la población adolescente se respeten los principios del interés superior de la niñez y autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos, desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad, juventudes y no adultocéntrica».
Finalmente, instaron a las y los legisladores a reconsiderar las implicaciones que dichas reformas tienen en las adolescencias y a contemplar las connotaciones mencionadas para incluir en la reflexión una perspectiva de género y de juventudes donde prevalezca el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, al Poder Ejecutivo a contemplar este análisis previo a la publicación del Decreto de la reforma y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a contemplar vías que llamen a reconsiderar la publicación de esta reforma.
