“¿Qué más tiene que pasar?”, preguntó, indignado, el senador Álvarez Icaza al Senado de la República ante la inaudita indiferencia del gobierno federal frente a la muerte de 39 migrantes en una “estación migratoria” en Ciudad Juárez el 28 de marzo ¿Qué más tiene que pasar, en efecto, para que este gobierno reaccione con un poco de humanidad o algo de ética ante las desgracias, evitables, que aplastan a las poblaciones más desprotegidas?
¿Qué tiene que pasar, añadamos, para que nosotros, como sociedad, dejemos de mirar, pasmados, cómo los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores esquivan su responsabilidad mientras la secretaria de Seguridad da la cara por ellos y asume la misma política de simulación de siempre? Se investigará a fondo, se castigará a los responsables, “todo el peso de la ley”, aseguran. Sí, se enjuiciará a los agentes que no abrieron las rejas de esa cárcel inhumana, se acusa incluso a un migrante víctima de este sistema atroz. No al contralmirante que prohibió que se abrieran las puertas, no al director del INM; menos aún a los responsables de que México se haya convertido en un campo de barbarie para cientos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños en tránsito.
Como han documentado los medios, esta tragedia es solo la más reciente y visible atrocidad que padece la población transmigrante en México. Desde 2007 se ha denunciado cómo en esta “frontera vertical” se maltrata a quienes desde Centroamérica y otras regiones han cruzado este páramo en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Violaciones, robos, desapariciones, extorsión, secuestro y tortura, a manos de criminales o de agentes civiles y militares mexicanos. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos se han multiplicado desde que el gobierno de Trump cerró aún más las puertas y casi anuló el derecho de asilo, con el pretexto de la pandemia desde marzo de 2020; medida aún vigente bajo Biden con el aplauso de gobernadores archiconservadores de la frontera.
Si la política migratoria de EU deshumaniza, la política mexicana es inhumana y criminal. Ambos gobiernos son cómplices en la empresa de imponer sufrimientos indecibles a la población transmigrante que, en su mayoría, ya se ha expuesto a peligros terribles con tal de huir de la violencia y la pobreza. Si ya el gobierno era incapaz de asegurar condiciones dignas a cientos de miles de personas, ¿por qué aceptó en enero recibir hasta 30 mil personas más al mes expulsadas de EU? ¿Cuánto dinero aporta EU para asumir su parte de responsabilidad en la creación de un fallido “tercer país seguro” que de seguro no tiene nada? ¿Cuánto dinero ha destinado este gobierno “humanista” para cumplir mínimamente con su obligación de garantizar los derechos humanos de quienes atraviesan el país o tienen que permanecer en él mientras esperan cruzar al Norte?
“Indignante” es ya una palabra desgastada ante la dimensión de la barbarie institucionalizada que el incendio del “calabozo con rejas” de Ciudad Juárez sacó a la luz: personas que buscaban ganar algo en las calles para pagar techo y comida (que México debería darles), detenidas por la policía municipal y agentes de migración, hacinadas en un lugar sin ventilación, sin agua, sin comida, sin privacidad, abandonadas mientras se calcinaban, por una “orden superior” y por la indiferencia criminal de sus carceleros que ni siquiera llamaron a los bomberos, como documenta Beatriz Guillén en El País (2 de abril).
Esto no es un “accidente”, es un crimen de Estado.
Un crimen de un Estado encabezado hoy por un presidente que, tarde, se dijo dolido por la tragedia (qué hueco suena) pero fue incapaz de acompañar a quienes solo pedían que les escuchara. Un presidente que no solo ofendió a la activista antimilitarista Cony Gutiérrez al suponer que la había mandado la gobernadora de Chihuahua, sino que además, le dijo “mi amor” y le palmeó la mejilla. Como declaró la propia Gutiérrez después, esta actitud paternalista, muestra el desprecio de AMLO hacia las mujeres: «AMLO se equivoca totalmente. Las mujeres tenemos una mente crítica, no necesitamos que nadie nos ande mandando y mucho menos palmeando la cara, porque no somos tontas, no estamos pendejitas.” (El Diario, Cd. Juárez, 2 de abril)
¿Qué podemos esperar de un gobierno encabezado por un ejecutivo ciego de poder que se ríe de las masacres, minimiza desapariciones y feminicidios; sordo a las voces desesperadas de quienes piden justicia, sean madres de desaparecidos o migrantes?
Si los 72 migrantes masacrados en San Fernando y los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala siguen pesando sobre nuestras conciencias, los 39 migrantes calcinados en Cd. Juárez nos interpelan a gritos: ¿Qué tiene que pasar para quebrar la pasividad social ante tanta inhumanidad y tanta barbarie?
