Ciudad de México.- Este martes 11 de abril se prevé que diputadas y diputados voten en comisión una reforma que atentaría contra la paridad de género y la representación de grupos vulnerables en la vida política de México. Dicha reforma tiene el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Movimiento Ciudadano (MC), quien hace un llamado para evitar el avance de esta medida que significa una regresión en cuanto a derechos político-electorales de diversos sectores de la población.
La reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales —quien discutirá el proyecto el día de hoy— estaba programada para este lunes a las 18 horas. No obstante, se pospuso para este martes a las 9:30 de la mañana. En esta reunión se avalará el dictamen que sería llevado al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación y su posterior envío al Senado de la República.
No hay una explicación oficial sobre el retraso de la junta programada para este lunes; sin embargo, la diputada de MC Julieta Mejía Ibáñez considera que se debe a la presión ejercida desde la sociedad civil para impedir el avance de la iniciativa.
En entrevista con Cimacnoticias, la diputada explicó que su partido ha tenido acercamiento con los grupos de la sociedad civil que se oponen al proyecto. Entre ellos se encuentran el Colectivo de personas con discapacidad México y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C., así como organizaciones y activistas feministas.
Estos grupos han externado sus preocupaciones sobre la reforma a discutirse. Y es que, con ella, los partidos políticos tendrían la libertad de decidir si aplicar o no el principio de paridad de género y también de postular a personas de grupos en situación de vulnerabilidad para puestos como las diputaciones.
“Va en contra de lo que se ha logrado en muchas décadas en nuestro país para verdaderamente tener paridad y tener la inclusión de grupos vulnerables”, opina Mejía Ibáñez al respecto. Además, asevera que la medida sería inconvencional, pues va en contra de los tratados que México ha firmado tales como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que no garantizaría las condiciones mínimas de representación política para este grupo poblacional.
Ante estos riesgos, MC ha decidido votar contra la iniciativa en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del día de hoy. Sin embargo, en dicha comisión solo hay dos personas del partido, por lo que su aprobación y su llegada al Pleno es un hecho inminente. Pero la situación es aún más complicada. De acuerdo con Mejía Ibañez, si la reforma es aprobada en la comisión y posteriormente en el Pleno, intentar revertirla sería sumamente difícil.
Partidos se blindan contra acciones de inconstitucionalidad
La reforma, nacida en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, (Jucopo) busca reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución mexicana. Con estas reformas, “en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización”, los partidos políticos establecerán sus propias normas estatutarias para designar sus dirigencias en función de paridad y acciones afirmativas. En otras palabras, los partidos fijarán oficialmente sus normas para moderar la paridad de género y la postulación de personas vulneradas históricamente.
Sin embargo, si los partidos incumplen estas normas no habrá ninguna sanción para ellos. Esto, debido a que las reformas constitucionales propuestas limitarían la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicho tribunal no podrá obligar a los partidos a postular a mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, pues solo podrá intervenir en lo que esté establecido “literalmente” en la Constitución.
Esto quiere decir que, por ejemplo, si el principio de paridad queda establecido en las normas de los partidos pero no se lleva a la práctica, el TEPJF no podría tomar acciones al respecto debido a que aún así se estaría cumpliendo lo estipulado en los artículos a modificar. En este sentido, no se da margen a la interpretación de tales artículos, por lo que el TEPJF se quedaría sin respaldo para poder actuar.
Pero las consecuencias van más allá de esto. Según explicó la diputada Julieta Mejía Ibáñez a Cimacnoticias, con las reformas se cerraría la puerta a recursos en contra de la medida tales como acciones inconstitucionales, pues la Constitución quedaría acomodada “a modo” para limitar al TEPJF sin violar la ley. Con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendría las manos atadas para discutir la iniciativa.
“Estaríamos regresando hasta antes de 2011: todo lo que hemos avanzado en estos años quedaría atrás”, opina Julieta Mejía, quien ve en estas reformas una vulneración a los principios de no discriminación e igualdad en México, así como un retroceso importante en el sistema electoral del país.
Ante este panorama, MC está intentando conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas como la del PAN, pero saben que las probabilidades son escasas. Es por eso que la última esperanza está en que el Senado de la República frene la iniciativa si es que se aprueba en la Cámara de Diputados.
Aunque la propuesta fue presentada en conjunto por todos los grupos parlamentarios (Morena, PAN, PRI, PRD, PT y el Partido Verde), hay especial interés de Morena en su aprobación. Pero, dado que aún no hay discusión entre diputadas y diputados, aún no se conocen sus argumentos formales para respaldar la medida.
Mientras tanto, solo queda esperar a la reunión de la Comisión el día de hoy, así como otra junta que se celebrará en la Jucopo este mismo día. “Esperemos que con la presión social esto pueda cambiar y se pueda revertir este duro golpe a nuestra democracia y sobre todo a los derechos humanos”, concluye Julieta Mejía. Pero, tal como demuestra la aprobación del Plan B, las esperanzas al respecto son casi nulas.
