Por los hechos ocurridos en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocaron la muerte de más de 30 personas migrantes, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra Francisco “N” y Antonio “N”, directivos del Instituto Nacional de Migración (INM) “por incumplir obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a personas e instalaciones a su cargo”.
La FGR informó que además se procedió penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las personas migrantes.
En la investigación de antecedentes se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Además, la Fiscalía detalló que se detectaron diversas irregularidades dentro de la empresa de seguridad privada y el propio INM, quienes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”.
Fue la noche del pasado lunes 27 de marzo cuando personas migrantes, que se encontraban hacinadas en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron víctimas de lesiones y 40 más fallecieron luego de que se originara un incendio que fue ignorado por personas que se encontraba en ese momento en el lugar.
Y es que esa noche, tras registrarse el incendio, el personal del Instituto Nacional de Migración omitió auxiliar a las personas migrantes privadas de la libertad para salir de la celda, pese a los llamados de auxilio; no realizaron acciones inmediatas de contención del fuego y se le dio preferencia al desalojo de personal administrativo sobre las personas migrantes extranjeras recluidas.
Entonces, organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Mexiro y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, aseguraron que las personas que fallecieron en Ciudad Juárez “estaban privadas de la libertad”, ya que, señalaron, “la estancia provisional es un espacio de detención, no un albergue”.
Por ello responsabilizaron al Gobierno de México y particularmente al Comisionado del INM por la falta de protocolos y rutas de evacuación en caso de siniestros y sobre las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos, como la falta de información y resolución efectiva de los casos.
Ante ello, el pasado 31 de marzo la Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), IMUMU, Asylum Access México y Uno de Siete Migrando, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resultara responsable por el delito de homicidio, lesiones y detención ilegal de personas migrantes en Ciudad Juárez.
“La investigación se ha enfocado en guardias y agentes migratorios que estuvieron en Ciudad Juárez. Por eso solicitamos que la fiscalía investigue también la responsabilidad de los titulares de las instancias encargadas de la política migratoria, incluido el canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López”, expresó Gretchen Kuhner, integrante de IMUMI.
Sin embargo, el anuncio de la FGR puso en evidencia que ni el canciller ni el secretario de Gobernación están siendo investigados por la muerte y lesiones de personas al interior de instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
