Liliana es sobreviviente de violencia química en Nuevo León, luego de que el 23 de marzo del 2022 fuera secuestrada, agredida sexual y físicamente con gasolina. Actualmente vive amenazada y su caso se encuentra “estancado”, además, recientemente personal de la Secretaría de las Mujeres y del Sector Salud local le informaron que sus cirugías ya no podrán realizarse en hospitales privados especializados debido al costo que ello genera para el gobierno, aún cuando su integridad y salud se encuentran en riesgo y el gobernador, Samuel García, se comprometió en noviembre pasado a «cubrir los gastos».
Aldo Flores, esposo de Liliana, acusó que el gobierno la ha abandonado pues a un año del intento de feminicidio no hay justicia ni atención integral garantizada para la joven madre de 24 años.
En entrevista con Cimacnoticias, Aldo Flores detalló que Liliana tenía programada una cirugía el día 23 de abril debido a una infección que complicó su estado de salud. Se encontraban en camino al hospital privado donde se realizaría dicha intervención; sin embargo, les informaron que los gastos por estos tratamientos ya no serían pagados por la Secretaría de Salud de la entidad, aún cuando se habían comprometido con ella a brindarle atención.
“Dijeron que ya tenían todo listo, pero me hablan a medio camino y nos dicen que no se va a poder pagar el Hospital privado, entonces nos ofrecieron el Hospital universitario. Dijeron que ya se había rebasado el límite de presupuesto”, explicó Aldo, esto pese a que el gobernador de la entidad, Samuel García, se comprometió en noviembre de 2022 a cubrir el costo de sus cirugías.
Aldo detalló que el ánimo de Liliana decayó ya que no quería ser atendida en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, del Sector Salud, debido a que estuvo internada en el lugar tres meses (los primeros tres meses después del ataque). En ese tiempo “fueron negligentes, la dieron de alta antes y pusieron en riesgo su vida”, detalló la Fundación Carmen Sánchez.
Sin embargo, no le brindaron otra opción. Por lo que ingresó a dicho Hospital la noche del 23 de abril. Pero no fue sino hasta 24 horas después cuando comenzó a recibir atención, ya que el personal del nosocomio no sabía que llegaría.
“Le preguntan sus datos y a qué iba. La envían al segundo piso y ya venía mal porque la infección estaba muy fuerte. Dijeron que no les habían hablado y que no había camillas disponibles. Tiempo después la ingresaron a una habitación, le tomaron muestras de la herida y la doctora se fue, pero durante el día me dijo que nadie le había hecho curaciones”.
La noche del 24 de abril Liliana se comunicó con Aldo para pedirle que la sacara del nosocomio. Sin embargo, luego de varias horas le indicaron que su cirugía se programaría para este 25 de abril y el parte médico a sus familiares indica que se encuentra en estado de gravedad por lo que su esposo y la fundación Carmen Sánchez, responsabilizan a la Secretaría de Salud local y a su titular, Alma Rosa Marroquí Escamilla si condición empura.
Ante este panorama, su esposo exigió que el gobierno de Nuevo León “cumpla lo que se acordó” sobre brindar atención a Liliana.
“No es capricho de Liliana que quiera estar en un hospital privado, ella estaba llevando la atención como debía y la estaba atendiendo un cirujano, de la noche a la mañana le dijeron que ya no y que no había otra opción”, sentenció.
La Fundación Carmen Sánchez, que ha acompañado el caso de Liliana, se sumó a la exigencia para que Liliana sea intervenida quirúrgicamente a la brevedad y se garanticen los tratamientos que requiera.
“Exigimos que Liliana sea atendida con el cirujano donde se operó la primera vez y en un hospital de alta especialidad. Que Samuel García cumpla con su compromiso y a Liliana se le otorguen todos los tratamientos médicos necesarios para garantizar su integridad física”, destacó la Fundación.
Agresores de Liliana continúan libres
Aunque la familia de Liliana ha brindado nombres de sus agresores, los hombres continúan en libertad. Incluso uno de ellos, acusó Aldo, ha amenazado a la mujer en reiteradas ocasiones, lo que provocó que dejaran su hogar. A ello se suma la violencia institucional que ha enfrentado la joven madre por parte de la Fiscalía estatal.
“Hasta el momento ha sufrido revictimización por parte del personal de la Fiscalía, le dicen que no suba información ni videos a medios de comunicación ni a sus redes sociales. También le dijeron que por su seguridad se fuera del estado para evitar represalias hacia ella”. +
La agresión hacia Liliana fue manejada como un “accidente”, incluso las autoridades llegaron a asegurar que la joven “tenía problemas mentales” con el único objetivo de desacreditarla y archivar el caso, recordó Aldo.
“Desde el principio nos dieron la espalda, hasta el momento no hay un avance. El caso está estancado, no tenemos respuesta”.
La alta tolerancia del Estado mexicano hacia la violencia contra las mujeres ha provocado que más del 90 por ciento de los ataques con ácido y otras sustancias químicas perpetrados se encuentren impunes.
Cabe recordar que desde 2001 hasta la actualidad, la Fundación Carmen Sánchez –asociación civil enfocada en visibilizar y obtener justicia ante la “violencia ácida”– ha registrado 33 agresiones con ácido a mujeres. El 60 por ciento de estos ataques fueron cometidos por quienes en ese momento o en el pasado habían mantenido una relación sentimental con la víctima. Del total de agresores, 85 por ciento fueron hombres.
