Desde el pasado 24 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el fallo Roe contra Wade, poniendo fin al derecho constitucional a la interrupción legal del embarazo en la nación, más de 15 estados han implementado medidas restrictivas a este servicio. Ante este panorama, mujeres mexicanas han creado redes de apoyo solidarias para acompañar a quienes decidan abortar en el otro lado de la frontera.
Entre las organizaciones que han creado una red transfronteriza se encuentran Las Libres y la Red Necesito Abortar, quienes en los últimos meses se han dado a la tarea de acompañar abortos en la frontera mexicana en el actual contexto de ilegalidad, para garantizar autonomía sexual y reproductiva.
“No estamos intentado resolver el problema de Estados Unidos, no tenemos una receta mágica, lo que podemos compartir son las estrategias, además de la certeza y seguridad de que si nosotras pudimos (en México), también lo pueden hacer ellas”, expresó Paola Fernández, integrante de Las Libres, durante la charla Acompañamiento transfronterizo y derogación de Roe contra Wade.
Hernández añadió que ha sido un reto implementar dicha red debido a que las mujeres en Estados Unidos “no creen que hayan personas que decidieron hacer esto porque se nos pega la gana, sin cobrar un peso”.
Sin embargo, en el camino han logrado demostrar a las mujeres estadounidenses, migrantes y afrodescendientes que es “posible construir redes”.
Es así como brindan acceso a medicamentos para abortar, al mismo tiempo que acompañan a la distancia procesos de interrupción del embarazo.
“No podemos propagar o ampliar el estigma como el temor que se tiene frente al aborto, por eso caminamos a que sean procesos autogestivos y de fácil acceso”.
Por su parte, Vanessa Jiménez Rubalcava, integrante de la Red Necesito abortar, aseguró que ella y otras mujeres han “armado un buen equipo en tres mil kilómetros de frontera que compartimos en Estados Unidos”.
“Lo que hacemos al acompañar es abrir un diálogo con quien decide abortar y verlo de otra manera, que parta de la libre elección de decidir hacia qué rumbo va a tomar tu vida y no desde el producto”.
En ese sentido, aseguró que en Estados Unidos “orgánicamente las redes de acompañamiento solidario se van a terminar formando”, tal como ocurrió en México en medio de un camino que busca reconocer el derecho a la interrupción del embarazo.
Sin embargo, para Jiménez Rubalcava, “la sociedad estadounidense va a terminar descubriendo lo que descubrimos aquí: que la legalización tampoco es la respuesta a la problemática, pues esto no garantiza que se pueda vivir un proceso sin estigma”.
Roe contra Wade fue un parteaguas para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo en Estados Unidos. Este caso se dio en 1973, cuando Jane Roe –alias legal de Norma McCorvey–, una mujer de Texas, quiso detener su embarazo de manera segura y legal.
Tras diversos alegatos, la corte decidió reconocer por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”. Fue así como Roe fue reconocida por impulsar el caso que permitió legalizar el aborto en el país norteamericano.
Sin embargo, en junio del año pasado este decreto fue anulado con seis votos a favor y tres en contra. Lo que provocó un detrimento de los derechos sexuales y reproductivos de más de 36 millones de mujeres.
Tan solo hasta octubre de 2022, el Instituto Guttmacher (organización que apoya el derecho al aborto) documentó el cierre de por lo menos 66 clínicas que brindaban este servicio. Antes de aquel 24 de junio de 2022, en 15 estados se tenían un total de 79 clínicas. A partir del 2 de octubre, ese número se redujo a 13 (todas ubicadas en Georgia).
Además, actualmente en 15 estados se restringe el acceso al aborto con medicamentos, detalla el Instituto Guttmacher. Esto no ha sido todo, pues Wyoming ya se legisló para prohibir la venta de pastillas abortivas y se sancione a quien “recetar, dispense, distribuya, venda o use cualquier droga con el fin de procurar o realizar un aborto”.
Sumado a lo anterior en Carolina del Sur los legisladores caminan hacia la aprobación de la llamada “Ley de Igualdad de Protección Prenatal”, la cual busca modificar el Código Penal y definir como “persona” a un óvulo fecundado.
Lo anterior, aseguran los políticos, “garantizaría que un menor por nacer que es víctima de homicidio reciba la misma protección bajo las leyes de homicidio del estado”, mismas que contemplan sanciones como la pena de muerte.
Por otro lado, en Texas, un juez pretendía ordenar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a que retirara su aprobación de la mifepristona, la primera píldora del régimen de aborto de dos fármacos. Aunque este intento fue frenado, varios estados continúan afectado las vidas de las mujeres por medio de medidas restrictivas que les impiden decidir sobre sus cuerpos.
