Roxana, mujer indígena, migrante y madre de un niño de cuatro años de edad, fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión por haber defendido su vida ante el hombre que la violó en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Su defensa legal ya prepara la apelación para evitar que la mujer vuelva a ser privada de su libertad.
Sin analizar los factores estructurales y las violencias sistemáticas que rodean la vida de Roxana, e ignorando los compromisos internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres a los que México se ha adherido, el Poder Judicial del Edomex -ejercido en esta ocasión por la jueza Mónica Palomino- encontró culpable a la mujer por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa.
Lo anterior en una entidad que actualmente ocupa el primer lugar en los delitos de feminicidio y lesiones contra mujeres a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Nos mandan un mensaje muy claro: las mujeres en el Estado de México no merecemos justicia, que si defendemos nuestra vida nos van a castigar. No solamente las autoridades no son capaces de procurar una vida libre de violencia, sino que cuando tenemos que actuar porque estamos en peligro, vamos a ser juzgadas como Roxana por una justicia machista y patriarcal”, expresó en entrevista con Cimacnoticias Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, que ha acompañado a Roxana desde el día uno.
La justicia contra una mujer víctima, de escasos recursos, migrante e indígena
Roxana tiene 23 años, es originaria de una comunidad indígena de Oaxaca y -como cientos de mujeres- decidió migrar para acceder a mejores condiciones de vida.
Fue así como llegó a la periferia del Estado de México, una de las zonas más abandonadas de la entidad mexiquense donde se encuentran los municipios más violentos para las mujeres, entre ellos Chalco, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.
Ya asentada en Nezahualcóyotl, Roxana trabajaba en un puesto de papas para mantenerse a ella y a su hijo. Al ser comerciante no contaba con prestaciones o derechos básicos como salud, educación y vivienda. Así vivía su día a día.
El 8 de mayo de 2021 fue agredida sexualmente por un hombre. Para defender su vida ella actuó en defensa propia y el agresor perdió la vida. Asustada decidió deshacerse del cuerpo; sin embargo, fue capturada por policías municipales de Nezahualcóyotl, quienes de inmediato la trasladaron al penal Neza-Bordo.
“Estaba yo en peligro de muerte. Si no hubiera sido por esa defensa, hubiese sido yo la persona muerta en ese momento”, contó Roxana a Cimacnoticias.
Desde un inicio su proceso estuvo plagado de revictimización y criminalización. Y es que, por ejemplo, a los policías que la detuvieron Roxana les contó que había sido agredida sexualmente por el hombre cuyo cuerpo trasladaba. Pero fue ignorada.
Una y otra vez repitió lo sucedido, hasta que fue llevada con un médico legista que le realizó una revisión superficial, tampoco se le hizo un peritaje psicológico.
Roxana pasó más de ocho meses en prisión hasta que el 15 de febrero de 2022, luego del acompañamiento feminista y las protestas que desencadenó su caso, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad.
Ya fuera del penal, Roxana pudo volver a trabajar. Volvió a ver a su hijo, encontró un lugar para vivir y cumplió con las medidas que le fueron impuestas por el Juzgado de Control, entre las que se encontraban firmar, acudir a terapia psicológica e incluso presentar informes de antidoping.
El proceso no terminaba, pues la familia de su agresor buscaba que Roxana volviera a prisión. Los días pasaron y luego de amparos y nuevas audiencias en el caso, las autoridades de la entidad determinaron el 15 de mayo de este 2023 que la mujer sí era culpable por defender la vida, aún cuando la Fiscalía General de Justicia del Edomex y un peritaje independiente concluyó que sí fue víctima de agresión sexual.
Defensa de Roxana apelará sentencia
En entrevista con Cimacnoticias Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, que ha acompañado a Roxana desde el día uno, detalló que la defensa apelará la sentencia y para ello tiene un plazo de 10 días.
Mientras esto se resuelve por parte del Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco , Roxana continuará su proceso en libertad. Sin embargo, también les causa preocupación la suma de dinero que deberá entregar Roxana a la familia del hombre que la agredió como parte de la reparación del daño.
Y es que la jueza Mónica Palomino, además de la sentencia por más de seis años de prisión, dictó el pago de una multa por 196 mil 267 pesos como reparación de daño material y 89 mil 620 pesos como reparación de daño moral a la familia del agresor.
“¿De dónde sacará Roxana esta cantidad?”, cuestiona Elsa Arista. Quien criticó que la juzgadora del Edomex actuó sin perspectiva de género, la cual la obligaba a analizar el contexto en el que vive Roxana y que la orilló a actuar para defender su vida.
“Nunca se actuó con perspectiva de género, nunca se tomó en cuenta la ventaja que tenía él por ser hombre, nunca hablaron de agresión sexual aunque la Fiscalía y un peritaje independiente confirmó que hubo violación. La jueza no planteó la situación en la que se encuentra Roxana, no hizo contexto de la víctima, aún cuando estamos en el Edomex, ella es migrante, pobre y mujer indigena. Se ensañaron con ella, la tomaron como criminal y nunca como víctima”, afirmó Arista.
Mientras tanto, adelantó que las protestas no cesarán. Además, advirtió la necesidad de que en el Estado de México, las candidatas a gobernarlo, no solo entreguen tarjetas rosas a las mujeres, sino que observen la violencia e inseguridad que genera “el sistema podrido de justicia«, expresó la integrante de Nos Queremos Vivas Neza.
“Nos genera alerta el cambio de gobierno, porque sabemos que en miras del poder se hace lo que sea y en medio vamos las mujeres”, sentenció.
El Estado de México, además de ser la entidad más poblada del país, también fue el primer estado donde se decretó una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AGVM) en 2015 por el delito de feminicidio. En ese momento se consideró a 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
En septiembre de 2019 se decretó una segunda AVGM en el Estado de México, en esta ocasión -y por primera vez a nivel nacional- por el delito de desaparición. En este caso los municipios con alerta son: Toluca, Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
Cabe recordar que las AVGM son “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que tienen como principal objetivo hacer frente y erradicar las graves violaciones a los derechos humanos que puedan vivir las mujeres y niñas. El principal objetivo de este mecanismo es garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia”.
Sin embargo, aún cuando en la entidad habitan alrededor de ocho millones 353 mil 540 mujeres y siete millones 834 mil 68 hombres -es decir, ellas representan una mayor proporción- el gobierno estatal poco ha logrado reducir los índices de violencia de género en la entidad. Y por el contrario, criminaliza a aquellas que defienden su vida.
Legítima defensa y violencia contra las mujeres
En México, el pasado diciembre de 2022, el Senado de la República aprobó un dictamente en el que señala «que la violencia física, psicológica y sexual son susceptibles de una legítima defensa cuando se cumplen los extremos de repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho». De esta forma, el proyecto contempla que el Ministerio Público «actúe con criterio amplio, perspectiva de género para determinar la procedencia o improcedencia de la legítima defensa cuando la agresión tenga lugar en un contexto de razón de género, abarcando la violencia física, psicológica, sexual o feminicida».
Sin embargo, esta iniciativa, que tiene por objetivo reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pasó a manos de la Cámara de Diputados, donde aún no ha sido analizada.
Esto pese a que en 2019 se publicó la recomendación «Legítima defensa y violencia contra las mujeres» por parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en la cual se evidenció la desprotección del Estado hacia las sobrevivientes de violencia, quienes en muchos de los casos terminan en prisión por defenderse.
México, al formar parte de los países firmantes de la Convención de Belém do Pará, fue exhortado en dicha recomendación a:
- Aplicar la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a sus agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros.
- Incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la legitima defensa en otro tipo de casos.
Finalmente, la recomendación destaca que la administración de justicia debe hacerse en consonancia con los postulados de la Convención y que, en caso de ser necesario, los Estados deben realizar la armonización legal necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Pese a ello, aún no se cuenta con dicha figura para proteger los derechos de Roxana y otras mujeres mexicanas.
