México se consolida como un país que tortura mujeres privadas de su libertad a través de agentes del Estado, por ejemplo, a nivel internacional desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han emitido tres sentencias condenatorias por los casos de: Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México[1] (2018); Valentina Rosendo Cantú[2] (2010) e Inés Fernández Ortega[3] (2010).
Y en el sistema nacional de Derechos Humanos no es la excepción, se reciben denuncias con respecto de este tipo de violación, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de 2014 al 2022 hay más de 607 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y esta organización ha conocido más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual[4].
En este contexto presentaremos un nuevo caso que se suma a las estadísticas de denuncias contra el Estado mexicano. El testimonio es de Rocío quien dio testimonio a Cimacnoticias de la detención arbitraria vivida junto con su sobrina Brenda, proceso durante cual fueron víctimas de tortura sexual por parte de policías del estado de México, violaciones del derecho humano al debido proceso, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; así como la vulneración del principio de presunción de inocencia.
Y también se compartirá información de cifras que sustentan el contexto de tortura sexual contra mujeres en México, ampliaremos por qué la violencia sexual es usada como un arma contra el cuerpo de las mujeres.
Caso Rocío y Brenda
María del Rocío Vázquez, recluida desde el 22 de enero en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, acusada de un delito que afirma no cometió, relató que ella y sus sobrina Brenda Romero Piña fueron víctimas de tortura sexual, psicológica y física presuntamente por policías de investigación de Nezahualcóyotl, estado de México, encargados de su traslado durante una detención arbitraria.
Rocío de 45 años de edad y Brenda de 32, actualmente se encuentran en detención preventiva con la causa penal 92/2023 con la Carpeta de investigación: NIC:NEZ/NZ3/MP/0360/00128/01, NUC: NEZ/NEZ/NZ3/062/018058/23/01.
Cabe señalar que ya consta un Escrito de Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con folio: 2023/8275 con fecha 21 de enero del 2023 donde se describen estos hechos violatorios que denuncian Rocío y Brenda, en dicho documento señalan como autoridad responsable de los hechos a la policía municipal y personal encargado del Ministerio Público de La Perla Nezahualcóyotl, estado de México.
Todos estos casos y la persistencia de ellos dan cuenta de la vigencia de este tipo de tortura en México, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desarrolló en 2022 el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México.
Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México:
…en un plazo de dos años, elabore un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, que incluya la asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones en el territorio nacional, y establezca plazos anuales para la presentación de informes. En particular, el Estado deberá incluir dentro de las funciones del mecanismo la realización de un diagnóstico del fenómeno de la tortura sexual a mujeres en el país y formular propuestas de políticas públicas de manera periódica.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Y precisamente se especifica desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres que “este delito es mayor cuando se comete contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un instrumento de castigo y sometimiento, y en ese contexto son procesadas penalmente, por tanto, enfrentan doble vulnerabilidad”.
María del Rocío
Es una mujer de 45 años, su familia le dice Chío, es originaria de la Ciudad de México, tiene 4 hijos adultos y un adolescente de 13 años, actualmente está casada con Juan, quien desde la detención ha estado al tanto del litigio.
Rocío antes de vivir esta acusación se dedicaba a la compra y venta de ropa, juguetes y dulces por internet donde exponía sus productos y después de acercaba a alguna estación del metro o algún punto intermedio para la entrega de mercancía.
Hoy, a punto de cumplir cinco meses en el Penal Neza-Bordo, la situación ha alterado su estado de salud porque tiene problemas para controlar su diabetes ante el estrés y vive procesos psicológicos depresivos que incluso la han hecho pensar en quitarse la vida porque no quiere tener una sentencia de hasta 70 años por el delito que la acusan, algo, reitera “que no hizo”.
Rocío antes de iniciar la narración contundente afirma que “miles de cosas que la jueza dice son mentira”. Tajante niega los hechos de los que se le acusa, denuncia que su error fue “correr”.
A continuación la narración, para conocer los hechos de forma cronológica da click en cada una de las pestañas, se organizaron de forma descendente.
Viernes 20 de enero. La detención
Ese sábado 20 de enero del 2023 que fueron detenidas, ambas mujeres, estaban en casa de Rocío en el estado de México; casualmente la visitaba Brenda, su sobrina, quien acompañó esa tarde a su tía, juntas salieron a entregar un pedido de ropa.
A las 17:30-17:45 de la tarde Rocío y Brenda se encontraban en el parque cercano a la calle Cerezos de Ciudad Nezahualcóyotl. Al aproximarse al punto de encuentro ubicaron a dos hombres quienes discutían entre ellos y en un instante se escucharon detonaciones de arma de fuego.
Ellas corrieron para protegerse, pero fueron sometidas, “las golpearon y las robaron”. Esos hombres las subieron a unas camionetas de la Dirección de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, estado de México.
Mientras eran golpeadas, Rocío y Brenda se dieron cuenta que eran policías quienes omitieron el debido procedimiento al arrestarlas y no observaron ningún cuidado diligente, por el contrario, perpetraron violaciones múltiples e inconsistencias en el formato de remisión.
Por ejemplo, Rocío tenía una cadena de oro con su nombre grabado y una cartera, ambas nunca fueron entregadas a sus familiares. Las señaladas nunca tuvieron acceso a la defensa de una abogada o abogado por parte del estado, vivieron una detención violatoria del debido proceso.
Estos policías hombres las intimidaron y torturaron con procesos de asfixia y líquidos para obtener una supuesta confesión de algo que ellas no comprendían. Les exigían decir quiénes las habían mandado.
Durante todo ese tiempo fueron sometidas a tortura física y psicológica hasta las 19 horas que fueron puetas a disposición del Agencia Investigadora del Ministerio Publico de la Perla, Nezahualcóyotl ante la Licenciada Ingrid Clemencia Moreno Sánchez, en su calidad de Agente del Ministerio Publico, adscrita al centro de Justicia de Neza, la Perla.
Hasta el momento a la defensa de Rocío y Brenda, les han negado una copia de los medios de prueba: Prueba Pericial a cargo de la médica legista Dra. María Violeta Barrera Acosta, con fecha de dictamen 22 de enero del 2023, que da cuenta del estado psicofísico por las lesiones que presentaron como golpes, escoriaciones y moretones en diversas partes de su cuerpo.
Tampoco han tenido acceso a las siguientes pruebas: pericial en materia de balística forense; documental y material con fotos del lugar de los hechos y la prueba documental, que consiste en videos que darían fe de la inocencia de Rocío y Brenda.
Durante su estancia en ese primer Ministerio Público, Rocío escuchó que decían los policías: “ellas no son y ya les pegaron bien feo”, incluso el supuesto hombre que las acusaba dijo que ellas no habían hecho nada. Era evidente que se habían extralimitado al exigirles asumir una supuesta falta cometida. Ellas negaban los hechos y el supuesto acusador no las reconocía como victimarias.
No obstante, les respondieron: “el Ministerio Público ya había pasado el informe y que ya no podían echarse para atrás”.
Durante esa noche del viernes 20 de enero Rocío describe que “las metían a unos cuartos” donde continuó la tortura física por parte de quienes tenían delegada la responsabilidad de su custodia y vigilancia.
Al pasar las horas, dos mujeres policías las llevaron al baño donde: “sacaron una pistola y fajos de billetes”; les pidieron que tocaran ambas cosas. Ellas cuestionaron ¿por qué nos piden eso? Se negaron a hacerlo.
Rocío le dijo a la mujer policía: “tú sabías que nosotras no traíamos eso, yo sé que es tu trabajo y te entiendo, pero agarra a quien de verdad haga las cosas”. Para entonces, la mujer policía salió del baño y comentó a alguien afuera que ellas (Rocío y Brenda) no querían tocar nada y una voz se escuchaba decir: “pues pégales”.
Así transcurrió toda la tarde y noche del viernes donde también escucharon de nueva cuenta al supuesto hombre quien acusa a Rocío y Brenda, pero esta vez, había cambiado la versión, dijo que ellas lo querían extorsionar. Cambió la acusación totalmente: “nos tuvieron toda la tarde y la noche. El señor dijo otra historia que supuestamente nosotras lo queríamos extorsionar y que yo llegué junto con mi sobrina y le dijimos: vengo por el dinero y el señor me dijo cuál dinero”.
Según esa nueva versión afirmaba que “Brenda le sacó un arma y que a Rocío le dio el dinero el cual me metió a la bolsa. Al darse la vuelta él las tiró al piso y las sujetó. Luego dos mujeres policías dijeron que iban patrullando y vieron el forcejeo. Entonces fue como encontraron el dinero en el pantalón de Rocío y el arma con su sobrina.
Rocío detalla que todo ese viernes las tuvieron en el Ministerio Público de la Perla donde continuó la tortura física y la tortura psicológica para que tocaran con sus manos un arma. Por la mañana no declararon. Se reservaron su derecho a declarar.
Sábado 21 enero 2023. La Tortura sexual
Luego de permanecer en el suelo durante la noche de viernes 20 de enero, Rocío y Brenda, al amanecer fueron trasladadas del Ministerio Público de La Perla a Los Reyes La Paz, donde fueron recluidas en las galeras, ahí les exigieron que firmaran un documento en el que Rocío aceptaba que le habían encontrado el fajo de billetes durante la detención, pero ella de nueva cuenta se negó.
En este traslado servidores públicos omitieron su tarea de verificar de forma permanente la situación en que se encontraban Rocío y Brenda en su calidad de detenidas.
Al preguntarle a Rocío durante la entrevista ¿Por qué las habían trasladado ahí? Compartió lo que le dijeron: “en La Perla no hay galeras”.
Durante el traslado la violencia en contra de ellas se incrementó. Vivieron tortura física y burlas. En la tarde de ese mismo sábado, llegó otro hombre policía que las iba a llevar a declarar de regreso a La Perla. Llevaban a Rocío, Brenda y otro hombre que había sido detenido por un choque, quien solo esperaba que el seguro pagara para irse.
De regreso a Los Reyes, llegaron dos policías (el apodo se reserva para no vulnerar el debido proceso en la carpeta de investigación por tortura sexual). Durante el traslado ellas escucharon que decían: “iban bien crudos y que habían estado periqueando”.
Una vez en Los Reyes, exclusivamente bajaron al hombre detenido por el choque, pero a ellas no. Una vez que ellas quedaron con 2 hombres policías el auto avanzó.
Hacia la primera calle—recuerda Rocío—en una tienda pintada de color amarillo. Dijeron los policías que se detendrían para comprar algunas cervezas. Buscaron estacionarse en unos árboles cercanos. Uno de los policías se bajó a comprarlas. En tanto Rocío y Brenda permanecían en la parte trasera del auto el cual no contaba con la identificación de una patrulla oficial.
Un hombre quien manejaba se pasó a la parte trasera del auto para quitarle las esposas a Rocío, ella le cuestionó: “¿por qué nos traes paseando?”. Le contestaron que se callara y la amenazaron de “sembrarle droga a su hijo”.
Al momento llegó el otro policía, ya traía cervezas, le puso la pistola en la cabeza a Rocío y la pasó a la parte delantera. Brenda quedó atrás. Nunca pensó que la fuera a torturar sexualmente. Supuso que el reacomodo en las plazas del auto era una situación estratégica de seguridad. Un policía cercano a cada detenida.
Una vez en el sillón delantero, el policía le dijo a Rocío que se recorriera aún más pero un radio intercomunicador en el tablero le impedía el paso; el policía le insistió con amenazas contra su familia: “tu hijo está en la delegación ¿quieres que le hagamos algo?
Aconteció la tortura sexual contra Rocío.
Por política editorial y para evitar la revictimización omitimos cualquier detalle.
Todo esto, tras recibir amenazas para que guardara silencio por lo acontecido y de tomar represalias contra su familia si decía algo de la tortura sexual.
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante indica en su Artículo 24[5] que “Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo”.
Los policías regresaron a Rocío y Brenda a las galeras.
Rocío guardó silencio, le daban miedo esos policías. Los procesos intimidatorios continuaron toda la noche. Los mismos policías que las habían torturado sexual y psicológicamente constantemente entraban al sitio donde estaban ellas para preguntarles curiosos ¿están bien? Acciones percibidas como un amago para que supieran que ellos estaban ahí por si decidían hablar.
Actualmente la familia de Rocío y su abogado siguen a la espera de recibir copias de la solicitud que ingresaron el 6 de junio del 2023 para que les proporcionen las Carpetas de Investigación iniciadas por los delitos de Tortura y Violación, siendo las victimas María del Roció Vázquez Velázquez y Brenda Romero Piña, que incluye las primeras indagaciones realizadas según lo ordenado Yolanda Martínez Castro, jueza de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, estado de México.
Cimacnoticias tuvo acceso a dicha solicitud.
Ingreso al penal. 22 de enero 2023
Dos días después de su detención, para la tarde del domingo 22 de enero del 2023 Rocío y Brenda fueron ingresadas al Penal Nezahualcóyotl Bordo, en el estado de México. A su llegada ellas denunciaron la tortura sexual que habían vivido por parte de policías, no obstante, el médico legista no pudo practicarles estudio pericial alguno.
Ese médico les dijo: que necesitaba contar con “un papel”, para que las pudiera tocar y no sucediera lo mismo, pero no lo tenía. Omitió el examen.
En el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2022 realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) llevado a cabo en 319 centros de detención tanto federales como estatales se expuso que de las mayores problemáticas para las mujeres privadas de su libertad es la falta de acceso a servicios médicos.
De los 319 centros censados por el INEGI, solo 298 cuentan con consultorios médicos y 59 con hospitales; 217 tienen camas hospitalarias y en 212 hay áreas de atención psicológica y psiquiátrica.
Primera Audiencia
Para el lunes 23 de enero Rocío y Brenda tuvieron su primera audiencia y también le hicieron saber a la jueza de la tortura sexual. Ella les respondió: “es mentira”. No creía lo que Rocío y Brenda denunciaban, les negaron su derecho a ser escuchadas.
Por el contrario, la jueza la increpó por aceptar que ellas estuvieron presentes en la calle específica el día de los hechos. Chío lo confirmó, aceptó que sí estaban ahí, que no podía mentir, pero que ellas no están relacionadas con ningún tipo de delito.
Hasta el momento, tajante afirma “no nos hacen caso de nada”, incluso a la parte acusadora nunca lo han visto porque afirma Rocío, “sabe que está mintiendo”.
En la última audiencia la jueza le dijo a Rocío y Brenda que si se declaran culpables les daría una sentencia de 27 años: “vámonos a un juicio abreviado, porque si se van a juicio y las declaran culpables podrían darles una pena de hasta 70 años por el delito de extorsión”.
Ante su defensa tienen sesgos importantes para el caso. Rocío junto con su esposo Juan, acusan que el Ministerio Público les está “escondiendo pruebas en favor de ellas”. Tenían el video donde claramente se ve la hora en que fueron detenidas y que no fueron policías, que no fue a las 6:45 para cubrir todo el tiempo que las trajeron secuestradas y torturadas”.
Admiten que han estado en un peregrinar jurídico entre el Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada para la investigación del Delito de Tortura, de la Fiscalía General de Justicia del estado de México y la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, de la Fiscalía General del Justicia del estado de México, pero aún no tienen avances favorables para Rocío y Brenda.
Es importante conocer que de acuerdo con el Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (octubre, 2021) en México de las 12 mil 625 mujeres privadas de su libertad, en penales federales, estatales y centros de reclusión para adolescentes, 6 mil 564 no tenían una sentencia y están distribuidas en 21 centros penitenciarios femeniles y 124 centros penitenciarios mixtos.
Son el estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Baja California las entidades con mayor número de mujeres en centros penitenciarios.
La vida en el Penal es muy compleja (por decir lo menos) no obstante Rocío aunque atraviesa procesos de tristeza y desesperación sigue trabajando, vende su ropa y cosméticos entre sus compañeras. Juan, su esposo, en los días de visita les lleva elotes y chicharrones para que sus compañeras también vendan.
Rocío no quiere quedarse ahí por algo “que no hizo”.
La familia de Rocío está pagando los servicios del abogado con el trabajo de ella y su esposo Juan. Ya tuvieron que vender una motocicleta y echar mano de un préstamo bancario.
Han estado yendo a ver constantemente la situación de la Carpeta de Investigación por Tortura y afirma Juan, su esposo, que “solo le hacen dar vuelta”. Igual sucede con la de la violencia sexual en Nezahualcóyotl. Les dicen que han tenido mucho trabajo y que no han podido darles las copias de la investigación.
Juan afirma: “voy a llegar hasta donde tenga que llegar”.
Sigue la cobertura de Cimacnoticias dará al caso de Rocío y Brenda.
En este punto es crucial la diferenciación en la tortura sexual contra mujeres, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos pide que al “mirar la sistemática violencia contra las mujeres y los crímenes de género a través de la lente de la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, se manifiesta el impacto avasallador que estas crueldades generan en la integridad física de las mujeres, así como en su salud mental y su dignidad humana”.
Y esto no permite entender que “la violencia y los crímenes por razones de género son el resultado de una misoginia cultural rampante, frecuente y equivocadamente justificada o tolerada en nombre de la tradición, la cultura o la religión. La violencia sexual y el tormento mental del que niñas y mujeres son sujeto tanto en lo privado como en lo público refuerza el estatus subordinado de las mujeres y es muestra del control patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres y su sexualidad[6]”.
Para documentar datos, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad[7](ENPOL) en México durante el 2021 detalla que el 41 por ciento de las mujeres detenidas por la Marina fueron agredidas sexualmente y el 21 por ciento de las detenidas por el Ejército también. En tanto, el 48 por ciento de todas ellas declararon haber sido torturadas y el 48.8 por ciento sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público.
En el 2018 Word Justice Project, estimó por medio de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, que ocho de cada diez mujeres detenidas en México entre 2009 y 2016[8] fueron víctima de tortura antes de presentarlas ante un juez[9].
En materia de impunidad la situación escala sin escrúpulos, en el 2020 la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura[10] perteneciente a la Fiscalía General de la República informó que de las 4 mil 415 investigaciones iniciadas, únicamente dos fueron llevadas ante un juez para realizar un juicio y del 1 de septiembre de 2019 al 15 de julio de 2020, solo se obtuvo una sentencia condenatoria contra responsables de tortura.
Esto a pesar de que existe desde 1994 la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de México y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente en México a partir de 2018.
Estos señalamientos han permitido observar que la tortura sexual llevada a cabo por elementos de las fuerzas del orden “adopta múltiples formas y viene acompañada de la reproducción de estereotipos asociados a los roles de género heteronormativos que conllevan el despliegue de técnicas de humillación diseñadas para aumentar la vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer”[11].
El mismo Pro Juárez, informó que el relator sobre Tortura de la ONU, Juan Méndez, en su visita a México en abril del 2014 confirmó que la tortura es una práctica “generalizada” en todos los niveles.
Agregó que “el uso de la tortura y los malos tratos aparecen excesivamente relacionados a la obtención forzada de confesiones” y notando “con preocupación el elevado número de alegaciones relacionadas con la fabricación de pruebas y la falsa incriminación de personas como consecuencia del uso de la tortura y los malos tratos.”
En esa misma visita, expresó que le preocupaba el “uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas”, confirmando que la “mayoría de estos casos no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad”.
[1] La sentencia, con fecha 28 de noviembre de 2018, puede encontrarse en: https://bit.ly/2YNbGi4
[2] Sentencia: 31 de agosto del 2010. https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=339
[3] Sentencia: 25 de noviembre del 2010.
[4] 29 de estas historias de mujeres encuentran de manera detallada en Mujeres con la Frente en Alto. Informe sobre la Tortura Sexual en México y la Respuesta del Estado, publicado en 2018. https://bit.ly/3mt1wen
[5] https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST.pdf
[6] https://hchr.org.mx/comunicados/mirar-los-crimenes-de-genero-a-traves-la-lente-de-la-tortura/
[7] https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
[8] ste dato corresponde a 5 mil 227 mujeres de un total de 6 mil 322 procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común, con año de detención entre 2009 y 2016. Incluye a las mujeres que respondieron “no sabe” o “no responde” a la pregunta sobre año de arresto.
[9] Disponible en: https://worldjusticeproject.mx/en-nombre-de-la-justicia-tortura-sexual-a-mujeres-en-mexico/
[10] Primer Informe Anual de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Página 55. https://bit.ly/3BhOR3U
[11] Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/relaciones-institucionales/documentos/sabias-que/Sab%C3%ADas%20que%20-%20Tortura%20-%20sexual-%20Agosto.pdf
