El martes 28 de julio se presentará en el Congreso del Estado de México la iniciativa de ley “Mariana Lima Buendía”, la cual tiene por objetivo crear el delito de “Negación de la justicia por razones de género” para sancionar con hasta seis años de prisión al servidor público que incurra en omisiones, corrupción, negligencias u obstrucciones en investigaciones por casos de violencia contra las mujeres. Además, dichas reformas pretenden modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la entidad, para que el Poder Judicial reparé el daño provocado a cualquier mujer víctima del delito que se pretende añadir al Código Penal local.
En conferencia de prensa, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima -una joven abogada que fue asesinada en 2010 en Chimalhuacán, Estado de México- junto al asesor en derechos humanos y género, Pablo Navarrete Gutiérrez, y la directora de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, detallaron que este es el primer paso para sancionar las omisiones de los servidores públicos, para reparar los daños causados además de la promoción de un cambio social y cultural, el cual, esperan, se realice a nivel federal.
El camino hacia la iniciativa “Mariana Lima Buendía”
El 28 de junio de 2010 Mariana Lima fue asesinada por Julio César Hernández Ballinas, con quien se encontraba casada. El feminicida, quien trabajaba como policía ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, aseguró que Mariana se había quitado la vida, pese a que las pruebas indicaban que él la agredía física, sexual y emocionalmente.
Las autoridades respaldaron esta versión por años, pues continuamente mostraron falta de debida diligencia en el caso, además de omisiones y negligencias. Ante ello, la familia de Mariana Lima emprendió una batalla para demostrar que la joven había sido asesinada.
Fue así como el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se logró que el 25 de marzo de 2015 el máximo tribunal del país dictara la sentencia histórica “Mariana Lima Buendía”, a partir de la cual se ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio, juzgar con perspectiva de género y lo más elemental: reabrir el caso de Mariana.
Finalmente, tras 12 años en tribunales, 120 audiencias reprogramadas, amenazas hacia la familia y un desplazamiento forzado interno, el pasado mes de marzo de 2023 el Poder Judicial del Estado de México sentenció a 70 años de prisión a Julio César Hernández Ballinas.
Con este camino recorrido, Irinea Buendía, madre de Mariana, inició una Caravana Nacional para difundir la sentencia de la SCJN, pues, aunque esta se publicó hace más de ocho años y es de aplicación obligatoria, las instituciones de procuración y administración de justicia en muchos estados del país no la conocen o no la aplican.
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz fueron los primeros 16 estados a los que acudió Irinea Buendía, la madre que se ha convertido en un referente a nivel nacional por nunca abandonar su exigencia de justicia.
En estados como Baja California o Aguascalientes, “nadie me abrió la puerta”, señaló la madre de Mariana Lima. En las entidades donde sí tuvo oportunidad de platicar con diputadas, diputados y operadores de justica pudo notar que “siguen existiendo los mismos vicios y mismos vacíos en todas las carpetas de investigación” al momento de investigar un caso de feminicidio.
“Es sistemática está violencia, las autoridades siguen enviando el mismo mensaje a los feminicidas, de que puede haber corrupción, simulación, tolerancia, omisiones, falencias, negligencias y qué importa, si finalmente el Poder Judicial se niega a reconocer nuestras luchas. Pero vamos a seguir insistiendo”, señaló Irinea Buendía.
De las 16 entidades visitadas destacó que, en dos casos, San Luis Potosí y Durango, se mostró apertura y diálogo para abordar los casos de feminicidio realizando investigaciones con perspectiva de género.
“En Durango las autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial se comprometieron a incorporar los tres efectos de la Sentencia Mariana Lima en su universidad judicial”, añadió la también defensora por los derechos de las mujeres. Mientras que, en San Luis Potosí, Irinea Buendía fue recibida por el pleno de magistrados, quienes también se comprometieron a ejercer de forma competente.
Luego de 34 mil kilómetros recorridos, la madre se percató de todas las falencias, por lo que junto a especialistas decidió elaborar una iniciativa con la que busca poner fin a la “simulación peligrosa” que presume la reducción de casos de feminicidio; sin embargo, “la realidad es que no son investigadas con perspectiva de género” todas las muertes violentas de mujeres, lo que provoca que sean catalogadas bajo otros delitos, como homicidio doloso o incluso suicidio, sentenció.
Estado de México, el primer congreso donde se presentará la ley “Mariana Lima Buendía”
El Estado de México, mismo donde Mariana Lima fue víctima de feminicidio y su madre enfrentó toda serie de negligencias por parte del Poder Judicial, será el primero donde se presente esta iniciativa.
Cabe destacar que en Edomex, tan solo durante los primeros cinco meses de 2023, se registraron un total de 175 muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente 42 se investigan como feminicidio, lo que coloca a la entidad como la más peligrosa para las mujeres a nivel nacional.
Ello aun cuando El Estado de México fue el primer estado donde se emitió una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 2015 por el delito de feminicidio. En ese momento se consideró a 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
Además, en septiembre de 2019 se decretó una segunda AVGM en el Estado de México, en esta ocasión -y por primera vez a nivel nacional- por el delito de desaparición. En este caso los municipios con alerta son: Toluca, Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
Pese a este contexto, las autoridades poco han hecho para poner fin a la violencia feminicida. Por ello, la iniciativa “Mariana Lima Buendía” busca incorporar al Código Penal local el delito de “Negación de la Justicia por Razones de Género”:
Artículo 153 bis.- Comete este delito el servidor público de los órganos de procuración y administración de justicia que, estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.
A los responsables de este delito se les impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa y será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.
Además, se pretende incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México como competencia del Poder Judicial local “investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes”.
También se establece como derecho de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a que se le reparé el daño realizado por las autoridades “e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas, específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia” que no estaba contemplado en dicha ley.
“Esta propuesta de reforma tiene como propósito superar la impunidad en la que se encuentran la mayoría de los casos de feminicidio en el país y el alarmante incremento de muertes violentas de mujeres”, señala el comunicado de prensa entregado durante la presentación de la iniciativa a medios de comunicación.
Buscan sancionar a funcionarios públicos a nivel federal
Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado que acompaña a Irinea Buendía, detalló que el objetivo es llevar estas modificaciones a nivel federal, reformando el Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir como obligación del Ministerio Público, de la policía, jueces y magistrados, que se “investigue con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes”, tal como lo ordena la sentencia de la SCJN.
A nivel federal también se espera añadir el delito que permita sancionar a servidores públicos a través del Código Penal:
Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, los siguientes:
XXXVIII. Estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.
A quien lo cometa se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.
Estas modificaciones también incorporarían a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de la Fiscalía General de la República de “Investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres” e informar anualmente al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sobre los programas y cursos permanentes de capacitación a agentes del Ministerio Público, peritos y personal que atiende a víctimas, en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género.
