Inicio AgendaLibres de Violencia Inconsistencia en la protección a víctimas por no tipificar delito de «violación a menores de edad» en Jalisco

Inconsistencia en la protección a víctimas por no tipificar delito de «violación a menores de edad» en Jalisco

Por La Redacción

A casi cinco años de la Declaratoria por Violencia de Género en el estado de Jalisco y siete años del informe que recomendó derogar el tipo penal de abuso sexual infantil y tipificar el delito de violación a personas menores de edad en el Código Penal de Jalisco, esto aún no se realiza, lo que ha provocado ambigüedades e irregularidades en los casos que terminan por afectar a las víctimas. 

En el marco del Día Mundial y Estatal de la Salud Sexual, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Ddeser Jalisco alzaron la voz para visibilizar la problemática que afecta a niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Jalisco y externar su preocupación por la falta de claridad legislativa en el Código Penal en materia de delitos sexuales.

La violencia sexual, definida como cualquier acto sexual cometido en contra de la voluntad de otra persona, “es una manifestación extrema del abuso de poder”, particularmente en una sociedad patriarcal. Según datos de ONU Mujeres, en México, el 90 por ciento de los delitos sexuales tienen como víctimas a mujeres y niñas,

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha informado que en los últimos 19 meses se han denunciado 10 mil 52 delitos sexuales en Jalisco, de los cuales seis mil 20 son abusos sexuales y 896 son violaciones sexuales. A pesar de los esfuerzos y recomendaciones previas, el Código Penal del estado aún presenta una serie de irregularidades que requieren una reforma urgente.

Fotografía: Facebook OCNF

Ambigüedad en el Código Penal de Jalisco

A través de un comunicado, el OCNF detalló que, en particular, existe un grave problema relacionado con el artículo 142-M del Código Penal, que aborda el abuso sexual infantil, y su relación analógica con el artículo 175, que trata la violación. Las irregularidades son notorias:

1. Ambigüedad en la definición de conductas prohibidas. Ambos tipos penales sancionan exactamente la misma conducta, es decir, «la cópula» sin consentimiento.

2. Inconsistencia en la protección a víctimas menores de edad. Mientras que el tipo penal de violación establece que la víctima puede ser cualquier persona de cualquier sexo o alguien que carezca de capacidad para comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, el artículo 142-M considera estas situaciones bajo el tipo penal de abuso sexual infantil, imponiendo penas mucho menores.

3. Falta de claridad en las penas. El tipo penal de violación establece penas más severas (de 8 a 20 años), mientras que el de abuso sexual infantil impone sanciones considerablemente menores, lo que resulta en una injusticia para las víctimas.

CIMACFoto: Diana Hernández Gómez

Para el OCNF y Ddeser, la ambigüedad de los tipos penales, y falta de atención a la armonización del Código Penal del Estado de Jalisco en materia de delitos sexuales, no es únicamente un problema legislativo, sino un problema que impacta negativamente en la política pública estatal de atención a víctimas, que tendrían que atender a las recomendaciones derivadas de la Alerta por Violencia de Género en la entidad, en distintas esferas, la cual contempla: 

“La revictimización de niñas y adolescentes que se les exige ser legalmente consideradas víctimas de violación, para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, de manera inmediata”. 

Por ello, el OCNF y Ddeser hacen un llamado urgente al Poder Legislativo y al gobernador Enrique Alfaro a reformar el Código Penal de Jalisco para abordar estas irregularidades y hace las siguientes recomendaciones:

1. Armonización legislativa: Revisar y reformar el Código Penal para que se ajuste a los estándares Internacionales en materia de derechos humanos sexuales y reproductivos, y garantizar penas proporcionales a la gravedad de los delitos sexuales.

2. Documentación y transparencia: Establecer mecanismos para registrar y transparentar el número real de niñas y adolescentes víctimas de violación, lo que permitirá desarrollar políticas públicas eficaces de prevención y atención.

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