Acosada desde la tribuna presidencial y amenazada por una mayoría legislativa sometida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confirmó esta semana su relevancia para el avance y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos.
Esto, al determinar que la prohibición y criminalización del aborto son inconstitucionales y al ordenar que se elimine el delito de aborto en el Código Penal federal, fortalece y reafirma el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, autonomía que se va logrando mediante una lucha constante contra obstáculos impuestos por grupos conservadores y, paradójicamente, por un sistema de justicia y un sistema de salud renuentes a reconocer la libertad de las mujeres y su derecho a decidir sobre su maternidad.
Una de las consecuencias más importantes de esta sentencia es la obligación del sistema de salud federal de llevar a cabo la interrupción legal del embarazo cuando las mujeres así la soliciten. Este era un gran pendiente desde 2007-2008, cuando se dio la despenalización en la Ciudad de México.
Como si se tratara de feudos o islas en un limbo, no se obligó entonces a los hospitales federales a cumplir con la legislación local. Por fin, una vez que se modifique el código penal, el IMSS ,ISSSTE y PEMEX tendrán que acatar la normativa relativa a la ILE, lo que dará una vía de atención (amparo mediante) a las mujeres que viven en estados con una legislación restrictiva (Véase CIMAC, 6 de septiembre; Animal Político, 7 de septiembre).
Si por un lado ésta es una gran noticia y podemos felicitarnos por tener una Corte que, en congruencia con sus decisiones más recientes, se ha pronunciado en defensa de la libertad y los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y la maternidad, por otro lado, no podemos (feministas, defensoras de las causas de las mujeres, ciudadanas) suponer que las determinaciones de la Corte se convertirán automáticamente en realidad.
Seguimos a la espera de que el Congreso nombre a nuevas integrantes del INAI y lleve a cabo reformas que debería haber aprobado hace tiempo. Los estados que mantienen una legislación restrictiva pese al fallo de la SCJN sobre el caso de Coahuila el año pasado, probablemente se resistirán bajo el argumento del federalismo o de la “defensa de la vida” (que incluye detener la violencia feminicida ni homicida, paradójicamente).
Una vez más, por tanto, será necesario reconocer los avances simbólicos que representan las sentencias de la SCJN y seguir trabajando para que se traduzcan en leyes que garanticen los derechos de niñas y mujeres – en este caso la reforma al Código penal y a las leyes estatales. Esto implica presionar a “nuestros” representantes en las Cámaras, tarea por demás complicada en año electoral y con una Lesgislatura federal poco dispuesta a escuchar a la ciudadanía, y fortalecer redes nacionales de apoyo para lograr cambios definitivos en las legislaciones estatales, empresa también compleja.
Al mismo tiempo, y quizá más importante, habrá que seguir exigiendo que en todos los estados se cumpla la normativa que permite un aborto legal en caso de violación y se garantice este derecho a todas las mujeres y las niñas conforme a las leyes estatales.
Como sabemos, la fuerza de la ley no ha bastado para que el personal de salud y las autoridades hospitalarias la cumplan; tampoco ha sido suficiente para garantizar el abasto adecuado de medicamentos ni la calidad de los servicios en todo el país. Asegurar que en la práctica se garanticen los derechos ya ganados es indispensable para que los nuevos logros se hagan realidad.
En el mismo sentido, es importante que, ante el próximo anuncio del Proyecto de Presupuesto Federal de Egresos (PPEF) para el 2024, exijamos un cambio en la política que privilegia los programas sociales sin perspectiva de género y que ha distorsionado el sentido del Anexo 13.
Los continuos recortes al presupuesto para los programas orientados a favorecer la igualdad y en particular para la Salud Sexual y Reproductiva dañan a las mujeres y niñas, sobre todo a las que viven en condiciones más precarias. A estos recortes se añaden subejercicios y desviaciones de recursos que atentan contra el derecho a la salud. Sin recursos suficientes no hay política pública efectiva; sin recursos suficientes y bien administrados no podrán ampliarse en la realidad los derechos de las mujeres protegidos por la SCJN, por los que tantas mujeres, pasadas y presentes, hemos luchado.
