Ciudad de México.- En nuestro país, los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que actualmente contempla más de 111 mil personas desaparecidas, se están actualizando sin seguir el Protocolo Homologado de Búsqueda y los estándares internacionales, acusó el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), por lo que llamó a las autoridades mexicanas a asegurar la transparencia de la metodología. La recomendación anterior se da a 42 días de que la Comisión Nacional de Búsqueda se quedara sin titular y en medio de la incertidumbre para miles de familias que buscan a sus seres queridos.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada emitió el pasado 3 de octubre sus observaciones sobre Mauritania, Nigeria, México y los Países Bajos después de revisar a los cuatro Estados parte durante su último período de sesiones.
Las observaciones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como aspectos positivos.
En el caso de México, además de la falta de transparencia en la metodología para registrar los casos de desaparición, el Comité también subrayó que México debe establecer mecanismos que aseguren la participación de los colectivos de víctimas y adoptar medidas para evitar su revictimización y proteger la seguridad de la información contenida en el Registro.
El Comité expresó su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, con su consecuente bajo número de condenas y una impunidad casi absoluta.
Por lo que instó al Estado parte a garantizar la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de las denuncias de desapariciones forzadas, pero también de las desapariciones cometidas por personas o grupos que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. También pidió a México actuar con la debida diligencia en todas las etapas del proceso, perseguir y sancionar a los responsables con las penas adecuadas.
«México debe adoptar e implementar urgentemente una política nacional e integral de prevención y erradicación de las desapariciones que incluya al menos las cuatro condiciones mínimas y las diez medidas prioritarias identificadas en el informe del Comité sobre su visita al Estado parte, y que cuente con un sistema de monitoreo transparente con indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados», añadió el organismo.
Las personas especialistas también señalaron la necesidad de diseñar e implementar una campaña nacional de concientización y sensibilización sobre las desapariciones dirigida a toda la población, incluso en las escuelas y medios de comunicación, con el fin de, entre otros objetivos, informar sobre los mecanismos de denuncia, y combatir la estigmatización a la que se enfrentan las víctimas.
Participación de las víctimas en la búsqueda y la investigación
El Comité expresó su preocupación sobre que los familiares y allegados de las personas desaparecidas en general continúan encargándose de la búsqueda (en campo y en vida) e investigación que le competen al Estado. Además, criticaron las dificultades de acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen.
El Comité recomienda al Estado parte:
- Garantizar la participación de los familiares, allegados, representantes de las personas desaparecidas, y organizaciones de la sociedad civil en los procesos de búsqueda e investigación, sin que ello implique que dichas personas se deban encargar de los mismos, ni que tengan la responsabilidad de producir las pruebas para la investigación
- Asegurar que los colectivos de madres buscadoras y otros actores de la sociedad civil involucrados en los procesos de búsqueda siempre cuenten con el acompañamiento de personal capacitado, y asegurar la identificación, investigación, resguardo y seguimiento de los hallazgos que encuentren;
- Velar por que los familiares, allegados y representantes de las personas desaparecidas puedan acceder de manera efectiva a los expedientes de investigación y sean informados de manera completa, oportuna y respetuosa acerca de la evolución de dichos procesos
- Fortalecer los espacios de diálogo, consulta y de participación de los familiares de las personas desaparecidas, en particular aquellos relacionados con reforma legislativa y con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política pública en la materia.
Finalmente, el Comité recordó que se encuentra pendiente el nombramiento de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda, también recordó que hay ausencia de Consejos Ciudadanos de Búsqueda en 19 Estados y que es el insuficiente presupuesto de las instituciones a cargo de la búsqueda.
