Ciudad de México.- María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, exigió al Poder Judicial de la entidad que remueva a la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, acusando parcialidad en el caso, falta de sensibilidad, omisión a peticiones, resoluciones pasadas carentes de perspectiva de género y “presuntos nexos con la defensa el Juan Antonio V.C”, preso por ser autor intelectual de la tentativa de feminicidio contra la saxofonista y que además continúa buscando recursos para recuperar su libertad, aseguró la abogada Diana Cristal González Obregón.
En conferencia de prensa realizada este 4 de octubre en el patio central del Senado de la República, tanto María Elena como su abogada señalaron que María Teresa Quevedo ha violentado los derechos de la víctima, “ignora peticiones y no responde sobre las opiniones extrajudiciales que esta jueza emitió ilegalmente”. A lo anterior se suma el hecho de que víctimas han señalado a Quevedo Sánchez por beneficiar en distintas ocasiones a perpetradores de violencia.
“Después de cuatro años y 25 días seguimos esperando un juicio. Pedimos que la jueza sea removida, que no lleve el caso de mi representada. Hemos demostrado que existe impunidad, corrupción”, aseguró González Obregón, quien además detalló que se han enfrentado a personal carente de perspectiva de género, audiencias de más de 10 horas en las que ni siquiera se les permite comer o salir al sanitario.
Cuatro jueces en el caso, pero sin avance hacia la justicia
A cuatro años de que fuera víctima de tentativa de feminicidio, el caso de María Elena ha pasado por tres jueces y actualmente está en manos de una jueza, a quien recientemente señaló por su cercana relación a la defensa de su agresor, pero también por haber beneficiado a perpetradores de violencia en otros casos.
El primer juez en el caso fue Victor Jorge Luiz Velasco Castellanos, “a quien le tembló la mano para vincular a proceso a Juan Antonio V.C y en todo momento me negó mis derechos fundamentales”, asegura María Elena Ríos.
El segundo juez, Alfredo Bautista, “quien en pocos meses llevó a cabo lo que el primer juez se negó a hacer”. Sin embargo, en 2022, “de manera sorpresiva impusieron a Teódulo Pacheco Pacheco, ya conocido, quien abrazó las peticiones de la defensa”, lo anterior para intentar dejar libre a V.C.
Actual jueza señalada por favorecer a agresores
Ahora el panorama con la jueza María Teresa Quevedo Sánchez no es el mejor, ya que María Elena no ha visto un avance real en su caso que la encamine finalmente a alcanzar la justicia y una reparación del daño.
La abogada de María Elena Ríos, Diana Cristal González Obregón, advierte un riesgo para el proceso y la vida de su defendida ya quer señaló que autoridades le están haciendo la petición para que tanto ella como María Elena Ríos acudan de manera presencial al estado de Oaxaca para continuar con el seguimiento del caso, dejando de lado que el pasado 15 de septiembre fueron víctimas de un atentado.
A lo anterior se suma el temor por las constantes ocasiones en que la jueza ha actuado en beneficio de perpetradores de violencia en la entidad de Oaxaca. Por ejemplo, en marzo de 2023 la jueza María Teresa Quevedo Sánchez otorgó la libertad a Daniel Torralba Sánchez presunto responsable del feminicidio de Joselyn Vargas Ortíz, desaparecida en 2018 y localizada sin vida en el año 2020.
La misma jueza en marzo de 2022 exoneró a tres hombres vinculados a proceso por el delito de desaparición de Sayra Morales Loyola.
Así mismo estuvo señalada por la reclasificación del delito en favor de la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta quien fue sentenciada por obstrucción de la justicia en la búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu, quien fue desaparecida en marzo de 2021 y al día de hoy continúa sin ser localizada.
Las anteriores decisiones han provocado temor en María Elena, a quien le preocupa que su agresor quede en libertad, pues esto supondría un riesgo para ella, su abogada y su familia.
“Solo quiero justicia, no venganza”, sentenció la saxofonista.
Al día de hoy solo Juan Antonio V. C. (autor intelectual del ataque con ácido) se encuentra en prisión preventiva justificada; sin embargo, su hijo, Juan Antonio Vera Hernández (otro autor intelectual, está prófugo). Rubén L. y Rubisel Hernández, autores materiales, también se mantienen en prisión preventiva, pero Ponciano Hernández -otro implicado en el caso- falleció en la cárcel.
