Ciudad de México.- Para 2024, informó Rita Bell López Vences, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), se plantea la postulación de 12 fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en la Representación Proporcional y los partidos políticos nacionales o coaliciones. Deberán asignar al menos cinco fórmulas conformadas por integrantes de los pueblos originarios por cualquiera de los dos principios.
Es importante señalar que el derecho indígena comprende dos ordenamientos jurídicos distintos: el de usos y costumbres y los Sistemas Normativos Indígenas, los cuales se encuentran en una relación de coordinación basada en derechos y obligaciones.
Actualmente solo en cinco estados existe renovación de autoridades municipales mediante Sistemas Normativos Indígenas: en 417 municipios de Oaxaca. En Morelos, en las localidades de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, así también en Oxchuc, Chiapas; en Ayutla de los Libres, Guerrero y en Cherán, Michoacán.
Durante el foro estatal que presidió Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Rita Bell López, resaltó la importancia de la participación de los grupos minoritarios en el Proceso Electoral Federal (PEF) y concurrente 2023-2024, ejerciendo sus derechos, pero también cumpliendo con sus obligaciones.
Lamentó las problemáticas que enfrentan las y los indígenas por la falta de participación en la vida pública y política a nivel nacional, en buena medida originada por la carencia de una política electoral de interculturalidad que promueva la participación consciente y en igualdad de condiciones y oportunidades, la usurpación de espacios para personas indígenas y la falta de recursos económicos y de acceso a radio y televisión.
Ante Consejeras y Consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPL) de Chihuahua, López Vences describió la evolución de las cuotas indígenas y las medidas afirmativas establecidas desde 2005, año en que, de los 300 distritos electorales, se consideraron 28 preponderantemente indígena.
Posteriormente, añadió, en el periodo electoral 2017-2023 se autorizaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular denominadas indígenas, mediante el cual se incluyó a candidatas y candidatos que se autoadscribieran como indígenas.
En el año 2020, recordó la Consejera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó las acciones afirmativas emitidas por el INE; de lo anterior, se desprendió que tres de las cinco listas de Representación Proporcional fueran encabezadas por mujeres.
De igual forma, en 21 de los 28 distritos catalogados por el INE como indígenas, los partidos políticos postularon a personas calificadamente como tal.
En 2021, mediante el proceso de consulta indígena, se crearon 44 distritos electorales federales indígenas y afromexicanos. En Guerrero resultó un distrito electoral mayormente con población afromexicana, señaló.
Además, se otorgaron cuotas para cinco grupos en situación de discriminación (indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero), entre ellas, a personas indígenas con 21 fórmulas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.
En tanto, a las personas afromexicanas se destinaron tres de mayoría relativa y dos de representación proporcional.
Rita Bell López Vences, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que se mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas en México respecto del ejercicio de sus derechos político-electorales, así como representación de los cargos de elección popular.
Con Juicio Ciudadano, mujeres indígenas y afro de Oaxaca piden rectificar lineamientos del INE
Con información de Citlali López Vázquez
Oaxaca.- Integrantes del Observatorio Estatal de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas presentaron una demanda de juicio ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta acción legal se dirige contra el Acuerdo INE/CG527/2023 debido a su contenido al considerar que contraviene el principio de certeza electoral.
Las mujeres indígenas y afromexicanas argumentan que el acuerdo no establece un número definido de candidaturas para cada uno de los cinco grupos en situación de vulnerabilidad, lo que permite a los partidos políticos favorecer a un grupo sobre otro y socava la igualdad sustantiva. Esto, afirman, va en contra de los principios fundamentales de legalidad, imparcialidad, objetividad y no discriminación.
Y es que parte del acuerdo establece que para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero, los partidos deberán postular 20 fórmulas a diputaciones y 4 a senadurías.
En una conferencia de prensa, las integrantes del MUJINAF (Movimiento de Mujeres Indígenas y Afromexicanas) expresaron su deseo de que se revoque el acuerdo actual y se promulgue uno nuevo que maximice los derechos políticos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas.
Además, instaron a los partidos políticos a cumplir con las medidas especiales y a garantizar que los órganos encargados del proceso electoral promuevan activamente la representación política de mujeres indígenas y afromexicanas.
En medio de esta acción legal, también manifestaron su preocupación por la crisis institucional que enfrenta el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) al comienzo del proceso electoral. La suspensión temporal de Elizabeth Sánchez González, presidenta de dicho instituto y la primera mujer en ocupar dicho cargo, ha generado inquietudes.
Las demandantes consideraron que la acción del órgano de control interno, que no está dentro de sus atribuciones, constituye una forma de violencia institucional. Además, señalaron que el Consejero Presidente Provisional, actualmente es un hombre, lo que viola los principios de género que establecieron: cuando una mujer es removida de un cargo, su suplente debe ser del mismo sexo.
Antecedente
El pasado 21 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que on la reciente modificación al modelo de acciones afirmativas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo haber ampliado la cobertura de representación para los grupos más “desaventajados” de México: las personas en pobreza e indígenas de todo el país, aseveró el Consejero Arturo Castillo Loza.
Al impartir la conferencia La importancia de las acciones afirmativas en la garantía de los derechos político-electorales, Castillo Loza estableció que aun cuando el principio de igualdad y no discriminación está postulado en la Constitución, en el Consejo General hubo de ponderarse con otros tres preceptos: de representación efectiva, de oferta política y de auto organización de los propios partidos políticos.
Fue así que, en el caso de las personas indígenas, en la Cámara de Diputados deberá haber una cuota de representación de 30 curules, 18 de Mayoría Relativa y 12 de Representación Proporcional, mientras que habrá representación en otros 20 espacios, 12 de Mayoría Relativa y ocho de Representación Proporcional, para migrantes residentes en el extranjero, personas en pobreza, de la diversidad sexual, con discapacidad y afromexicanas.
Del mismo, en el Senado -explicó el Consejero Electoral- las acciones afirmativas aprobadas permitirán el acceso de 10 personas más, cinco indígenas en cualquiera de los dos principios, así como una fórmula para personas afromexicanas, otra para personas con capacidades diferentes, una más de la diversidad sexual y de migrantes residentes en el extranjero.
