Ciudad de México.-Hasta el 2028 la Fuerza Armada podrá realizar tareas de seguridad pública en el país, y las consecuencias ya se sienten: aumento en la violación a los derechos humanos de personas y comunidades, impunidad, corrupción, opacidad en la rendición de cuentas y la violencia continúa.
La segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) focaliza el análisis sobre el proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización de la seguridad en este sexenio.
El documento indica que la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones:
1. La relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia;
2. La vinculada con que este despliegue castrense suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos y,
3. La asociada con que el fortalecimiento del sector militar puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.
Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la preeminencia castrense que ya se ha plasmado este sexenio en reformas legales trasciende a esta administración.
“El proceso que ha proporcionado mayores facultades y más amplias en una diversidad de campos a las Fuerzas Armadas, no tienen un contrapeso mínimo en mecanismos de control civil y de rendición de cuentas, exponiéndolo a mayores riesgos de corrupción y politización”.
El informe analiza detalladamente más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense y retoma la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre “las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las fuerzas del orden”, anunciada en el 2019 en el más reciente exámen periódico de México. La militarización nunca es la solución.
“La violencia en México no ha disminuido en los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto que se contuvo el crecimiento exponencial con que cerró la administración anterior –específicamente respecto de los homicidios y sin que pueda soslayarse que por la pandemia del covid-19, se trata de años con características especiales. Así, los años 2019 y 2020 volvieron a concluir con más de 35,000 homicidios”.
En este sentido, desde la perspectiva de un centro de derechos humanos que acompaña víctimas, es esencial abrir la discusión de esta realidad y recordar que en México urge un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.
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Impunidad militar
El informe señala que “en México urge un proceso de fortalecimiento de controles civiles externos para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir cabalmente las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar”.
Esto debido a que los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han seguido debilitando. Hasta el 4 de julio de este año, el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional ascendían a 11,186, en 449 expedientes se dio vista a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad disciplinaria, en 320 se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados y en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en casos penales. Sin embargo, en ningun caso se acreditaron sanciones suficientes e idóneas para los perpetradores.
Identifica casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que confirman cómo las graves violaciones a derechos humanos no se han erradicado. Y peor aún, las instituciones externas de control, que deberían activarse, no han estado presentes: ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han anunciado investigaciones exhaustivas y, por consiguiente, menos aún los resultados de éstas, en seguimiento a los casos y denuncias.
“El silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios”, indica el informe.
Tanto la CNDH como la FGR continúan dando muestras de autoinhibición cuando se trata de investigar a los castrenses. Además, en el caso de la FGR, las cifras de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos son similares. El historial refrenda una prácticamente nula capacidad de investigación ante denuncias por abusos castrense.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares reportó tener 97 investigaciones (averiguaciones previas o carpetas de investigación) en las que se señala la presunta participación de elementos de las Fuerzas Armadas en desapariciones; sin embargo, en los últimos años sólo ha ejercitado acción penal en 5 investigaciones contra elementos de esta extracción castrense.
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Tortura reporta que cuenta con 2,125 averiguaciones previas en las que se señala a elementos de las Fuerzas Armadas como responsables de tortura; 1,466 contra servidores públicos de la Sedena y 659 contra elementos de la Semar. Adicionalmente, reportó 207 carpetas de investigación donde se acusa de este delito a activos castrenses; 133 contra elementos de la Sedena y 74 contra elementos de la Semar. No obstante, esta Fiscalía sólo ha obtenido una sentencia condenatoria de 2015 al 2021.
Control castrense, una preocupación de siempre
Desde su fundación, el 1988, el Centro Prodh ha documentado y denunciado los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, pese a que discursivamente las autoridades en turno afirmaban su subordinación plena a las autoridades civiles.
En los años noventa, tras el levantamiento zapatista en Chiapas y la irrupción de otras organizaciones armadas en Guerrero y Oaxaca, el centro constató que la lógica contrainsurgente de la «Guerra Sucia» no había sido desmantelada. En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando fue modificado el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para dar un lugar a las Fuerzas Armadas, advirtieron que era un paso hacia la militarización.
Después, en el primer gobierno de la alternancia, con Vicente Fox (2000-2006) denunciaron y documentaron la falta de rendición de cuentas del Ejército durante todo ese sexenio.
Cuando en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se decidió desplegar a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional para intensificar la “Guerra contra el Narcotráfico”, señalaron el aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y la Marina y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles.
El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quedó marcado por los abusos castrenses en episodios tan emblemáticos como el caso Tlatlaya, en los que se constataron ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos del Ejército y la persistencia de la militarización, pese a las promesas de conformar una gendarmería civil.
Con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pese a la promesa de revisar el modelo de seguridad y la posible desmilitarización gradual de la seguridad pública, sucedió todo lo contrario. Se anunció la creación de la Guardia Nacional y sus leyes secundarias se hicieron a la medida de las Fuerzas Armadas.
En mayo de 2020, en medio de la pandemia, se emitió un Acuerdo Presidencial por el que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta 2024. La militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes.
