Ciudad de México.- El juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Luis Benítez Alcántara, declaró inocente el pasado viernes por la noche a Juan Carlos García Rivera, ex empleado de la empresa KBH, por el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado con el software Pegasus contra la periodista Carmen Aristegui, y señaló a la Fiscalía General de la República (FGR) que debe continuar la investigación de espionaje con esta herramienta.
El abogado defensor Cuauhtémoc Vázquez expresó que la decisión se basó en el argumento de que el gobierno que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto fue el que estableció el tema del espionaje y a la propia víctima, no su cliente, por lo que la FGR no pudo sustentar más que toda duda razonable, de que García Rivera infectó el teléfono de la periodista y eso es fundamental.
La FGR pedía que se aplicará al único acusado de intervenir el teléfono celular de Carmen Aristegui con el software Pegasus, una condena a 16 años de prisión, pero solo señaló a García Rivera de infectar el teléfono de la periodista víctima, y aunque presentó pruebas en más de mes y medio de audiencia, ninguna fue contundente, declaró el abogado defensor.
Carmen Aristegui indicó a medios de comunicación que ella se queda con el tema de que la defensa del acusado sí dijo con mucha contundencia en alguna parte de la exposición, que reconocían que ella ha sido víctima de espionaje por su calidad de periodista y por las investigaciones publicadas en su momento.
“Particularmente se puso foco, al tema periodístico de la Casa Blanca, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es el mismo eje que está planteando la Fiscalía General de la República, que a su vez expuso, en su alegato, precisamente este tema, me parece que más allá de lo que resuelva el juez, sobre si se pudo o no consistentemente demostrar que Juan Carlos participó, que intervino mi teléfono celular, determine sentencia a favor o en contra de Juan Carlos García Rivera, estaría obligada la Fiscalía a continuar las investigaciones”, insistió.
La FGR descubrió que la empresa mexicana KBH utilizaba la firma israelí NSO Group, para espionaje telefónico con el software Pegasus, también se encontró una red corporativa con varias empresas que tenían prestanombres en la Ciudad de México, donde Juan Carlos García Rivera, era empleado y está acusado por espiar con dicho malware a periodistas y ciudadanos.
Intervenida comunicación de activistas y periodistas
Este jueves pasado se dio una audiencia de alegatos de conclusión contra Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH, acusado de intervenir las comunicaciones de periodistas, activistas y empresarios entre enero de 2015 a julio de 2016, la cual concluyó la madrugada del viernes.
En los alegatos se estableció que Juan Carlos no fue el autor intelectual del espionaje, pues no tenía un interés personal para intervenir las comunicaciones de Carmen Aristegui, y se le puede considerar solo autor material, dado que fue el dueño de la empresa KBH, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien le pidió espiar con Pegasus el teléfono celular de la periodista para extraer información.
El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, precisó que sería jurídicamente y legalmente imposible que Juan Carlos García Rivera obtenga una autorización judicial para intervenir comunicaciones, pues es la única vía por la cual se puede realizar de forma legal.
Indicó que las pruebas aportadas por la FGR acreditan que el celular de Carmen Aristegui se intervino entre 2015 y 2016, debido a publicación del reportaje de La Casa Blanca y otros trabajos realizados sobre actos de corrupción durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, destacó el hecho de que el dueño de la empresa KBH no aparece, los domicilios de la empresa son inexistentes, los socios son prestanombres y celebraban contratos millonarios con el gobierno, incluso el testigo protegido, llamado Zeus, indicó que en México 15 mil personas fueron intervenidas sus comunicaciones como medida de espionaje.
El uso de Pegasus contra la periodista le afectó su entorno personal y familiar, su uso ilegal e indiscriminado de este sistema vulneró la vida de la víctima y su familia, enfatizó Sánchez Pérez del Pozo.
Por su parte, los abogados de García Rivera insistieron en que su representado es un “chivo expiatorio” y la FGR no acreditó la intervención del celular de Carmen Aristegui durante las 6 semanas que duró la etapa de juicio, menos que el acusado utilizara Pegasus para expiar a la periodista.
Precisaron que no hay ni siquiera una conducta acreditada, pues son meras especulaciones, debido a la ausencia de evidencia científica que especifique que el teléfono de la periodista fue intervenido.
García Rivera fue capturado en noviembre de 2021 por la Policía Ministerial en Querétaro, posteriormente trasladado a la Ciudad de México, donde el juez de control con sede en el Reclusorio Sur lo vinculó a proceso, el juez consideró que los indicios de prueba fueron suficientes y ordenó su vinculación a proceso y determinó que permaneciera en prisión preventiva justificada, ante el peligro de fuga, por las personas relacionadas con el proceso.
