Mtra. Teresa C. Ulloa Ziáurriz[1]
A mediados del mes de enero se dio a conocer que un grupo de 9 mujeres a quienes se denominó escorts, de origen colombianas habían desaparecido o se encontraban secuestradas luego de asistir a una fiesta en Tabasco y que aparecen en la siguiente imagen.
También supimos que, algunas entraban a México en calidad de turistas, otras eran traídas a pie, caminando por la selva hasta 12 días seguidos, eran amenazadas, no podían detenerse para comer o ir al baño porque su vida corría peligro.
Durante las investigaciones, se develó que las mujeres que atendían a los del cartel o a los políticos tabasqueños eran aproximadamente 40 colombianas.
Intervino de manera ilegal la Fiscalía General de Justicia de Tabasco, y supuestamente en un operativo las rescató. Y decimos que, de manera ilegal, por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, establece que es competencia federal cuando el delito se origina en México y tiene efectos en el extranjero o cuando se origina en el extranjero y tiene efectos en México, como es el caso, por lo que la Fiscalía de Tabasco no era competente para tomar conocimiento del caso.
Y lo peor del caso es que la Fiscalía de Tabasco quiere engañar a la sociedad, tomarnos el pelo, porque no hubo ningún operativo, fue el propio cartel que las liberó y las fue a dejar a un motel avisando dónde las habían dejado.
Pero cuando nos mostraron las fotos de las mujeres liberadas que supuestamente declararon que habían asistido a la fiesta y que eran “escorts”, ninguna de ellas se parece a las fotos de las mujeres que estaban buscando como desaparecidas.
Y lo más grave es que malinforman al Presidente, quien salió en La Mañanera a revictimizarlas, diciendo que llegaron como turistas y se fueron de fiesta. Y después nos enteramos de que el Instituto Nacional de Migración las había repatriado, sin dar cumplimiento a lo que establece la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Asistir y Sancionar a las Víctimas de esos Delitos, en cuanto a actuar con la debida diligencia, la no revictimización y que las víctimas tienen el derecho a decidir si quieren regresar a sus países de origen o permanecer en el país, con una visa humanitaria. Se les persiguió a las víctimas, en lugar de perseguir a Saulo N, encargado del cartel para explotarlas.
Es por todo lo anterior, que los delitos en materia de trata de personas han dejado de ser una prioridad para el gobierno de México, y no se cuenta con personal debidamente capacitado y especializado en las 32 Fiscalías y en el Instituto Nacional de Migración, se está exigiendo la destitución del Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial, Félix Santana; al titular de UEIMPO/FEMDO, Antonio Gastón y al o los funcionarios responsables del INM que procedieron a la deportación de las víctimas.
Es la corrupción y su necesidad de apagar el escándalo que se provocó por el enfrentamiento entre dos capos de carteles lo que hizo evidente los delitos en materia de trata de mujeres para su explotación sexual. Pero no somos tontas y nos damos cuenta de que, nos quieren engañar.
Entre los principios de la Ley General de la materia, está la no revictimización y la atención de las víctimas con la debida diligencia estricta.
Por último, se establece con claridad que son las víctimas las que deben decidir si quieren regresar a su país o se quieren quedar en México, para lo cual deben recibir una visa humanitaria.
No darse cuenta de que las víctimas frecuentemente están amenazadas con que les van a quitar la vida a ellas y a sus familias si hablan, ya que saben en dónde las reclutaron y su contexto de vida en los lugares de origen, y cuando hablamos de cárteles son especialmente crueles y violentos.
[1] Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
