Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de los tres niveles de gobierno, para que adopten una agenda contra la tortura porque el país tiene pendientes importantes en esta materia.
Esta violación a derechos humanos persiste en México y ha sido documentada como práctica contra mujeres, ya que son especialmente vulnerables a esta grave violación de derechos humanos, particularmente a la persistente práctica de la tortura sexual.
Lo anterior se demuestra en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2022, que reveló que más del 79% de las mujeres en prisión entrevistadas fueron víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales más del 43% sufrió tortura sexual o actos con esta connotación.
A partir de las mil 280 entrevistas realizadas en el estudio a mujeres privadas de la libertad en 66 penales del país, el documento revela que siete de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia en algún momento de su proceso judicial.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de violencia, incluida la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
También, ONU-DH pidió atender recomendaciones que los órganos internacionales han formulado sobre este tema, ya que las víctimas demandan acciones puntuales y estas no pueden posponerse.
“Los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes. Muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito. Además, es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal contra este delito”, reclamó el organismo internacional.
Mencionó como pendientes que el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no ha sido adoptado.
La Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, aunque es un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública que establezca las bases para combatir la tortura a nivel nacional.
En ese contexto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un recuento sobre algunos rostros e historias de quienes han padecido esta práctica y que hoy con resiliencia continúan exigiendo justicia.
Keren Sesly Ordoñez
A sus 19 años de edad y con su hija de apenas un mes de nacida en brazos, fue detenida y torturada por la Policía Federal y policía ministerial de Tlaxcala para que se autoinculpara de haber participado en un secuestro. Keren lleva más de 8 años en prisión, lejos de su familia, enfrentando acusaciones por un delito que no cometió.
Tras un proceso que no contempló las graves violaciones a los derechos humanos de Keren, donde hubo múltiples irregularidades y que no se analizó con perspectiva de género, fue sentenciada a 50 años de prisión. Gracias a un juicio de amparo se reabrió el proceso penal, en dónde acompaña el Centro Prodh, se han ofrecido pruebas contundentes que reafirman la inocencia de Keren. A su vez, se han demostrado los impactos de la tortura y violencia de género que ha habido en el caso.
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Mujeres de Atenco
El Centro Prodh considera que la impunidad que se refleja tanto en investigaciones locales, como en casos en los que existe una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como con las Mujeres de Atenco.
Ellas, durante más de 18 años, siguen exigiendo justicia y que la Fiscalía General de la República investigue debidamente la cadena de mando.
En 2006, San Salvador Atenco fue el escenario de la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.
De las mujeres aprehendidas declararon haber sido torturadas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado; 11 de ellas iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.
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Florencia Jovita Herrera Ramos
Fue detenida en Valle de Chalco Solidaridad, estado de México, en octubre de 2014. Durante su detención sufrió actos de tortura por parte de policías estatales y municipales. A 10 años de su detención, continúa en prisión sin una sentencia, por un delito que no cometió. La tortura que sufrió sigue impune.
La sacaron de su domicilio junto a su nieto de 11 años. A Florencia Jovita la golpearon durante horas, la amenazaron con dañar a su nieto. Los elementos policiacos tardaron 11 horas en presentarla ante un ministerio público sin ninguna justificación. Luego fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Mónica Esparza Castro
Detenida en 2013, sobrevivió a la tortura física y sexual por parte de elementos de seguridad en Torreó, Coahuila, para aceptar delitos que no cometió. Acompañada del Centro Prodh recuperó su libertad en 2020, luego de 7 años de injusta prisión.
Mónica fue detenida el 12 de febrero de 2013, aproximadamente a las 10 horas por 4 hombres y una mujer que tripulaban una patrulla de la policía municipal de Torreón mientras viajaba, con su pareja y su hermano, a bordo de una camioneta propiedad de su padre, fue torturada sexualmente psicológicamente, pues le dijeron que en el lugar donde serían internados serían asesinados por otras personas privadas de libertad.
Estaba siendo procesada por los delitos de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, armada y Fuerza Aérea en el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, Torreón. Ella se encontraba recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Coatlán del Río (CEFERESO 16) de Morelos.
Todo su proceso penal estuvo basado únicamente en pruebas derivadas de las graves violaciones de derechos humanos que sufrió ella y su familia.
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez subrayó los avances hacia la exclusión de prueba obtenida mediante tortura que se han logrado gracias a sentencias del Poder Judicial Federal.
Sin embargo, indicó que muchas de las causas para no erradicar este tipo de violación a los derechos humanos están en las fiscalías tanto locales, como federal, así como en las policías ministeriales; las cuales no son modificadas en la propuesta de reforma judicial que hoy se discute en el Congreso.
La petición a la presidenta
Desde 1997, la Asamblea General de la ONU proclamó el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura, tuvieron que pasar 20 años para que en México se publicara, en 2017, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero que aún tienen pendientes importantes por cumplir.
Ante esta situación, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo adoptar agenda que erradique esta práctica.
Según datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en cuanto a la persecución del delito, de acuerdo a solicitudes de información, a nivel federal se reportan mil 309 carpetas de investigación, de enero de 2017 al 24 de abril de este año, de las cuales solo 16 han sido judicializadas.
Además, ONU-DH se mostró dispuesto a hacer el acompañamiento necesario, si fuera necesario hacer una adecuación al ordenamiento legal vigente para materializar la expedición del Programa.
Insistió en que los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes, pues muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, dado que también hace falta de consolidación del Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito. Además, que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal contra este delito.
El organismo internacional menciona la persistencia de una deuda en la atención y reparación a las víctimas de tortura, lo cual está contenido en la Ley General, que prevé adopción de programas de rehabilitación de víctimas de tortura, mismos que no han sido adoptados ni por la Federación ni por las entidades federativas.
Como consecuencia, agregó, las comisiones de víctimas y otras instancias responsables carecen de todas las herramientas para abordar la complejidad de la tortura y brindar una debida atención y reparación a las víctimas.
Para la ONU-DH, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad crucial para velar por los derechos de las víctimas, garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal y promover las reformas legales, programas y demás instrumentos necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley General y de los estándares internacionales sobre la materia.
Adoptar estas medidas sería de gran valía para las víctimas y contribuiría a que México cuente con mejores herramientas de cara a la revisión que realizará el Comité contra la Tortura de la ONU sobre la base del octavo informe periódico a ser presentado.
