Familiares de Keren Selsy Ordóñez, organizaciones acompañantes y personas que se han solidarizado con el caso hicieron un llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala para revisar a detalle la acusación en su contra y revertir «la injusticia» que la ha mantenido casi 8 años en prisión.
El Colectivo Mujer y Utopía, el Centro de Derechos Humanos “Fray Julián Garcés” y el Centro Prodh, acudieron a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala a hacer un llamado y solicitar que revise nuevamente el caso de Keren y decida no continuar con la acusación en su contra presentando conclusiones no acusatorias antes del 1 de septiembre, y con ello, terminar con este proceso por el que lleva casi 8 años presa injustamente.
El 11 de diciembre de 2015 Keren fue detenida de forma arbitraria por hombres vestidos de civil (que después se supo que eran de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Tlaxcala), quienes la subieron a un vehículo, le quitaron a su hija recién nacida y ejercieron actos de tortura contra ella para obligarla a firmar una declaración donde se autoinculpaba de participar en un secuestro. Tras un proceso que no contempló las graves violaciones a los derechos humanos de Keren, donde hubo múltiples irregularidades y que no se analizó con perspectiva de género, fue sentenciada a 50 años de prisión, acusada de un delito que no cometió.
Gracias a un juicio de amparo se reabrió el proceso penal, en dónde acompaña el Centro Prodh, se han ofrecido pruebas contundentes que reafirman la inocencia de Keren. A su vez, se han demostrado los impactos de la tortura y violencia de género que ha habido en el caso. La Procuraduría tiene en sus manos la oportunidad de que Keren sea liberada y regrese con su familia, especialmente con su hija, de quien fue separada tras su detención cuando se encontraba recién nacida.
El contexto
Tras haber sido detenida de manera arbitraria, junto con su hija de un mes de nacida, y haber sido sometida a actos de tortura y múltiples violaciones a derechos humanos por parte de agentes del Estado, así como discriminación por razones de género por las autoridades judiciales encargadas de su proceso, Keren Selsy Ordoñez busca justicia y que se revierta el círculo de impunidad que la ha mantenido privada de su libertad durante casi siete años.
A sus 19 años, Keren tuvo a su primera y única hija, tras un parto complicado que puso en riesgo su salud. Keren y su familia vivían en un contexto de pobreza y desigualdad económica y no contaron con ningún tipo de apoyo por parte del padre de la bebé.
El 11 de diciembre de 2015, a pesar de seguir convaleciente a un mes de haber parido, Keren salió de casa para encontrarse con su ex pareja para solicitarle recursos para la manutención de su hija. El domicilio se encontraba a un par de cuadras de donde ella vivía. Mientras lo esperaba en la entrada de la casa, vehículos de la Policía Federal y Policía Ministerial de Tlaxcala arribaron al lugar. Los agentes armados detuvieron a la ex pareja de Keren, a otro hombre que se encontraba en el lugar, a ella y a su bebé.
Los agentes del Estado subieron a Keren, con su hija, a un vehículo oficial,la sometieron a golpes,asfixia y la amenazaron con hacerle daño a la bebé e incluso desaparecerla, haciendo referencia a que, como aún no contaba con un acta de nacimiento, nadie se percataría de su ausencia.
Keren y su bebé pasaron al menos 7 horas incomunicadas. Durante ese tiempo, Keren fue interrogada sobre un secuestro acontecido al interior de la casa donde se encontraba su ex pareja, obligándola a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro, realizando labores de cuidado.
Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal, sin dar aviso previo a algún familiar. La hija de Keren permaneció 12 días lejos de su familia, hasta que la abuela materna logró que las autoridades se la entregaran.
Aunque su ex pareja y padre de su hija, también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión. En contraste, el 20 de noviembre de 2019, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala dictó sentencia condenatoria en contra de Keren, imponiendo una pena de prisión de 50 años, por un delito que no cometió.
El 27 de septiembre de 2021 un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Keren al considerar que se habían violentado derechos procesales y ordenó reponer el procedimiento hasta la etapa de instrucción.
Actualmente, el proceso continúa abierto y tras identificar las múltiples violaciones a derechos humanos e irregularidades durante su proceso, el Centro Prodh decidió asumir la defensa integral y representación de su caso.
El caso de Keren es representativo del uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, cuando este no se aplica con perspectiva de género, ignorando las circunstancias de vulnerabilidad y violencia en las que se encuentran antes y durante la detención y el proceso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su informe Mujeres con la frente en alto, a partir de la documentación de 29 casos de mujeres privadas de su libertad; se detalla que en un contexto de tortura generalizada, la tortura sexual y por motivos de género en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia, y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alimentan y permiten su comisión.
Keren se ha unido a la campaña nacional “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, que fue diseñada por las Mujeres de Atenco. La campaña busca visibilizar y combatir la tortura sexual y por razones de género en contra mujeres que son atacadas y/o detenidas por agentes policiales o castrenses, así como evidenciar que se comete con diferentes objetivos, como represión, intimidación, humillación y generación de pruebas inculpatorias, entre otros. La campaña es un mensaje de solidaridad y esperanza a las mujeres que han sobrevivido a esta grave violación a sus derechos humanos.
Para solicitar su pronta libertad se creó la etiqueta: #JusticiaParaKeren para que pueda volver con su familia y con su hija, quien ya tiene siete años de edad.
Con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
