Ciudad de México.- Mesoamérica posee el sello del colonialismo en todas sus estructuras políticas, económicas y culturales que, aunado a otros sistemas de opresión como el patriarcado, produce la precarización, la violencia y el racismo sobre los cuerpos y territorios de las mujeres que, con todo recurso, resisten las inclemencias de las crisis humanas y del crimen organizado en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y por supuesto, México.
Entre 2012 y 2023. El informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan documentó 35 mil 77 agresiones en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones – colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, de este número total de agresiones, 200 culminaron con el homicidio, además, se registraron 228 tentativas de homicidio en contra de estas activistas.
Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.»
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, creadoras del informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan
De pandemia y causas por defender
Según documenta la organización, los números se han disparado de 2019 a 2020, cuando se tenía registro de 2 mil 397 agresiones contra defensoras y para finales del 2020, el número alcanzó las 4 mil 745 agresiones en la región mesoamericana.
Al indagar en el documento sobre el pico de agresiones, se apunta a que esta cifra que roza casi el doble a causa de la pandemia, pues muchas de estas mujeres continuaron sus luchas, defensas y búsquedas aún ante la crisis sanitaria, siendo agredidas y reprimidas por el Estado, especialmente, las autoridades locales o municipales de sus comunidades.
Las principales causas que estas defensoras y colectivas desempeñan en nuestra región son: Derecho a la justicia. Defensa de la tierra y el territorio; Derecho a la libertad de la expresión; Derecho a una vida libre de violencia ; Derecho a la participación comunitaria ; Derechos de las mujeres; Derechos de las personas privadas de su libertad; Derechos sexuales; Defensa de los pueblos indígenas.
La lucha por defender la verdad o buscar la justicia, es la causa que más desempeñan las mujeres y también, el motivo principal por el que son amenazadas, agredidas, desaparecidas e incluso, asesinadas. Del total de agresiones, esta causa representa el 23% de las violencias, con un total de 6 mil 629 agresiones.
El informe reconoce que esta crisis es preocupante, pues son las madres buscadoras de Mesoamérica a quienes se violenta con mayor incidencia, reconociendo así, que se recrudece en México y en Nicaragua.
En este contexto, se nombra a las siguientes madres buscadoras víctimas de homicidio en México en los últimos años:
- Teresa Magueyal, asesinada el 2 de mayo del 2022
- Blanca Esmeralda Gallardo, asesinada el 4 de octubre del 2022
- Lilán Rosario Rodríguez, asesinada el 30 de agosto del 2022
- Ana Luisa Garduño, asesinada el 28 de enero del 2022
- Gladys Aranza Ramos, asesinada en julio del 2022
- María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada en octubre del 2020
- Miriam Rodríguez, asesinada el 20 de mayo del 2017
- Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre del 2010
- María Carmen Vázquez, asesinada el 6 de noviembre del 2022
El segundo motivo por el que las mujeres son agredidas, es por defender la naturaleza y las tierras, siendo este grupo conformado mayoritariamente por afrodescendientes o defensoras indígenas que se enfrentan a megaproyectos industriales, a la contaminación de las aguas y también, al brazo militar de los Estados, destacando México por mantener a agentes de la Guardia Nacional al interior de las comunidades.
Junto a México, se encuentra Honduras, con altos índices de agresiones relacionados a la criminalización, desalojos violentos, racismo y abuso contra comunidades que son expulsadas o explotadas para dar origen a proyectos extractivistas y turísticos.
El tercero, lo constituye el abuso de las autoridades contra mujeres periodistas que defienden el derecho a la libertad expresión, este grupo representa el 14.1% de las agresiones de los últimos 10 años.
En este contexto, es El Salvador el país que se encuentra con focos rojos luego del periodo presidencial de Nayib Bukele quien ha ejercido el acoso sistémico en contra de las comunicadoras; son criminalizadas y vigiladas en sus críticas al gobierno.
De acuerdo con el informe, casi la mitad de los responsables de estas agresiones corresponden a agentes – instituciones del Estado (45%), siendo la mayoría, los cuerpos policiales quienes ejercieron el abuso, las autoridades municipales y finalmente, las fuerzas militares.
El siguiente grupo de agresores, está conformado por personas no identificadas quienes a través del anonimato, hostigan, amenazan, hieren o acosan a las mujeres en sus hogares, redes sociales, comunidades o lugares de trabajo.
«(Pueden ser) mensajes misóginos que menosprecian a las defensoras por el hecho de ser mujeres (frases cargadas de odio contra las mujeres como). Estas agresiones muchas veces son perpetradas tanto por usuarios virtuales desconocidos como, en el marco de casos de violencia represiva o detenciones arbitrarias, por actores vinculados al Estado», explica la iniciativa.
Posteriormente, el crimen organizado se liga con el 2.9% de las agresiones, sin embargo, el informe refiere que es muy difícil obtener un número certero, pues muchas mujeres nunca denuncian por miedo y además, son grupos que actúan desde el anonimato y que ven en peligro sus negocios de narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El resultado de toda esta impunidad y violencia que alcanza a las defensoras, son desplazamientos forzados, cambios en su rutina, limitación de ejercer sus derechos políticos, criminalización del estado e incluso, se tiene registro de controles fiscales y administrativos para detener el trabajo de las organizaciones y con ello, disolverlas.
«Nuestro acceso a la justicia ante las agresiones que vivimos como defensoras de derechos humanos se ve mermado por los altos niveles de impunidad, la falta de confianza en el sistema de justicia estatal y el miedo a que poner una denuncia pueda generar nuevas agresiones en contra de nuestra integridad personal o la de nuestras familias» (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras).
