Ciudad de México.- El día 16 de julio, en una sesión histórica el pleno de la LX legislatura Querétaro, se aprobó la Ley 3 de 3, una reforma histórica que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.
La iniciativa, presentada por los diputados Paul Ospital Carrera del PRI y Graciela Juárez Montes, modifica los artículos 8 y 28 de la Constitución Política del Estado, el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Querétaro y el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, respectivamente, informa el Diario Rotativo de Querétaro publicado el 17 de julio de 2024.
La Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 estima que, en el estado de Querétaro, 75.2 % de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: Psicológica, Física, Sexual, Económica o Patrimonial a lo largo de la vida y 49.8 % en los últimos 12 meses.
Por su parte, la Comisión Nacimiento de los Derechos Humanos (CNDH) indica que el 88.4 % de las mujeres que sufren violencia no lo denuncian a las autoridades. Por ello, la aprobación de la Ley 3 de 3 busca cerrarle las oportunidades a quienes han cometido actos de violencia o han sido negligentes con sus responsabilidades familiares de obtener cargos del poder.

¿Qué es la Ley 3 de 3?
Desde 2018, la Ley 3 de 3 fue impulsada a nivel local y federal por la colectiva Las Constituyentes Mx, un grupo de mujeres cuyo objetivo es incidir en la construcción de la vida política de México para que nunca más haya leyes sin mujeres.
La Ley 3 de 3 propone que para ser postulado o nombrado como funcionario público, una persona no debe tener una sentencia definitiva por:
- Violencia sexual
- Violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.)
- Ser deudora alimentaria morosa
Esta ley se busca sea a nivel federal, estatal y municipal, para la función pública, para los cargos de elección y también para los órganos autónomos (jueces, magistrados, rectores de universidades, comisionados de derechos humanos), de esta forma, nadie al amparo del poder podrá estar en un cargo de elección popular si viola un derecho en lo privado o lo público.
Esta propuesta comenzó a formarse luego de que Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes MX, fuera víctima de violencia y tortura ejercida por elementos policiales en el estado de Guerrero en 2017, documentó Cimacnoticias en mayo de 2023.
Cinco meses después de los hechos, Yndira compartió en entrevista con Cimacnoticias que la Ley 3 de 3 comenzó a gestarse dentro de su colectiva. Todo inició con una publicación de la activista a través de redes sociales, donde convocó a las interesadas a unirse en la planificación de esta medida a nivel federal.
Lo que busca esta iniciativa es «Decir desde el dolor que atraviesa el cuerpo que ningún agresor puede estar en el poder cuando atenta contra ti el Estado, cuando quien te va a juzgar es el Estado, quien te va a investigar es el Estado y quien va a determinar si hay justicia o no para ti es el Estado».
Yandira Sandoval

La Cámara de Diputados avaló el decreto de la Ley 3 de 3 el 30 de marzo de 2023, mientras que el Senado lo aprobó el 28 de abril del 2023, luego lo remitieron a los congresos de los estados para, posteriormente, emitir la declaratoria de reforma constitucional en la Comisión Permanente el 24 de mayo del 2023, ya que contó con el respaldo de 25 legislaturas locales.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la Ley 3 de 3 contra la violencia, un 24 de mayo del 2023, luego que el senado de la República reconociera su constitucionalidad. De esta forma, ningún agresor sexual, deudor alimentario moroso y agresor en razón de género ocuparía puestos en la función pública.
Los congresos de la Ciudad de México y Tlaxcala fueron los últimos en lograr aprobar la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y lo hicieron antes del plazo establecido del 25 de noviembre del 2023, en la Legislatura de Veracruz se quedó en revisión el dictamen; sin embargo, no cumplieron con el proceso Campeche, Morelos, Michoacán, gobernados por Morena, y Nuevo León, encabezado por Movimiento Ciudadano.
El 29 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución, como resultado de una ardua lucha y bajo el liderazgo de colectivas feministas.
Deudas de la ley 3 de 3 en elecciones 2024
Aunque con esta ley Querétaro se une a estados como Yucatán, Sonora y Baja California en la implementación de medidas para proteger a las mujeres y familias de agresores y deudores en el poder, además de que la Ley 3 de 3 se encuentra aprobada en los congresos locales del Estado de México, Oaxaca, Chihuahua y Jalisco. y presentada en 14 congresos locales más, según información de Las Constituyentes, la realidad es otra.
Durante las elecciones del pasado 2 de junio, aún fue posible observar candidatos de todos los partidos políticos con al menos una denuncia abierta por algún delito de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la colectiva Observatoria Ciudadana Todas Mx.

Morena fue quien encabezó la lista de las llamadas “antiboletas”, con el mayor número de denunciados, pero aún sin sentencia por violencia contra mujeres.
Aunque presuntamente estos privilegios iban a terminar y con ello se abriría paso a la justicia para las víctimas de diferentes tipos de violencia, el sistema patriarcal puso su principal obstáculo en las elecciones 2024: empatar tiempos judiciales con electorales y además, sortear los altos niveles de impunidad.
La única vía para cerrar el camino a los agresores de mujeres y sus familias, para que no puedan ocupar puestos de poder, es contar con una sentencia penal firme, para ello debe de haber transcurrido todo el proceso judicial.
Esta es una deuda que la virtual presidenta electa debe atender, pues el 12 de julio declaró en rueda de prensa que «No solo se trata de ser presidenta, sino de impulsar la agenda de las mujeres contra la violencia y a favor de sus derechos».