Ciudad de México.- Mientras en San Lázaro, llevan la discusión de la reforma que plantea incorporar a la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la población, de puertas para afuera, se moviliza para hacer un llamado colectivo para evitar la militarización como reforma constitucional.
Defensoras y defensores han encarnado y documentado el abuso castrense se levantan para exigir a las y los diputados que dimensionen lo que esta reforma implicará en la vida de las mujeres, personas migrantes, indígenas, madres buscadoras, infancias y personas defensoras.
Pues mientras adentro del recinto -que fue acordonado desde anoche a las 22 horas- la diputada morenista María de los Dolores Padierna se encontraba dando un discurso de agradecimiento a la Guardia Nacional, exaltando al estratega de López Obrador, junto a su compañera, Clara Luz Flores quien también agradeció a las fuerzas armadas porque «gracias a ellos» muchas personas están vivas; afuera, la resistencia se moviliza.
El Centro de Comunicación Nacional de Comunicación Social, acompañado por otras organizaciones como el Centro Prodh, Amnistía Internacional, defensoras como Ifigenia Mendoza, México Unido contra la Delincuencia y Data Cívica se dieron cita de forma paralela a esta discusión de reforma y el mensaje es concreto:
Catalina Kuhne, directora de Impunidad Cero
«¡Voten en contra de este dictamen!, respeten los estándares internacionales, abran la discusión, aquí estamos varias personas que pueden ofrecer contrapropuestas, en estos 18 años de trayectoria sabemos que hay muchas opciones.»
Y es que, mientras estos discursos donde el PT ya ha afirmado votar a favor de la Reforma y el rebullicio de San Lázaro parece volcar la balanza a favor de la reforma celebrando los logros de las Fuerzas Armadas, el activista y defensor de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, nombra 3 casos de homicidio cometido por la Guardia Nacional y que han sucedido en total impunidad en últimos dos años (2022-2024).
- Hugo Pérez, 35 años, empleado de una empresa de transportes; asesinado por la GN quienes sólo argumentaron que quedó en medio de un supuesto «fuego cruzado«.
- Miriam García, adolescente de 15 años embarazada de 8 meses, viajaba en una camioneta junto a su padre Felipe García; la Guardia Nacional atentó directamente al auto donde viajaban y ambos, murieron de forma inmediata en el lugar. Ante los hechos, el convoy de las fuerzas armadas huyó rápidamente de Nuevo Laredo con dirección a Nuevo León, ahí, se escondieron en un cuartel de Apodaca y jamás se hizo justicia.
- María Isabel es sobreviviente de uno de estos ataques, tiene 30 años y se dedica al trabajo de cuidados y del hogar; viajaba en su auto por Nuevo Laredo cuando comenzó a ser perseguida por elementos de la Guardia Nacional; acribillaron su auto y una vez que se dieron cuenta de que se trataba de una mujer, la dejaron ahí moribunda sin dar aviso a las autoridades correspondientes un 6 de diciembre del 2022.
Militares juzgando militares
Raymundo Ramos, ofrece un mapeo general del modus operandi que ejercen las fuerzas armadas para encubrirse, mentir y posteriormente, salir bien librados de sus acciones violatorias de derechos humanos.
De acuerdo con el activista, primero, las fuerzas armadas niegan su participación absoluta en los crímenes y en caso de tener que rendir cuentas, faltan a la verdad, para posteriormente, ejercer las omisiones informativas.
«La SEDENA o la GN responde con evasivas, negación u ocultando información. También, hay encubrimiento en la cadena de mando, esto ya lo hemos denunciado, es algo muy fuerte dentro de las fuerzas armadas»
¿Lo preocupante?: No existe poder suficiente desde las autoridades investigadoras para romper con esta cadena de mando, ahora, con la supuesta aprobación de la reforma, la autonomía que obtendrá la SEDENA le eximirá de rendir cuentas; el poderío es incontenible.
Según documenta Raymundo Ramos -quien ha denunciado en reiteradas ocasiones ser espiado con tecnología Pegasus por el Ejército-, que hay otras 10 víctimas mortales que han caído por fuego directo de los militares.
«Les digo, quienes vayan a aprobar esta reforma deben asumir la responsabilidad, estarán dando la bandera de impunidad a la Guardia Nacional una vez que concluya la votación» (Raymundo Ramos)
En este tenor, Edith Olivares Ferreto de Amnistía Internacional secundó la postura, no sin antes, mencionar que México está violando los estándares internacionales y es que, hay que recordar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya tiene una sentencia: El Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto recordó que en esta sentencia exige a la nación seguir con pautas explícitas para el correcto actuar de las fuerzas armadas; se habla de que sólo pueden ser utilizadas en condiciones extraordinarias, excepcionales y temporales.
Aunado a esto, se demanda a las fuerzas castrenses estar subordinadas a las autoridades civiles, algo que, con esta reforma, será desechado.
«Eliminaríamos la posibilidad de cumplir los estándares internacionales. No estamos hablando de supuestos, sino de hechos que ya han sucedido y llegado a la Corte Interamericana»
El representante de Centro Prodh, Eduardo Guerrero zanja este tema con un postulado preocupante: El fuero militar, son militares juzgando militares.
En este mismo cuadro de la sentencia de la CIDH, Eduardo Guerrero refiere que, no hay secreto en señalar que ha sido una institución opaca y ahora, con el fuero militar esto se recrudecerá.
De manera concreta, la fuerza militar ahora tendrá que rendir cuentas en el Tribunal Militar -ya no más en el civil, es decir, el tratado de subordinación quedará destruido-.
«Serán militares juzgando militares, toda violación a los derechos humanos tiene que ser juzgada por autoridades civiles, sin embargo, el Estado mexicano no ha cumplido con sus sentencias (internacionales), esto también tiene que ver con que el Ejército hace investigaciones paralelas, aún en las de derechos humanos, con el pretexto de que las denuncias producen vulneraciones al ejercicio militar, nos preocupa… se extenderá el fuero militar» (Eduardo Guerrero)
Para dimensionar el impacto de este fuero militar y la incapacidad que arrincona a las autoridades civiles, Mariana Orozco de Data Cívica refiere que, desde la organización, saben bien que las fuerzas armadas ejercen detenciones arbitrarias, pero también, es el órgano con 10 puntos porcentuales más -en comparación a otras fuerzas armadas- de delitos fabricados.
«Estaríamos frente a un cuerpo de 126 mil personas (que conforman la Guardia Nacional) contra 4 mil policías de investigación (…) Ahora, se va a expandir la jurisdicción militar, se subordinarán las autoridades civiles ante el poder militar, esto es un problema serio que nos compete a todos. No nos damos cuenta de que necesitamos a estas personas (civiles) en materia de derechos humanos hasta que estamos ahí, en esa situación» (Mariana Orozco, Data Cívica)
4 y van 2: Las reformas no son aisladas, sino conjuntas
Cristina Reyes de México Unido contra la Delincuencia, refiere que lo que está sucediendo debe ser entendido más allá de la politización partidaria; la permanencia de la militarización como una estrategia del Estado es preocupante y quienes cargarán con estos estragos, no será el crimen organizado, sino la población civil.
Con el paso de esta reforma se modificará el artículo 129 que establece una prohibición para que las fuerzas armadas no puedan llevar a cabo ninguna tarea adicional a su disciplina militar. Esto ha sido consagrado desde 1857 y se volvió a mantener vigente en la Constitución de 1917, siendo referido como un principio constitucional.
Según advierte Cristina Reyes, ahora se reformará este artículo para que, en su lugar, se añada que las Fuerzas Armadas pueden hacer toda tarea o actividad que emane de la Constitución: ¿cuáles son esas tares? Absolutamente todo.
«Han amasado una gran riqueza y poderío, junto con Intersecta, documentamos más de 297 funciones que ahora emulan las fuerzas armadas que son ajenas a su disciplina y que se le han atribuido en este sexenio es muy peligroso eliminar esta prohibición, eliminamos cualquier control democrático que tengamos a las fuerzas armadas.» (Cristina Reyes)
Pero ¿por qué esto no tiene por qué tener tintes políticos? La respuesta es, en esencia, muy sencilla y es que, hay que recordar que una reforma constitucional no se deroga al final del sexenio. Se trata de una modificación contundente; las y los funcionarios públicos tienen un periodo de tiempo definido, pero su trabajo en la modificación de nuestras leyes prevalece.
Sheinbaum refirió en su discurso frente al Heroico Colegio Militar que respetaba a las autoridades castrenses y que el tiempo de paz sería el régimen de su gobierno; esto está por discernirse sobre la marcha de su política, aún con ello, el futuro resulta incierto y ante la vulnerabilidad, la incertidumbre se abre paso, algo que Cristina Reyes condensa de la siguiente forma:
«Es riesgoso, los funcionarios públicos van de paso, pero son las personas buscadoras, defensoras, defensoras de la tierra, las que nos quedamos con las consecuencias. Podemos tener un gobierno responsable, pero si el día de mañana tenemos un gobierno conservador que haga mal uso de esta reforma, a pesar de las buenas intenciones, hemos visto que las fuerzas armadas cometen delitos, la justicia militar sólo los encubre.»
Ahora bien, es Gabriela García de Intersecta quien comienza a redondear la preocupación de todos los cambios constitucionales que se han venido gestando de forma acelerada en los últimos meses y es que el paquete de reformas que presentó López Obrador no sólo representa un número importante, sino, además, se articulan cuidadosamente entre ellas.
Según advierte Gabriela García, son particularmente 4 en las que debemos poner la lupa y que CIMAC resume de la siguiente forma:
Ampliación de delitos para la prevención oficiosa: iniciativa legislativa que pretende reformar el artículo 19 de la Constitución y ampliar los tipos de delitos por los que se podría imponer la prisión preventiva oficiosa (hasta por cinco años), la aprobación de esta
iniciativa contravendría las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de derechos humanos, incluidos múltiples tratados de los que es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Reforma al Poder Judicial: Discutida y aprobada, ya ha sido publicada en el Diario Oficial y pretende eliminar la carrera judicial de las personas juzgadoras, así como someter al voto popular los cargos judiciales.
Fuerzas Armadas: En camino a su aprobación, pretende añadir a la GN a la Secretaría de Defensa, esto a pesar de que, supuestamente, fue un órgano de carácter civil que ahora, se atañe de cualidades castrenses.
Desaparición de órganos autónomos: Esta reforma ya avanza y el pasado 23 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa, aquí Gabriela García refiere que preocupa particularmente el INAI; refugio para muchas personas defensoras quienes se enteraron de espionaje gracias al órgano, además, según refirió la representante de Intersecta, aún no se sabe cómo serán absorbidas las otras dependencias; no hay certeza de qué sucederá.
Las consecuencias que tendrán cada una de las reformas -a mediano, corto, largo plazo- deben ser entendidas en conjunto, pues, además, todo apunta a que avanzan de forma positiva a la par. Más bien, deben ser discutidas y cuestionadas de forma conjunta, pues sus implicaciones van de la mano.
«Hay que nombrarlas en conjunto porque es más poder para los militares, más personas presas, menos independencia entre poderes, pero también, menos transparencia»
