El nombramiento de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, coloca en la mesa de la reflexión pública varios puntos que no son menores y que debemos tener en cuenta:
El primerísimo que a mi juicio hay que destacar, es la enorme desigualdad que aún enfrentan las mujeres en el sistema de Justicia, pues hay que decirlo, pasaron 200 años y apenas 14 ministras para que una mujer pudiera presidir la Suprema Corte. Vale la pena recordar que la primera Ministra de la Corte llegó en 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo quien ocupó el cargo por 24 años.
Si hay un poder que ha sido reacio a la incorporar a las mujeres es el poder judicial. En América Latina ellas representan a penas 30 por ciento del total magistraturas de las cortes, según OnuMujeres. Esa desigualdad, para la propia ministra Piña, era uno de los obstáculos a vencer en la contienda para presidir la Suprema Corte.
El ser mujer era uno de las trabas a vencer en el proceso, pues este hecho no garantizaba que pudiera contar con el respaldo de los ministros varones, esto lo dijo el 11 de noviembre en entrevista con el diario El País, cuando se dio a conocer su interés por contender por la presidencia de la corte, sin embargo, también señaló que si había congruencia de los ministros con las resoluciones que había tomado la propia Corte, lo que tocaba es que votaran por una mujer.
Y este es el segundo punto que hay que destacar en la decisión mayoritaria de la Corte para votar a favor de la ministra Norma Piña Hernández. Para romper el llamado techo de cristal no basta la tenacidad de las mujeres, es necesario cambiar las formas y un colectivo que la acompañe. Si no hay un cambio decisivo de los hombres que siguen teniendo la mayoría de los lugares de poder y las formas de elección, es imposible hacer de la igualdad una realidad.
Esta colectividad, viene desde el movimiento feminista que ha empujado el avance de las mujeres como ciudadanas plenas, y aquí el reconocimiento de la paridad ha sido fundamental, pues recordemos que en el año 2015 cuando Piña Hernández concursó para ser ministra de la Corte, las senadoras de entonces demandaron al ejecutivo presentar una terna exclusivamente de mujeres, para cumplir con la paridad ya que había dos puestos vacantes.
Estas dos vertientes las tiene muy claras, la ministra Piña, por ello lo reconoció en su primer discurso como presidenta de la suprema Corte, pues dijo, que el hecho de haber obtenido la mayoría de votos tiene una doble dimensión: representar a las y los ministros y al consejo de la Judicatura, pero también a las mujeres, su presencia como ministra Presidenta de la Suprema Corte es un hecho, dijo, que arrincona la cultura patriarcal.
A ello se suma el trabajo desarrollado por ella misma, el esfuerzo personal para construirse un lugar propio, el cual por ser mujer le ha implicado dobles y triples jornadas. Y este es el tercer punto que coloca su designación, el piso disparejo con el que aún nos desarrollamos las mujeres, en la corte y en mundo en general, por esta sobre carga de la responsabilidad del hogar y la crianza.
Con su llegada también arriba una nueva agenda que para los momentos que vive nuestro país es un buen augurio, no solo es reforzar la autonomía del poder judicial y transparenta las decisiones de la Corte, que en sí mismo es son retos mayúsculo, sino que se busca más justicia, más igualdad y nada de violencia contra las mujeres, como lo mencionó en su primer discurso como presidenta, llegan también tres temas que ella reconoce de urgencia para nuestro país, que son el derecho a la Libertad de Expresión, el derecho de réplica y los temas migratorios, cuyas violaciones son el pan de cada día.
Pero sobre todo llega una visión que reconoce a los derechos humanos como un eje del actuar del poder judicial, y que ha acompañado a la ministra presidenta Norma Piña, a lo largo de su carrera de 34 años en el poder judicial de la federación
Su llegada ha generado distintos puntos de vista, hay muchos artículos celebrando el nombramiento, pero también, hay que decirlo, hay algunos que colocan las dudas sobre el nombramiento y su compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Entiendo que no es gratuita la desconfianza ni el escepticismo de la llegada de las mujeres a puestos de poder, especialmente en este sexenio, donde no necesariamente las mujeres que han llegado han dado los saltos cualitativos que desearíamos las feministas.
Es entendible que estemos cansadas de que el avance y la transformación que tanto deseamos no llegue o se vuelva lejano. Sin embargo, estoy convencida que la presencia de las mujeres en lugares públicos de poder es de celebrarse en principio porque rompe con la normalización de su ausencia, pero, sobre todo, porque es el ejercicio de nuestro derecho a estar.
Avanzar en la agenda feminista implica, como en cualquier movimiento, tener una ruta política y acercarse a estas mujeres que en principio están dispuestas a escuchar, ese es el camino que ha seguido el feminismo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres como movimiento. Hay que argumentar, mostrar y demostrar los beneficios que tienen en la sociedad el avance de las mujeres en su acceso a sus derechos y eso le toca al movimiento hacerlo.
En un país con tantísima impunidad y sexismo, el nombramiento de la ministra presidenta conlleva retos que nos son menores y hay que tener cuidado de no pedirle cambiar siglos de lógicas masculinas basadas en componendas, de un día para otro.
La suprema corte, con la ministra Norma Piña Hernández a la cabeza, está escribiendo su propia transformación, y su legitimidad radican en el sustento y argumentación de sus decisiones como, señaló la ministra Piña durante su comparecencia en el senado en 2015.
Demos el beneficio de la duda y sigamos el camino que se camina.
