Ciudad de México.- En abril de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito giraron un ordenamiento al estado de Jalisco, donde se exigía al Congreso local despenalizar el delito de aborto consentido y autoprocurado y está la carrera contra el tiempo para el Congreso de ese estado.
Esto, como consecuencia del esfuerzo colectivo de mujeres feministas pertenecientes al Centro de Acompañamiento, Desarrollo e Investigación Feminista o el Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales A.C, entre otras.
Así, desde el empuje civil, se llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con esto, se pone en jaque al Congreso jaliscience que desde hace 5 meses no ha acatado las órdenes superiores del máximo órgano legislativo que declaró, por unanimidad, inconstitucionales las normas que prohiben de forma absoluta el aborto voluntario dentro de su Código Penal.
El transitar para consolidar una despenalización del aborto en las 32 entidades resulta complejo; cada entidad cuenta con un Código Penal autónomo y en la mayoría, el aborto ha sido abordado como un delito punible, más no ha sido entendido bajo un marco estricto de salud pública.
De acuerdo con información de IPAS México, resulta urgente avanzar hacia un modelo de legislación y atención al aborto que no se focalice en la criminalización y el estigma.
“Lo más importante de estas decisiones es que no se queden solo en el papel, sino que tengan un impacto en la salud y en la vida de las personas, que cualquier persona con capacidad de gestar, que requiera de un servicio de salud, sea tratada con dignidad, con respeto y con prontitud”, afirma Fernanda Díaz de león Ballesteros, subdirectora de Incidencia en Ipas LAC.
Jalisco: La cuenta regresiva y un ultimátum
A pesar de que existan 2 causales importantes que presionan al Congreso de Jalisco; la primera, la despenalización federal ordenada por la SCJN el año pasado y la segunda, el mandato particular que hizo el órgano gracias al amparo colectivo, la entidad de Jalisco ha mantenido vigente en su Código local un conjunto de artículos que criminalizan este derecho.
En este sentido, en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, las mujeres tapatías se dieron cita afuera del Congreso para denunciar la inacción de las autoridades que han dejado en el congelador estos mandatos de la Corte.
La responsabilidad en esta materia la carga la LXIII legislatura de Jalisco; diputadas y diputados no han respondido al ordenamiento aún cuando el ultimátum termina a finales de octubre de este año.
Hay que recordar que este Congreso es mayoritariamente naranja; Movimiento Ciudadano es el bastión fundamental de esta legislatura, pues ocupan más del 45% de los escaños. De cerca, viene Morena con 6 representantes, el PRI con 5 y también, la derecha panista con 5 diputadas y diputados.
Esta discusión ya ha representado encontrones políticos al interior del recinto, sin embargo, el avance no ha sido sustancioso y tampoco se tiene pista alguna del actuar próximo de la legislatura.
Precisamente en mayo de este año, un mes después de que se girara esta orden directa las y los diputados se dieron cita para acatar este amparo, sin embargo, el resultado terminó siendo contrariado; entre «detrimentos morales» y otras posturas políticas que se negaron para no perder margen electoral, el asunto del aborto terminó siendo postergado.
De acuerdo con Claudia Murguía Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, en aquella reunión no se logró consolidar el consenso político que permitiera derogar los artículos 228 y 229 del Código Penal que contemplan la interrupción del aborto como delito.
«El tema genera muchas aristas morales… se pone a prueba los ideales, percepción que tienes del derecho a concebir, de la vida, pero yo apelo a que los legisladores actuemos en consecuencia a nuestra responsabilidad, no a partir de nuestros privilegios o principios o ideales», dijo Murguía en entrevista para la CNN México.
Así, concluyó este primer intento por reformar el Código Penal local; entre contraposiciones, privilegios y anteponiendo el valor electoral para no perder la empatía de algunos sectores conservadores.
Esto último, es algo que especialista en política, exsenadora y feminista Angélica de la Peña advirtió en entrevista con Cimacnoticias, refiriendo que muchas veces las y los diputados son puestos bajo la lupa derechista. Precisamente, el mismo fenómeno que aconteció en Aguascalientes:
«El Congreso de Aguascalientes cumplió con la Sentencia de la SCJN pero hubo una reacción de la IC y de organizaciones de provida, específicamente contra el PAN porque es el partido con mayor presencia electoral en el Estado. Presión contra las y los diputados con nombre y apellido que votaron o estuvieron en esa sesión. Y además con amenaza de castigo electoral.» (Angélica de la Peña)
Así, en un contexto donde el aborto ya no es castigado, pero sí considerado un delito a causa del marco normativo irregular, Jalisco representó el 5to. lugar en muertes maternas a nivel federal el año pasado, de acuerdo con el Hospital Civil de Guadalajara.
Asimismo, entre 1990 y 2017, se registraron 32 mil 284 muertes maternas, de las cuales 2 mil 418 estuvieron relacionadas al aborto; 305, eran niñas víctimas de abuso sexual, de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna.
Asimismo, se recuerda la colusión de esta entidad el pasado 22 de abril, cuando de forma articulada, las instituciones negaron el acceso al aborto a una niña víctima de abuso sexual; la obligaron a escuchar el sonido del feto y personal médico la intentó convencer de darlo en adopción, según denunció en su momento la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Según argumentó el Estado, no había posibilidad de que la menor accediera a este derecho, pues no están estipuladas en el Código las semanas de gestación y menos, se contemplaba la edad de la niña.
Ante el panorama donde se antepone la preferencia electoral, son las mujeres, niñas y adolescentes jaliscienses quienes atraviesan las consecuencias de una Legislatura que no ha actuado desde la pericia de los derechos humanos. A un mes de que el Congreso expida la orden de la SCJN, desde la trinchera civil, sólo queda la observancia y la defensa.
