Ciudad de México.- Florencia Jovita en este 2024, cumple 10 de estar en prisión preventiva luego de una detención arbitraria acontecida en el estado de México, por eso su defensa exige verdad y justicia para estar mujer mixteca cuyo caso no es aislado, forma parte de una estructura que violenta principalmente a personas que enfrentan situaciones de discriminación y marginación.
Hay que recordar que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) Nashieli Ramírez Hernández, indicó que hasta 2022, había más de 226 mil personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, federales y estatales, de las que 12 mil 156 personas (5.6%) eran mujeres.
Cabe señalar que a nivel nacional, el 42.2% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 52.6%. La diferencia por estado es aún más grande.
Florencia Jovita nació en San Miguel de Allende Huajapan Oaxaca un 2 de septiembre y en su adultez, migró a Valle de Chalco en el estado de México donde sentó las bases de su vida; tenía un trabajo y tuvo a sus dos hijas que ahora tienen 28 y 30 años.
La vida en el municipio pasaba sin mayor premura y Jovita dedicaba sus días entre el trabajo doméstico y el remunerado; este octubre, se cumplen 10 años de su injusto encarcelamiento y la tortura física que vivió en manos de la policía municipal de Chalco.
Dedicada su tiempo a cuidar de su nieto de 11 año por lo que dejó su trabajo que ejercía en la comunidad. Hasta que en la madrugada del 2 de octubre del 2014, un grupo de hombres encapuchados irrumpieron en su hogar: no se identificaron, ni explicaron qué hacían en el domicilio donde dormían Jovita y su nieto.
Al intentar mediar palabra, los elementos la tiraron al suelo, la golpearon. Al niño, los elementos lo levantaron sosteniéndolo del cabello, lo insultaban y golpeaban con fuerza en el cuerpo.
Tras varios minutos de golpes, Jovita fue sacada del domicilio. Afuera, había movimiento y bullicio de personas; no entendía qué sucedía, ni quiénes eran esas personas.
Fue encerrada en un cuarto vecino y ahí, estos hombres, pertenecientes a la policía municipal y regional de Valle de Chalco, reanudaron la tortura física y psicológica. Posteriormente, Jovita fue llevada a la sede ministerial y se negó a rendir declaración, posteriormente, ante agentes del Ministerio Público, la mujer explicó la violencia y tortura de la que había sido víctima al momento de su detención.
Estas lesiones fueron verificadas por peritas oficiales de la procuraduría de medicina forense, asimismo, peritos de fotografía forense realizaron impresiones del cuerpo de Jovita para corroborar su versión.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 39.8 % de las mujeres privadas de su libertad han sufrido algún tipo de agresión después de su detención; el 15.5 % algún tipo de agresión sexual; y el 4.8 % violación sexual.
A pesar de la brutalidad policíaca y de un proceso de revictimización constante por parte de las autoridades del estado de México, el proceso de Jovita no se detuvo, por el contrario, se aceleró. De forma consecuente, se le imputaron los delitos de secuestro y delincuencia organizada bajo el índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México.
La ONU-DH recuerda que las prisiones en México albergan principalmente a personas en situación de pobreza y marginación, quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad debido a las difíciles condiciones de detención en las prisiones.
10 años en espera: Justicia para Florencia Jovita
Florencia Jovita enfrenta un proceso penal que lleva 10 años congelado. En 2015, la mujer rindió su primera declaración ante el juez de la causa, ahí, Jovita explicó todo lo que había vivido, cómo habían irrumpido a su casa para golpearla, cómo habían violentado a su nieto y los actos de discriminación que habían cometido los elementos de seguridad; contó ante el juez absolutamente todo lo que había acontecido la madrugada de ese 2 de octubre a la espera de que se pudieran tomar cartas en el asunto y concederle un fallo a su favor.
Al terminar de dar su versión, el Juez Quinto Distrito la vinculó a proceso. Sobre la tortura expuso Jovita y las fotografías que daban fe de su versión, el juez refirió:
«Debía decirse que la inculpada no produjo admisión de autoría alguna que pueda atribuirse como consecuencia de las lesiones que le fueron inferidas»
Según documenta el Centro Prodh, a pesar de exigirle al órgano jurisdiccional que diera vista al Ministerio Público para que este iniciara la carpeta de investigación correspondiente por el delito de tortura cometido en contra de Florencia Jovita, el órgano hizo caso omiso.
«Tampoco tomó en cuenta la fe ministerial de las lesiones ni la certificación médica realizada por los peritos oficiales de SEIDO, quienes certificaron las lesiones que presentaban las demás personas puestas a disposición en conjunto con Florencia Jovita y que también habían referido ante el juez haber sido detenidos de forma arbitraria y sometidos a actos de tortura por los elementos aprehensores con la finalidad de proporcionar datos de otras personas y de aceptar los delitos que se les imputaban», denunció el centro Prodh.
Sobre este caso, no hay ningún avance sustantivo a pesar de cumplirse 10 años en prisión preventiva. En añadidura, es necesario apuntar a la colusión estructural entre las autoridades y dependencias del estado de México; no hay responsables sobre la violencia que vivió Jovita, ni mucho menos por el abuso físico y psicológico que también atravesó a su nieto.
No hay respuestas por parte de las autoridades mexiquenses y en el aniversario número 10 de esta detención arbitraria con tortura, resulta urgente nombrar a Florencia Jovita Herrera Ramos, víctima no sólo de los policías de Chalco, sino también, del Estado.
Este caso no es único, Keren Selsy Ordoñez Hernández de 25 años cumple 9 años que fue detenida arbitrariamente por la Policía Federal y ministerial de Tlaxcala; no ha recibido sentencia desde hace 7 años.
Keren fue detenida a sus 19 años, había dado a luz a su única hija y atravesaba un contexto de pobreza extrema y desigualdad luego de convertirse en madre autónoma; el padre la dejó junto a su hija. Un 11 de diciembre, la joven –con apenas un par de semanas de haber dado a luz– salió de su domicilio para pedirle la manutención al padre. Su traslado era muy breve y sólo debía caminar un par de calles, sin embargo, agentes armados la interceptaron junto a su expareja; ella, con su bebé en brazos.
Le quitaron a la bebé, la subieron a un vehículo sin darle explicación y acto seguido, los elementos comenzaron a asfixiarla, golpearla y amenazar con asesinarla a ella y a su bebé, pues sería especialmente «fácil» con su hija que aún no contaba con acta de nacimiento, ni había sido registrada.
Keren y su bebé pasaron 11 años siendo amenazadas y posteriormente, se obligó a la mujer a firmar una declaración fabricada de que había participado en un secuestro.
Su bebé, fue entregada al DIF estatal sin haber consultado a ningún familiar de Keren; 12 días después, la abuela materna logró recuperarla.
La expareja de Keren fue puesto en libertad tras 5 años de prisión; no se volvió a saber de él y abandonó por completo a su hija.
Como Keren y Florencia Jovita, hay 90 mil personas bajo «proceso», es decir, no han recibido sentencia y el 50% de estas personas están sujetas a la detención preventiva, la mayoría prolongada, es decir, que por más de 5 años su caso permanece «en pausa»; sin sentencia y sin posibilidad de hacer algo al respecto, mientras, están detenidas y atravesadas por los estragos del punitivismo mexicano, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Naciones Unidas ha advertido que la detención arbitraria continúa siendo una práctica generalizada en México y además, existen deficiencias en el sistema de justicia penal.
Finalmente, son las mujeres de comunidades indígenas, quienes viven con mayor recrudecimiento la detención arbitraria, la tortura, la violencia y la falta de asistencia jurídica cualificada; son castigadas con mayor crueldad, lo que infiere que el sistema judicial no sólo tiene un enfoque punitivo, sino, además, racista, clasista y profundamente misógino.
