Ciudad de México.- De acuerdo con un estudio realizado en la Ciudad de México en 2021, la pandemia por Covid-19 exacerbó las desigualdades para ejercer el derecho a la Interrupción del Embarazo (ILE), debido a que en el contexto los servicios de aborto eran considerados como una intervención médica no esencial, creando nuevas barreras para el ejercicio del derecho al aborto para las mujeres.
Como resultado de la falta de ILE e información sobre salud reproductiva, la ONU reportó en marzo de 2021 que la covid-19 trajo 1.4 millones de embarazos no deseados en países en desarrollo al término de 2020.
Pese al panorama de contingencia por la Covid-19, que sin duda era de relevancia sanitaria prioritaria, no había ninguna justificación para colocar a las mujeres en riesgos adicionales a la propia crisis, por ello los servicios de interrupción legal del embarazo no debían ser interrumpidos.
Estadísticas de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) señalan que de 2019 a 2020 hubo un caída en la cantidad de abortos practicados, pasando de 15 mil 173 a 11 mil 239 y remontando en 2021 a 12 mil 295.
El estudio realizado por las investigadoras Elizabeth Kravitz, Biani Saavedra y Blair G, titulado La pandemia de COVID-19 agrava las disparidades en el acceso a servicios públicos de aborto en México, indica que la probabilidad de acceder a los servicios del ILE antes de las 11 semanas en el contexto de pandemia por parte de mujeres que vivían fuera de la Ciudad de México fue menor.
Datos de la Secretaría de Salud local señalan que en la Ciudad de México el servicio de ILE se suspendió temporalmente en algunos de los hospitales generales debido a la reconversión hospitalaria, por lo que durante la pandemia el servicio fue proporcionado sólo en nueve unidades de salud.
Esto, pese a que el gobierno de México declaró los servicios de salud sexual y reproductivo, incluido el aborto y la anticoncepción, como servicios esenciales durante la pandemia que no podían suspenderse.
Según el avance de los indicadores de contagio de covid-19, se fueron reincorporando unidades para seguir otorgando el servicio durante los meses posteriores, según el documento Problemáticas generadas en el contexto de la pandemia de covid-19.
El resultado fue que se registró una disminución en las atenciones brindadas, tanto en el procedimiento de aspiración como de medicamento. En 2021 la tendencia a la baja de las atenciones totales continuaba, aunque en menor grado que la presentada entre 2019 y 2020.
Por lo anterior, las investigadoras hicieron hincapié en la urgencia de contar con servicios de aborto en todos los estados de México eficientes, pues aunque actualmente en México 13 de las 32 entidades del país ya cuentan con la interrupción legal del embarazo, esto no garantiza que se lleve a cabo por el personal de salud.
En México el acceso de las mujeres a un aborto seguro sigue siendo una ilusión. A la fecha muchos espacios para practicar la ILE, el personal médico utiliza la normativa mexicana para condicionar o negar este derecho de salud “no hay una vocación para garantizar el libre acceso a la interrupción del embarazo”, declaró para este medio en 2021 la abogada feminista, Julia Escalante de Haro.
Otros rezagos en la salud sexual de las mujeres
Otro aspecto en el que las mujeres y adolescentes vieron afectados sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos durante el contexto de la pandemia fue la falta de información sobre la planificación de la vida familiar, así como las limitaciones para acceder a métodos anticonceptivos.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) proyectó como efecto de la pandemia de Covid-19 que el porcentaje de mujeres sin atención de planificación familiar retrocedería 10 años si las medidas de confinamiento duraban tres meses, 20 años si se extendían a seis meses y hasta 30 años si llegaban hasta un año.
La información recolectada por el UNFPA en 115 países mostró que la atención de salud sexual y reproductiva se interrumpió una media de 3.6 meses, cuando los sistemas sanitarios no daban abasto para atender los casos de covid-19 y los gobiernos establecieron medidas de confinamiento y cerraron las actividades con el fin de controlar la transmisión del virus.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó que los gobiernos consideraran, como una medida de atención, acercar algunos servicios sexuales y reproductivos a través de aplicaciones para intentar darle solución a la crisis de información sexual y reproductiva.
El contexto de crisis también impactó negativamente en la provisión de anticonceptivos. Por ejemplo, se estima que 47 millones de mujeres en el mundo no pudieron obtener métodos anticonceptivos en el contexto de la contingencia sanitaria, detalló el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
De acuerdo con el INEGI, en 2021 ocurrieron 147 mil 279 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, y en niñas menores de 15 años 3 mil 019. En este mismo año, la tasa de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años fue de 26.3 por cada mil y en niñas, de 0.2 por cada mil menores de 15 años.
Además, desde 2021 también incrementó la insatisfacción en el acceso a anticonceptivos en las unidades de salud públicas de siete puntos porcentuales (pasó de 11 a 18 %).
El porcentaje de mujeres cuyas necesidades de planificación familiar se encuentran satisfechas mediante métodos modernos, el indicador 3.7.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha estancado a nivel mundial entre 2015 y 2022 y ronda el 77 %.
Tras estos datos, es necesario garantizar el acceso a la ILE de forma segura y gratuita, sin imposiciones e impedimentos. Asimismo, se debe facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos, pues garantizar el acceso a la anticoncepción debe ser una prioridad de los gobiernos.
