Guatemala.- Este viernes 22 de mayo se presentó el informe Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala, donde se advierte que el retorno forzado continúa afectando de forma crítica a las mujeres migrantes y hoy lanzan una agenda que permita atender a las 4 mil 302 mujeres retornadas desde Estados Unidos.
Por eso, desde la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) exigieron a las autoridades guatemaltecas y de la región:
Crear centros de atención y retorno a nivel departamental, especialmente en Huehuetenango y San Marcos.
Implementar campañas para informar que los servicios de salud y atención a violencia deben brindarse sin discriminación por condición migratoria.
Desarrollar un registro único de casos de violencia basada en género con datos desagregados por sexo, edad y situación migratoria.
Hay que señalar que la investigación Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Guatemala elaborada por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) y coordinada por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), reveló que las mujeres migrantes y retornadas en Guatemala enfrentan violencia estructural, institucional y de género durante todo su ciclo migratorio: origen, tránsito y retorno.
El informe es la recopilación de datos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México que se basó en el análisis documental, entrevistas semi estructuradas a informantes clave, así como entrevistas a profundidad.
La investigación señala que los departamentos del Altiplano Occidental concentran la mayor cantidad de retornos. Huehuetenango encabeza la lista con 18.3%, seguido de San Marcos con 13% y Quiché con 10%. En estas regiones, las mujeres retornadas enfrentan deudas, pobreza, falta de oportunidades y los mismos contextos de violencia que motivaron su salida.
El documento denuncia que, pese a la existencia de leyes e instituciones especializadas, persisten graves fallas en la implementación de políticas públicas. Entre las principales problemáticas identificadas destacan: (1) Servicios de atención centralizados y con poca cobertura territorial. (2) Falta de albergues y espacios seguros para mujeres migrantes. (3) Escasez de recursos financieros estatales. (4) Deficiencias en los sistemas de datos y registros. (5) Restricciones en derechos sexuales y reproductivos.
Al respecto, Diana Damián Palencia, coordinadora de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, quien también es directora de Formación y Capacitación (FOCA), comentó que tras 18 años ha costado mucho posicionar la narrativa de la perspectiva de género.
“Es decir las mujeres son actoras en la movilidad, y cada año, las mujeres van siendo más visibles, porque ya no solo es la mujer que va a reunirse con su pareja en el norte, ¿verdad?”.
Mujeres migrantes no acuden a centros de salud
Además, el informe expone que mujeres migrantes en situación irregular evitan acudir a centros de salud por temor a ser deportadas o discriminadas. También advierten que las rutas migratorias se han convertido en espacios de violencia sistemática, donde la violencia sexual funciona como mecanismo de control.
Otro de los hallazgos apunta al programa gubernamental “Plan Retorno al Hogar”,—según la investigación— carece de perspectiva de género y no contempla medidas específicas para prevenir la violencia basada en género.
Uno de los hallazgos más graves expuestos durante el encuentro fue el subregistro institucional. Aunque entre 2016 y 2024 los Centros de Justicia para las Mujeres reportaron más de 89 millones de servicios brindados, únicamente 5 mil 429 correspondieron a mujeres extranjeras.
Para las defensoras, esto no significa ausencia de violencia, sino invisibilización estructural.
Frente a ello, las participantes coincidieron en que gran parte del acompañamiento a mujeres migrantes continúa siendo sostenido por organizaciones civiles, colectivas feministas y redes comunitarias.
Pero eso no es todo, Yolanda Hernández, parte de la Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración abundó en el tema y explicó que las recomendaciones que se hacen en el informe, tienen también el propósito de que no solo se queden en polìticas sin que realmente se apliquen.
El informe concluyó que la movilidad humana no debe traducirse en violencia ni revictimización y subraya que garantizar protección, justicia y dignidad para las mujeres migrantes es una obligación.
Integrantes de la Red compartieron que la articulación mesoamericana ha permitido no solo generar incidencia política e investigaciones regionales, sino también construir mecanismos colectivos de cuidado frente al desgaste emocional, la criminalización y los riesgos que implica acompañar personas migrantes en contextos de violencia fronteriza.
Desde los territorios fronterizos, las organizaciones insistieron en que la movilidad humana no puede seguir abordando únicamente desde la lógica de seguridad nacional.
Durante el informe participaron: Nuria Cordón, Directora de la Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas y Rosa Martha Ross de la Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración (RMMSyM).
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